La Guardia Civil paraliza la vía urgente del nuevo cuartel de Cartagena y decide hacer solo 40 pisos

El Consejo de Ministros dio luz verde en octubre del pasado año 2023 a la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reconstrucción del nuevo acuartelamiento, por importe de 31.956.070,04 euros. Pero los supuestos problemas en el proyecto técnico, por las características del suelo de la parcela, han provocado un retraso del que el Ministerio del Interior sigue sin informar.

Ahora, a tenor de las declaraciones de la directora general, parece que habrá más retrasos ya que también anunció que, desde este momento, el proyecto de construcción deberá seguir el «procedimiento ordinario». Eso significa que el dinero que había aprobado tiene otro destino y el necesario para esta obra tendrá que ser incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2025, si el Gobierno puede sacarlos adelante. Y, a partir de ahí, seguir un trámite administrativo largo. Entre otras gestiones, la contratación de los proyectos y de las obras tendrán que salir a concurso público.

En esa reunión, en la que estuvieron representantes del sindicato AUGC, Mercedes González admitió que, por esos motivos, «los plazos se alargarán». También anunció algo que no gustará nada a las familias de los guardias civiles desalojadas: que el número de viviendas se reduce aún más y finalmente solo habrá cuarenta. Al principio del proyecto, fueron planeadas 96.

El encarecimiento del proyecto, justificado en los problemas por las características del terreno, obligó a modificar la planificación económica. Los técnicos de la Dirección General realizaron catas previas a la construcción y hallaron en ellos una alta salinidad, que obligaba a realizar una cimentación especial, más profunda y más cara, para asegurar que no volviera a a pasar lo que ocurrió con el antiguo conjunto de edificios.

Dicha situación trastocó los planes tanto del Ministerio del Interior como de esa Dirección General y provocó que el proyecto aumentara su precio considerablemente, lo que obligó a reducir el número de viviendas a 65, para ajustar el presupuesto a la cantidad de dinero aprobada. Pero parece que la última decisión es que sean tan solo 40, lamentó el representante regional de AUGC Juan G. Montalbán.

Esa asociación de guardias civiles fue una de las primeras que denunció en julio de 2023 el escaso tiempo que desde el Ministerio del Interior se dejó a los afectados para abandonar sus pisos, tras recibir la orden de desalojo. El colectivo cree que las nuevas «serán ocupadas en el 80% por jefes y en el 20% por agentes, como ocurre en otros acuartelamientos como el de San Javier y el de la propia comandancia».

Actualmente, el terreno de la casa cuartel está abandonado, con el candado echado en el acceso a la parcela, sin rastro de las máquinas que hasta hace seis meses trabajaban en el solar, con pintadas en las vallas metálicas y con matorrales ya creciendo en la mayor parte de la tierra. Las obras del nuevo acuartelamiento están paradas desde el pasado mes de febrero, después del derribo del último de los once edificios que quedaba en pie. Desde entonces, nada se sabe, ni siquiera las familias desalojadas.

Según AUGC, en estos momentos el proyecto está en manos de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse). Esta empresa pública se encargará de ejecutar las obras en una fecha aún por determinar. Esta entidad lleva en marcha una veintena de iniciativas similares en toda España. En su página web, donde se especifica cada una de ellas, no aparece el cuartel de Cartagena, según pudo comprobar este diario.

Las nuevas instalaciones, además de las viviendas, albergarán todas las dependencias oficiales desplazadas a diferentes lugares de Cartagena y La Unión, así como sus servicios correspondientes. También habrá una residencia para agentes desplazados por cuestiones laborales y para los hijos de los guardias que elijan la ciudad para estudiar en algún instituto o en cualquiera de sus universidades.

LA VERDAD pidió información al Ministerio de Interior, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia. No hubo respuesta.

El representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Cartagena, Juan G. Montalbán, no está de acuerdo con la reducción del número de viviendas en las nuevas dependencias de la Benemérita en Cartagena. No entiende que el cambio en el proyecto haya afectado directamente al principal compromiso adquirido por Interior con las 86 familias que fueron desalojadas de sus casas en agosto del año pasado. A todas ellas se les dijo que volverían en unas condiciones mejores, algo que finalmente no será posible.

Este colectivo quiere conocer cómo adjudicará la Dirección General de la Guardia Civil las viviendas que tiene previsto construir ahora. Cree que, como ocurre en otros acuartelamientos de la Región de Murcia, serán asignadas en su mayoría a los mandos y muy pocas a los agentes, algo a su juicio injusto.

Esta nueva situación, en la que la Dirección General de la Guardia Civil ha paralizado la «vía urgente» del proyecto, llega una semana después de que el Pleno municipal aprobara por unanimidad la moción del Grupo Municipal Vox para instar al Ministerio del Interior a construir la nueva casa cuartel de la Guardia Civil de manera «urgente e inmediata» en el solar que quedó libre en la calle Ángel Bruna.

Desde hace más de un año, los servicios de la Guardia Civil están reubicados en distintos emplazamientos del municipio y de La Unión.

Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y el Equipo de Guías Caninos se encuentran en el colegio Antonio Arévalo; la Unidad de Tráfico, en el Parque de Seguridad de la Media Legua; el Servicio Marítimo y el Geas, en el puerto; y la Intervención de Armas y el Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, se localizan en el cuartel de la Guardia Civil de La Unión.