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Terrenos que ocupaba la fábrica de Potasas y Derivados en El Hondón. Pablo Sánchez / AGM
Ercros recurre en el Supremo la declaración de El Hondón como suelo contaminado

Ercros recurre en el Supremo la declaración de El Hondón como suelo contaminado

La compañía atribuye ante el Alto Tribunal la responsabilidad de limpiar los terrenos de Potasas al Ayuntamiento por ser su actual dueño

Martes, 12 de noviembre 2024

La compañía química Ercros ha impugnado ante el Tribunal Supremo la sentencia que el pasado 25 de septiembre dictó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia avalando, tras otro recurso suyo, la declaración de suelo contaminado de El Hondón acordada por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma en octubre de 2019.

En su recurso ante el Alto Tribunal, Ercros denuncia al Ayuntamiento de Cartagena, actual propietario de los terrenos que ocupaba la fábrica de Potasas y Derivados, por no haber realizado durante estos últimos veinte años, «y a pesar de su responsabilidad», según la empresa, ninguna acción para gestionar los residuos situados en la superficie de El Hondón, así como «permitir el abandono incontrolado de nuevos residuos en la zona».

La compañía recordó que el Ayuntamiento es ahora el propietario mayoritario de las 108 hectáreas situadas entre la autovía A-30 y la carretera de La Unión. Y, según ella, en su día dedujo del precio de compra del suelo más de diez millones de euros «precisamente para hacerse cargo de la descontaminación del emplazamiento que ahora se reclama a Ercros, incurriendo en un flagrante enriquecimiento injusto».

Propietario mayoritario

El Ayuntamiento adquirió en junio de 2018 a la inmobiliaria Solvia una parcela de 180.821,55 metros cuadrados que, unida a otras posesiones anteriores, le permitió convertirse en propietario del 75% de esos terrenos. La entonces alcaldesa, Ana Belén Castejón, justificó la operación en que se realizaba «a un precio muy competitivo, algo más de 3 euros el metro cuadrado de terreno, de los que podemos pagar la mitad este año y el resto el próximo ejercicio presupuestario y en la zona menos contaminada, según los estudios elaborados por la UPCT». El objetivo de aquella adquisición era dar al Ayuntamiento mayor autonomía a la hora de planificar la expansión urbanística de la ciudad hacia el este y la llegada del AVE.

Ercros cambia de estrategia, tras haberse mostrado colaborador hasta ahora con las Administraciones, y en su recurso en el Supremo defiende que el Gobierno regional «ha distorsionado ilegalmente y cambiado el régimen jurídico de suelos contaminados y de la gestión de residuos precisamente para evitar que sea el Ayuntamiento de Cartagena quien tenga que afrontar la remediación de El Hondón, en su condición de poseedor de los residuos desde hace décadas», informó a LA VERDAD. Y señaló al Ayuntamiento como el gran beneficiado «de esta ilegalidad; acciones que están permitiendo al consistorio eludir su responsabilidad sobre la gestión de los residuos y trasladarla a Ercros para que sea esta quien remedie íntegramente el suelo de El Hondón, con la finalidad última de beneficiarse del aprovechamiento urbanístico residencial proyectado sin tener que soportar las cargas urbanísticas asociadas a la preparación del suelo».

«Alteración» legal

La empresa defiende que la sentencia impugnada va contra la legislación y que, en caso de consolidarse, alteraría el régimen jurídico de los suelos contaminados, lo que afectaría a numerosos emplazamientos industriales de toda España.

Ercros, obligado por la Administración regional a limpiar los suelos de El Hondón por el principio de 'quien contamina paga', presentó un plan de remediación de suelos en esa zona de Cartagena. Pero fue rechazado por la Comunidad al considerar que era técnicamente insuficiente para dejar las parcelas limpias de fosfoyesos y metales pesados, fruto de décadas de fabricación de sulfatos de potasas y fosfatos bicálcicos para la industria de los abonos. Tras varios requerimientos, la propia Comunidad asumió en junio la descontaminación subsidiaria y ha consultado ya a expertos de las universidades Politécnica de Cartagena y de Murcia. También ha multado a Ercros y ha rechazado todos su recursos administrativos.

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