La Comunidad descartó hace 7 años recuperar el dinero de la Balsa Jenny

«Según la querella, el delito de malversación se ha sustanciado cuando la CARM [Comunidad Autónoma de la Región de Murcia] acepta una cesión o donación de Portmán Golf de un terreno contaminado, con una extensión de 8,75 hectáreas, y un valor registral de 4.350.000 pesetas. Se adjudica la limpieza a la empresa (pública) Tragsa, por un importe de 5.613.405'75 euros, en el que participan por partes iguales en el pago la CARM y el Ministerio de Medio Ambiente, en virtud de un convenio ad hoc firmado en el 2000 por ambas entidades. Frente esta apariencia, la querella no quiere tener en cuenta que se sigue un expediente para el recobro de estas cantidades a Portmán Golf. Además, es de suponer que el Ministerio de Medio Ambiente no estará dispuesto a perder su parte de inversión, y que sepamos este organismo nada ha dicho de nuevas, después del último convenio final de 7-12-06, en el que se acordó poner en marcha la cláusula 6a, para la recuperación por vía pecuniaria o por plusvalías. La conclusión es que no cabe predicar un apoderamiento o destino de fondos públicos a intereses privados, mientras no se terminen estos trámites».

Cuando en 2010 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inadmitió una querella contra el entonces presidente autónomico, Ramón Luis Valcárcel, por la eliminación de la Balsa Jenny, razonó que la Administración había pasado la factura a la empresa propietaria, Portmán Golf, para recuperar el dinero invertido en las obras de retirada de un millón de toneladas de residuos mineros, coste que después superó los 6,5 millones. La balsa amenazaba con sepultar el pueblo de Llano del Beal, en Cartagena.

Sin embargo, según ha admitido a 'La Verdad' el Gobierno regional, el expediente administrativo fue archivado en 2012, al entender la Consejería de Medio Ambiente que, al pasar la parcela a manos de la Comunidad y no haber sido recalificada para uso urbanístico, no hubo plusvalías ni «enriquecimiento injusto».

Fue el 30 de julio de 2010 cuando la Sala Civil y Penal del TSJ archivó las actuaciones abiertas a instancias del abogado José Luis Mazón y del periodista Juan José Cano. Estos acusaban de malversación en la modalidad de estafa, prevaricación y asociación ilícita a Valcárcel y a los consejeros de Medio Ambiente y de Economía, Antonio Cerdá y Juan Bernal respectivamente (todos del PP).

El supuesto trato a la empresa cartagenera Portmán Golf, quien en 1988 compró Jenny y el resto de parcelas de la mercantil Peñarroya en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, fue reactivado en 2014. En nombre de Cano, el abogado Diego de Ramón logró que el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena abriera una causa por la ausencia de recuperación del dinero público y por delito ecológico, ante el incumplimiento de las obligaciones de clausura y restauración de la terrera recogidas en la declaración de impacto ambiental. Aunque el denunciante se retiró del caso hace unos meses, permanecen como acusación la Fiscalía y Ecologistas en Acción.

En este contexto, a preguntas de este diario la Consejería de Medio Ambiente ha informado de que dejó de reclamar los 6,5 millones hace ya casi siete años. Según la Consejería, «las actuaciones de la Dirección General [de Medio Ambiente] tendentes a la recuperación de los costes de restauración ambiental» empezaron en 2007, con escritos a Portmán Golf, que presentó alegaciones.

Cinco años después, con la querella archivada, el 1 de agosto de 2012 la Dirección General dio carpetazo al asunto y comunicó a la Secretaría General de esa misma consejería que disponía de dos informe jurídicos. Según estos, «no resultaba fundado continuar con la reclamación, ni por la vía administrativa, ni por la civil», pues «de la información obrante en el expediente, no se apreciaba la existencia de enriquecimiento injusto».

Ya en 2013, el 26 de julio la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda pidió a Medio Ambiente «información sobre las actuaciones encaminadas al reintegro de los costes derivados de la restauración de la Balsa Jenny». La respuesta fue que el asunto estaba cerrado desde el verano anterior, por criterio de los abogados.

Fuentes de Portmán Golf, propiedad de los cartageneros Alfonso García y Antonio García, expresaron su satisfacción por el hecho de que la Administración reconociera que «no hubo recalificación ni enriquecimiento, porque el terreno de la Balsa Jenny fue cedido a la Comunidad».

La Fiscalía se ha centrado, hasta ahora, en establecer las responsabilidades por el retraso de diez años en sellar y revegetar Jenny y Los Blancos II, y por los riesgos para la población y el medio ambiente, incluidas ramblas, un acuífero y el Mar Menor. Pero el abogado de Ecologistas en Acción, José Manuel Muñoz, insiste en que se aclare si hubo un uso indebido de fondos públicos, procedentes en parte de la Unión Europea.

Ecologistas argumenta que las leyes de Minas y de Residuos obligan a costear la limpieza al causante de la contaminación y, subsidiariamente, al poseedor del suelo. Añade que, en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena de 2012, que no está en vigor porque fue anulado por el Tribunal Supremo, fincas de Portmán Golf cercanas a Jenny pasaron de estar catalogadas como suelo protegido por riesgos de la minería a residencial de media y baja densidad.