Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
El desalojo de la casa cuartel de la Guardia Civil de Cartagena comenzó ayer con las primeras mudanzas forzadas de las 86 familias que viven en las instalaciones de la calle Ángel Bruna. La Secretaría de Estado de Seguridad tiene abierto un expediente de emergencia por la situación de ruina de diez de los once pabellones del acuartelamiento. Una empresa se encargó del traslado de las pertenencias y hasta finales de este mes hará lo mismo con el resto de familias. A cada una de ellas ha sido asignado un día para realizar los trabajos.
Los habitantes del cuartel ya están haciendo las maletas, empaquetando enseres y preparando los muebles para su traslado, pese a que la mayoría de ellos aún no tienen una residencia fijada. Muchos, denunciaron a LA VERDAD, se ven abocados a tener que vivir con familiares y lejos de la zona donde ahora tienen sus vidas. Es el caso de Rosa Soler, la esposa de un agente, que junto a su hija se tendrá que ir a casa de sus padres. «No tenemos otra hasta que encontremos algo. No nos han dejado tiempo. Esto es culpa de los políticos, que no dan la cara», explicó.
El Ayuntamiento ha ofrecido hasta el momento 25 inmuebles con un coste medio del alquiler de 800 euros, cantidades difíciles de asumir por algunas familias. «Es un precio inasumible para la mayoría. Somos personas de nivel medio», aseveró Soler.
En una situación similar está Lina Milla. «Llevamos viviendo en el cuartel 11 años. Tengo dos hijas de 19 y 23 años y me tendré que ir a vivir con mis padres, a un piso de 80 metros. Mi padre está enfermo y no sé cómo nos vamos a apañar hasta que encontremos algo para alquilar», contó. Como el resto, critica las formas «en las que nos han dado la noticia de abandonar nuestras casas; ha sido inhumano», porque «nos tendrían que haber dejado más tiempo».
La principal preocupación de Marica Swartz es qué hará ahora con sus hijas, una de 9 años y otra de 12. Tiene una casa en La Manga, pero le preocupa la escolarización de las pequeñas, «porque ellas tienen su vida aquí, en Franciscanos». Tiene la opción de vivir con sus suegros «pero en una vivienda tan pequeña sería imposible, por lo que no sé que haré», comentó.
El colectivo de guardias civiles volverá a solicitar el esfuerzo por parte de las administraciones para encontrar viviendas asumibles. Saben que a finales de este mes tienen que estar todos fuera de las instalaciones, porque la previsión es que el derribo de los edificios dé comienzo a finales de agosto o principios de septiembre.
Con las maletas ya casi hechas está Digna Rodríguez, después de vivir en el cuartel 18 años. Ella tiene más suerte y vivirá en un piso que tiene en propiedad. Lo que critica es que hace un año y medio se cambió a un primero, al que tuvo que hacer arreglos, «porque si en ese momento entra Sanidad le pone cuatro candados y no puede vivir nadie». Sabe que el dinero invertido lo perderá.
Los edificios de la casa cuartel de la Guardia Civil, que datan de 1965, se ven afectados por graves daños estructurales como consecuencia de las características del suelo que los alberga, la calidad de los materiales de construcción y también la falta de mantenimiento. Hace dos semanas, arquitectos de la Secretaría de Estado de Seguridad realizaron catas en las cubiertas de los edificios y determinaron que había un alto riesgo de derrumbe, por lo que pidieron el desalojo de todos los edificios.
«No han hecho ni una sola obra de mantenimiento en los últimos sesenta años». Así de rotunda se mostró ayer a LA VERDAD Rosa Soler, la esposa de uno de los guardias civiles que vive y trabaja en el acuartelamiento de la calle Ángel Bruna. Como el resto de familias que residen en esas instalaciones critica que los únicos arreglos que han sido realizados en los edificios han sido los que han tenido que sufragar los propios vecinos en sus casas.
«Hay un compañero que junto a su pareja, hace tan solo seis meses, realizó una inversión de 20.000 euros, para mejorar el piso que le habían dejado, en teoría, según le dijeron, en perfecto estado. Ahora ese dinero lo perderán, y eran todos sus ahorros», aseguró otra residente, Isabel Rosique.
Las 86 familias tienen que convivir a diario con desconchones en las fachadas y en las cornisas, con desprendimientos de elementos que han obligado a colocar vallas en la entrada de algunos edificios para evitar accidentes, con balcones donde faltan ladrillos y las barandillas están inclinadas, con tejados de uralita y con muros agrietados en plena calle.
Las deficiencias externas se cuentan por decenas. Las familias llevan denunciando esta situación desde hace varios años, por eso ahora no entienden por qué se ha tomado la decisión de evacuar con urgencia las instalaciones. «La dejadez de la comandancia a lo largo de los años ha sido la causante de esta situación, ya que las familias han denunciado múltiples veces deformaciones en sus casas, y que caían trozos de las paredes y del bloque», explicó Nerea Álvarez, la hija de un agente.
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.