La Comunidad inicia las obras para evitar arrastres mineros en la antigua Balsa Jenny

Eso sí, los trabajos tendrán un efecto temporal, ya que aún están pendientes el sellado y la restauración ambiental definitivos de esta parcela, de propiedad autonómica. Se trata de un proyecto que arrastra cuatro años de retraso y para el cual la Consejería que dirige Antonio Luengo todavía no tiene fecha de realización ni financiación. En la actual intervención, que el Gobierno regional de Fernando López Miras declaró de emergencia para empezarla cuanto antes, Medio Ambiente gasta 800.000 euros.

Las máquinas entraron el viernes en estos terrenos, que ocupan en torno a 95.000 metros cuadrados y que están afectados por altas concentraciones de varios metales pesados. Así lo confirmaron a LA VERDAD fuentes vecinales, quienes celebraron que «por fin han tenido efecto» las denuncias presentadas durante los últimos cinco años por Ecologistas en Acción y por la Plataforma de Afectados por los Metales Pesados de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión.

Estas fuentes recordaron el papel clave que han tenido las inspecciones de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que han constatado los frecuentes arrastres en este último lustro y los vertidos de «leche de luna» más recientes. Se refirieron a los sucedidos tras las lluvias de marzo y abril, que continuaban la semana pasada con un reguero visible al sur de la parcela.

El análisis de los lixiviados, realizado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), permitió constatar la presencia de residuos tóxicos y peligrosos. Algunos son hidróxido de aluminio, cadmio, zinc y plomo.

Ante esta evidencia científica, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena emitió el 5 de abril una providencia por la que dio a la Comunidad veinte días para instalar un «filtro activo de carbonato cálcico» que retuviera las escorrentías de agua y los lixiviados de desechos que arrastran metales pesados. La orden afectaba también a la empresa Portmán Golf, propietaria de una finca anexa. La compañía presentó un recurso.

El magistrado apuntó que las medidas tendrían un «carácter cautelar y temporal, a fin de que las escorrentías y lixiviaciones detectadas en los últimos días no alcancen poblaciones cercanas, cultivos próximos y las ramblas de Mendoza y de Ponce, cuyo destino final es el Mar Menor».

Esta providencia judicial forma parte de las diligencias de investigación penal abiertas a Portmán Golf por un presunto delito contra el medio ambiente, vinculado a irregularidades en el transporte de un millón de toneladas de residuos desde el solar de la Balsa Jenny a la corta Los Blancos desde el año 2003 a 2005 y la falta de sellado de este último depósito hasta 2013.

En una pieza separada de esta causa, cuatro funcionarios del área de Medio Ambiente de la Comunidad están siendo investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa. El Juzgado de Instrucción 7 de Murcia trata de aclarar si la Administración regional omitió sus obligaciones, al permitir que los residuos estuvieran expuestos al empuje del viento y de la lluvia en la corta Los Blancos.

Informes de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, una entidad nacional, advirtieron sobre los riesgos para las personas y el medio natural por la deficiente impermeabilización de Los Blancos y del antiguo solar de la Balsa Jenny.