La alcaldesa, Ana Belén Castejón, esperará un mes para obtener la autorización medioambiental de la Comunidad a las obras de movimiento de tierras, previas a la instalación de un vallado perimetral que impida el paso indiscriminado a la parcela que ocupaba Potasas y Derivados, así como a las zonas anexas que están contaminadas por metales pesados y residuos radiactivos.
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La Mesa de la Calidad del Aire celebró ayer una reunión monográfica, en la que estuvieron presentes Castejón y el nuevo concejal de Medio Ambiente, Manuel Mora, junto a técnicos municipales y de la Comunidad y a los representantes de los grupos políticos del Ayuntamiento. La impresión general que sacaron estos últimos es que falta sintonía entre las dos administraciones y que el primer problema que puede generar eso es un retraso en el vallado del solar, una obligación impuesta por el Consejo de Seguridad Nuclear que se incumple desde que este organismo lo ordenó en el verano de 2015.
El Ayuntamiento sostiene que necesita un permiso ambiental para mover tierra y los técnicos regionales mantienen que nadie les ha hecho petición alguna al respecto y que, por eso, no han estudiado si eso es de su competencia.
«Durante la reunión ha quedado en evidencia una guerra bipartidista que ha provocado y mantenido durante años la contaminación en Cartagena», subrayó el portavoz municipal de Ciudadanos, Manuel Padín. Su homóloga de Podemos, Pilar Marcos, subrayó que «unos por otros, la casa queda sin barrer y al final los que pagan las consecuencias son los ciudadanos». La portavoz reveló que Castejón admitió durante la sesión que no había hecho ninguna valoración motivada de lo que iba a costar la descontaminación de los terrenos antes de comprarle su parte a Sabadell Real Estate Development SL. «Fue una decisión irresponsable, acumulada a la de no exigir la descontaminación a Ercros, empresa a la que pertenecía Potasas, en los 18 años transcurridos desde que cerró», dijo Marcos.
El concejal de Medio Ambiente quitó hierro al asunto. A su juicio, la compra fue «una decisión valiente que permitirá al Ayuntamiento tener la última palabra sobre el futuro desarrollo de la zona, con las máximas garantías para la salud de los ciudadanos y, además, al ser el propietario mayoritario, evitará la especulación de un suelo que está llamado a ser el gran pulmón verde de la ciudad», según Manuel Mora.
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Al encuentro asistieron representantes vecinales de La Aljorra y Alumbres, pero no de los barrios cercanos a la parcela. En la sesión, el equipo de gobierno aseguró que se ha avanzado mucho para descontaminar, aunque para empezar hay que esperar a la presentación del proyecto por parte de la UPCT, así como a que lo informen las autoridades regionales y el Consejo de Seguridad Nuclear.
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