Un centenar de edificios de Cartagena con más de 50 años tienen pendiente pasar la 'ITV' obligatoria

Este tipo de inspecciones están reguladas por un decreto autonómico redactado en el año 2015, que desarrolla una ley estatal sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. Desde entonces es aplicable en función de un calendario que corresponde con la fecha de construcción, y con un plazo de cinco años, una especie de moratoria, para llevarlo a cabo. Dichas evaluaciones deben ser realizadas a los inmuebles y conjuntos residenciales de dos o más viviendas con cincuenta o más años, y no a los particulares.

En ese centenar de edificios, los hay que no han superado el estudio obligatorio y que ni siquiera han sido analizados por especialistas en arquitectura y energía, en muchos casos por dejadez de la comunidad de propietarios. Todo ello, pese a ser requeridos a hacerlo por parte del Ayuntamiento en varias ocasiones. Los propietarios de estas edificaciones se arriesgan a tener que pagar multas cada año e individuales por el retraso en presentar el correspondiente informe al Consistorio.

El envejecimiento y la falta de mantenimiento del parque de edificios de Cartagena deja un sinfín de imágenes de abandono urbanístico en calles y plazas del municipio. En el Ensanche, los hay en la Alameda de San Antón, en el Paseo de Alfonso XIII, en Jiménez de la Espada, en Cartagena de Indias, en María Luisa Selgas y en San Basilio, entre otras muchas calles. En Ciudad Jardín, en Carmen Conde y en la Avenida de Colón. En San Antón, en la calle Infantes de Carrión y en José María Lapuerta, en las calles Lepanto, Alhucemas y Brunete. También las hay en el Sector Estación, en el Barrio de la Concepción, en Los Barreros, en Los Dolores y en la Barriada Hispanoamérica.

En Cabo de Palos hay en la calle Boticario y en Los Triolas. Y en La Manga, en la Avenida Ribera, entre otros lugares. Por el contrario, hay edificios que sin deber de hacerlo y por responsabilidad realizan arreglos en sus fachadas, como sucede en un edificio de la calle Santa Florentina cubierto estos días por una lona.

Las sanciones por no presentar el Informe de Evaluación de Edificios son las que estipula el articulo 286.b) de la Ley 13/2015. La multa correspondiente a la infracción por «no haber obtenido el preceptivo informe de evaluación de edificios es de 100 euros por vivienda y año transcurrido desde la obligatoriedad de este estudio», explicaron en el Ayuntamiento. Y precisaron que los afectados son aquellos ciudadanos que tras ser requeridos por escrito para la entrega del resultado de la evaluación técnica y que no presentaron el informe «en el plazo concedido, que es de seis meses».

En el departamento de Urbanismo, que dirige Diego Ortega, informaron de que desde el año 2019 han sido incoados 242 expedientes, tras requerir la presentación del informe de evaluación de edificio y no haber tenido contestación alguna. A modo de ejemplo, el estudio de la edificación debe exponer si están garantizadas la estabilidad y la seguridad, respecto al riesgo de sufrir caídas y a la evacuación en caso de incendio; si hay ascensor o silla salvaescaleras, algo imprescindible para personas con problemas de movilidad o mayores; si hay problemas de salubridad por humedades; y si hay desgaste de las juntas de dilatación, de los tejados y de las tuberías.

El informe debe ser realizado por un técnico competente, un arquitecto o un aparejador, a través de la aplicación informática de la Comunidad Autónoma alojada en la web http://opweb.carm.es/iee. Debe ir firmado y ser visado por el colegio profesional correspondiente o, en su defecto, acompañado de un certificado colegial de acreditación del técnico.

Son los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, los que realizan el seguimiento de las actuaciones que se deriven del contenido del lnforme de Evaluación de Edificios. En este sentido, los consistorios son los que solicitan la revisión de los edificios, y también ejercen la función sancionadora.

La dejadez de algunas comunidades de propietarios se nota en el repunte de las intervenciones de los bomberos a la hora de sanear las fachadas de los bloques de pisos, algunos de los cuales no han superado la inspección obligatoria. Han pasado de las 115 actuaciones en 2022 a 150 el año siguiente. Es por ello por lo que los bomberos participan estos últimos en una acción formativa incluida en el plan de formación y coordinación de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena, ESPAC, sobre técnicas de apeo y apuntalamiento en emergencias. Se centran en las causas que pueden llevar al fallo estructural de un edificio o infraestructura, y practican la colocación de apuntalamiento de emergencia en edificaciones.

La Oficina de Rehabilitación impulsada por el Ayuntamiento de Cartagena para ayudar a los vecinos a mejorar energéticamente sus viviendas será gestionada por el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, asociación de empresas sin ánimo de lucro especializada en proyectos energéticos, ubicado en el polígono Cabezo Beaza. Este servicio funcionará como una ventanilla única. Los técnicos que la atiendan serán los encargados de centralizar, gestionar y tramitar todas las solicitudes de ayuda. La estimación municipal es llegar a más de 270 viviendas con los 2,5 millones de euros que ha reservado para ello.

«Este proyecto está pensado para que la oficina vaya al barrio y asesore a los vecinos sobre cómo beneficiarse de estas ayudas destinadas mejorar la eficiencia energética de las viviendas de 15 barrios de Cartagena», indicó la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras la reunión mantenida con los representantes de esa asociación empresarial.

En concreto, se trata de La Baña, Los Barreros, Barriada Cuatro Santos, Los Dolores, Los Gabatos, El Plan, Barrio Peral, Urbanización Media Sala, Urbanización Mediterráneo, Nueva Cartagena, San Antón, Barriada Virgen de la Caridad, San Ginés, El Ensanche-Almarjal y Cartagena Casco. Del total de los fondos para ayudas, una cuarta parte estará reservada expresamente para las familias con menores recursos económicos, a las que se les podrá llegar a subvencionar hasta el 100% de la inversión que realicen en sus casas, según fuentes municipales. La rehabilitación energética de viviendas y edificios puede llegar a suponer un ahorro de consumo de energía que puede oscilar entre el 30% y el 60%. Este servicio estará a disposición de los vecinos «lo antes posible», según las mismas fuentes.