El Gobierno regional, con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, mueve ficha para tratar de resolver de manera definitiva el proyecto de descontaminación de los terrenos de la antigua fábrica de Potasas y Derivados, en El Hondón. Su Dirección General de Medio Ambiente dio este ... viernes un ultimátum a la compañía Ercros, antigua propietaria de la desaparecida factoría de productos químicos, para que en el plazo de tres meses presente un proyecto de descontaminación. Y le advirtió de que, si no lo hace, la Comunidad actuará de manera subsidiaria. El aviso tiene forma legal de requerimiento y en él el director general, Juan Antonio Mata, concluye que la propuesta «de remediación» presentada por la empresa química no cumple con la legislación medioambiental ni tampoco con la resolución de la Comunidad por la que en octubre de 2019 declaró contaminadas 108 hectáreas de suelo en la zona este del casco urbano de Cartagena.
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La Comunidad y el Ayuntamiento informaron este viernes a representantes de la federación y asociaciones vecinales de que el ultimátum llega tras dar prácticamente por cerrada la vía de diálogo con la empresa. Ambas partes llevaban meses buscando la mejor manera de recuperar los suelos, cumpliendo la ley y garantizando la salud de los ciudadanos. Pero Ercros, obligada a asumir esa responsabilidad como causante de la contaminación, no ha cumplido con sus obligaciones legales, según los técnicos de Medio Ambiente.
En su reunión con representantes vecinales, Mata hizo hincapié en que los documentos que la compañía química ha tramitado ante la Comunidad, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no tienen la consideración de proyecto técnico. Y ve esencial un documento de esa naturaleza para realizar la necesaria evaluación ambiental de las acciones de descontaminación, valorar el coste de las obras y ejecutarlas.
Los técnicos de la Comunidad dijeron que Ercros tiene tiempo suficiente en estos tres meses para armar un proyecto básico con todos los estudios e informes técnicos que ha reunido en los últimos años. La gran novedad, según la resolución de Mata, es que, si no lo hace, la Comunidad iniciará la ejecución subsidiaria, que mantiene firme el principio de 'quien contamina, paga' y exigirá a la compañía los costes asociados a la recuperación ambiental del suelo que hay entre la autovía A-30, la carretera de La Unión y la barriada de la Media Legua.
En San Esteban interpretan que la compañía química lleva meses mareando la perdiz con este asunto. Traslada a los vecinos y a la opinión pública un interés en remediar el problema medioambiental, encarga estudios técnicos a universidades y empresas especializadas y presenta en organismos públicos trabajos muy concretos -como el que aprobó con condiciones recientemente el CSN para actuar en las zonas con radiactividad- que no se plasman en un verdadero proyecto técnico de todo el sector. Las soluciones que hasta ahora ha ofrecido la empresa son, a criterio de la Administración regional, insuficientes legal y técnicamente. También son las más baratas. Ercros ya no tiene propiedades en la zona, por lo que no recuperará ni un céntimo de lo que tenga que invertir en la limpieza.
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Ercros parte del hecho de que no todo el suelo está contaminado y por ello, según Medio Ambiente, no propone actuaciones para limpiar los terrenos afectados por metales pesados -hay cenizas de pirita-, unos 625.000 metros cuadrados. Es decir, dejaría sin tocar casi dos terceras partes de la superficie total, en las que «no se podría hacer nada».
La única propuesta recibida en la Comunidad es extender los residuos industriales a lo largo de 300.000 metros cuadrados y cubrirlos con material geotextil y una capa de tierra. Pasados cinco años, la compañía rechaza asumir cualquier responsabilidad sobre el futuro de ese suelo.
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Con esta propuesta, no se recuperarían los suelos para ningún uso, ni tan siquiera industrial, como exige la ley. Ésta dice que el que contamina debe recuperar el suelo para el mismo uso que tenía antes de producirse la afectación. «Es decir, no se podría dotar de alcantarillado ni de electricidad y mucho menos parcelar. Es más, no se podría plantar ni un árbol. Cualquiera de estas acciones destruiría la débil capa de cobertura sobre los residuos industriales y volvería a dejar al descubierto este material contaminado», dijo un portavoz.
La Comunidad también esgrimió el carácter negativo o parcial de las valoraciones que hacen departamentos y organismos sobre la propuesta de Ercros. La Dirección General de Salud Pública emitió un informe a finales de 2021 advirtiendo de que faltaban datos precisos para pronunciarse al respecto.
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También la CHS advirtió de la alta permeabilidad de la parcela en una zona de elevada vulnerabilidad del acuífero del cuaternario y pidió diversas condiciones para evitar posibles rezumes y arrastres de lixiviados hacia la rambla de El Hondón. En cuanto al informe del CSN, éste analiza los aspectos que son de su competencia, es decir, de los materiales radiológicos, los fosfoyesos, y en ningún caso se pronuncia sobre los terrenos contaminados por metales pesados u otros que no son de su responsabilidad. Además, la Comunidad insistió en que el CSN solo dio el visto bueno a la compañía para realizar una prueba piloto sobre materiales susceptibles de emitir radiación.
Ercros tiene recurrida en los juzgados la orden de descontaminación de 2019 y todo apunta a que una posible actuación subsidiaria de la Comunidad pueda acabar también judicializada. El Ayuntamiento de Cartagena es el propietario mayoritario de los terrenos: aceptó una cesión de suelo de Ercros y compró la parte de la inmobiliaria Solvia en 2018.
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Ercros planteó este viernes a la Consejería de Medio Ambiente proseguir las reuniones de trabajo y que a ellas se unan letrados de la Comunidad y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). «La participación de estos expertos es necesaria para resolver las dudas y aclaraciones técnicas que surgieron en la pasada reunión», aseguraron en un comunicado, emitido tras la reunión entre la Comunidad, Ayuntamiento y vecinos.
La compañía también planteó que los representantes vecinales afectados por la contaminación de suelos de El Hondón participen en dichos encuentros, por ser los principales perjudicados y parte en los procedimientos judiciales que se siguen ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. La compañía metió prisa a la Comunidad para retomar los contactos y «abordar lo antes posible los trabajos de remediación».
«No veo la necesidad de más reuniones. Parece que por fin la Comunidad está dispuesta a tirar para adelante y hay que aprovecharlo, porque de lo contrario no vamos a conseguir nada en El Hondón», dijo el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, Tomás Fernández.
La Administración regional avanzó a los vecinos que tiene como modelos de actuaciones sus planes conjuntos con el Ministerio para la Transición Ecológica de sellado y restauración de antiguas balsas mineras en la sierra de Cartagena y La Unión, así como la acción que el propio Ministerio lleva a cabo para recuperar Puerto Mayor. Sus técnicos coinciden con expertos universitarios en que el proyecto de limpieza y recuperación El Hondón es más largo que complejo. En cuanto a la financiación, en caso de tener que actuar subsidiariamente, recurrirían a ayudas europeas.
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