Choque entre las Cámaras de Cartagena y Murcia por su representante en el Consejo Económico y Social regional

Los miembros del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena, reunidos anteayer por la noche, acordaron mostrar su disconformidad ante la Consejería de Hacienda, competente en este asunto y encargada de aprobar la designación el pasado 16 de febrero, y al presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras. En un escrito acordado, creen que «el nombramiento del secretario general de la Cámara de Comercio de Murcia para el CES adolece de la legitimidad requerida conforme a la vigente legislación en materia de cámaras de comercio, y carga frontalmente contra el espíritu de colaboración, dialogo, consenso y entendimiento que debe regir entre las tres instituciones camerales de la Región de Murcia».

El presidente del organismo cartagenero, Miguel Martínez, quien representa a casi 20.000 empresarios de la comarca, está muy «sorprendido» de este nombramiento y «de cómo se ha llevado a cabo», sobre todo tras haber trasladado en el mes de mayo de 2023 a altos cargos de la Consejería su interés en alcanzar un acuerdo en cuanto a la representación cameral en el Consejo Económico y Social y otras representaciones en otros organismos, como en la Autoridad Portuaria de Cartagena.

A juicio de los miembros del Comité Ejecutivo «la manera de actuar de la Consejería de Hacienda resulta contraria a los intereses de las otras dos Cámaras de la Región» y que la forma de actuar «carece» de la debida transparencia. Además, «ataca frontalmente» la representatividad de la Cámara de Comercio de Cartagena. Advierte de que de esta forma, los empresarios cartageneros «no podrá aportar al Consejo Económico y Social sus puntos de vista sobre las relevantes cuestiones abordadas en su seno», algo que supondrá «la pérdida de la perspectiva territorial de las demarcaciones territoriales camerales, imposibilitadas de esta manera a ejercer su obligación legal de defensa de los intereses generales de las empresas que a ellas pertenecen».

También reprocharon que «resulta cuando menos chocante el interés en solucionar el nombramiento en el Consejo Económico y Social en favor de la Cámara de Murcia, frente a la nula actividad para resolver la representación de la Cámara de Comercio de Cartagena en su Autoridad Portuaria por parte de la Administración Regional».

Ante tal situación, el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena acordó formular un recurso administrativo contra el nombramiento. «No podemos obviar que las facultades de tutela sobre las Cámaras de Comercio de la Región, establecidas por ley, vienen asignadas a la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa por lo que debe ser ella la que impulse y controle el cumplimiento de la legalidad en sus términos estrictos propiciando el completo y total desarrollo de las actividades de las tres Cámaras de Comercio en la Región, evitando desequilibrios y desigualdades», detalla el escrito.

Martínez envió una carta a López Miras para trasladarle su preocupación por esta cuestión y solicitarle un encuentro en el que mostrar la voluntad y el interés de los empresarios de Cartagena «para alcanzar consensos en este y otros temas que nos permitan seguir trabajando y colaborando en el objetivo común de hacer más y mejor Región de Murcia y Comarca de Cartagena».

En este sentido, fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa explicaron que con el objetivo de designar al representante de las Cámaras de Comercio en el Consejo Económico y Social, con motivo de la renovación de los miembros del mismo, en el mes de mayo de 2023 se envió un oficio a las tres cámaras de comercio (Murcia, Cartagena y Lorca) solicitando la designación del representante del Consejo de Cámaras en dicho organismo consultivo. Para lo que se dio un plazo de cinco días. Transcurrido ese tiempo, la única respuesta recibida fue por parte de la Cámara de Comercio de Murcia, donde proponía como representante a su secretario general. Ni la Cámara de Comercio de Cartagena ni la de Lorca contestaron a dicho oficio, en ningún sentido. Por lo que, una vez concluido el plazo concedido, se procedió a proponer al único representante remitido a la Consejería.