La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena, en funciones de guardia, acordó este miércoles la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio nacional del médico investigado por homicio imprudente tras realizar una lipoescultura a Sara Gómez. Esta mujer falleció por las secuelas el 1 de enero, un mes después de su intervención.
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La juez desestimó la suspensión de la habilitación profesional del investigado para ejercer como cirujano, como pedía la familia de la mujer. Descartó esta decisión al entender que solo está prevista en derecho penal como pena tras una condena. Subrayó, asimismo, que las medidas cautelares «además de proporcionales, han de ser excepcionales y subsidiarias».
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«Al derecho administrativo le corresponde desempeñar un papel preventivo y sancionador de primer grado, y conforme al principio de intervención mínima, la sanción penal debe reservarse para aquellas conductas que pongan el bien jurídico protegido en una situación de peligro suficientemente relevante», explica la resolución. Lo contrario supondría, según la instructora, invertir «el proceso lógico establecido en la actuación penal y en la actuación administrativa».
No obstante, en la resolución apercibió al médico de que incurrirá en un delito de quebrantamiento o desobediencia en caso de no cumplir la medida cautelar impuesta de no salir de España.
Por otra parte, acordó la inhibición a favor del juzgado del partido judicial de Cartagena que resulte competente por la fecha en la que tuvo lugar la intervención quirúrgica, es decir el 2 de diciembre, que derivó en las lesiones que llevaron al fallecimiento de la mujer el pasado 1 de enero.
El médico se presentó a declarar este miércoles por la mañana como investigado por homicidio imprudente en el Palacio de Justicia de la ciudad portuaria, un día después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena dictara una orden de detención este martes.
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El facultativo llegó junto con su abogado, Mariano Bo. Este letrado excusó la ausencia de su representado el martes cuando había sido citado para prestar declaración y pidió algo más de tiempo para analizar la documentación en la que se basa la investigación contra él.
El abogado que representa al médico investigado defendió este miércoles su competencia profesional con el argumento de que «es médico y tiene el MIR». «Se trata de un procedimiento por una presunta imprudencia médica y hemos venido y estamos esperando a que pueda prestar declaración para después hacer las consideraciones que procedan», dijo el representante legal.
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