Cartagena Parque vaciará la balsa de los sótanos de Zinsa siete meses después

Así se lo ha hecho saber a la Comunidad Autónoma, que le requirió el pasado junio la limpieza de esta estructura que almacena ácido sulfúrico y otros reactivos químicos del proceso industrial, y cuyo sellado la Comunidad no exigió en 16 años.

En una segunda inspección de los técnicos de Medio Ambiente, el 4 de noviembre, para describir la tipología de residuos existentes en los terrenos, así como estimar la cantidad y georreferenciar el lugar donde se acumulan, constatan que la estructura cubierta con viguetas prefabricadas de hormigón se encuentra llena de líquido hasta el borde, observándose la lámina superior con facilidad. La acumulación de líquidos se debe a la intensas lluvias de los días anteriores a la visita de los técnicos.

«Todas las balsas, con ocasión de las lluvias precedentes, se encuentran húmedas con lodos o con agua», remarcan en el informe elaborado por el departamento autonómico dirigido por Juan Antonio Mata.

Dicha inspección forma parte de la respuesta de la Comunidad a las alegaciones formuladas por la mercantil de Tomás Olivo al auto de 20 de agosto del pasado año, en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, Ignacio Munítiz, que investiga la demora de diecisiete años en clausurar el vertedero, ordenó «que se proceda al sellado inmediato de las celdas del vertedero de residuos peligrosos». Lo hizo tras aceptar la petición de la Asociación de Vecinos de Torreciega, que representa el abogado José Manuel Muñoz, apoyada por la Fiscalía.

El informe autonómico determina que la mayor cantidad de residuos en los terrenos se corresponden con la demolición de las antiguas edificaciones e instalaciones de Zinsa, que cesó su actividad industrial en 2008.

No obstante, también hay acopios de tierras con tonalidad azul turquesa, restos de estructuras de fibra de vidrio que componían antiguos depósitos en superficie y tuberías de distribución, así como escombros.

En el acta de la inspección, en la que participó un empleado de la mercantil de Olivo, alegó que «Cartagena Parque, SA se adjudicó la finca 20.556 con una superficie de 159.446 metros cuadrados. Las balsas no se encuentran en la finca 20.556».

En las alegaciones de la empresa, remitidas en octubre al Juzgado, adjuntó un informe pericial relativo a la identificación y localización actual del inmueble adjudicado a Cartagena Parque, según el cual es sucesora de la inmobiliaria Quorum Capital Investments en la finca 20.556. La mercantil de Olivo adquirió en 2018 una de las 17 fincas que integran la referencia catastral, menos de la tercera parte del suelo contaminado por Zinsa.

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, dirigida por Juan María Vázquez, a la que se adscribe esa Dirección General, indicaron que esta alegación «se enmarca en el proceso judicial en el que la empresa intentó eludir su responsabilidad sobre la parcela y en la que el juez ya sentenció que esa parcela es íntegramente de la entidad».

Por otra parte, la Dirección General de Medio Ambiente subraya en su informe de respuesta al Juzgado que el sellado de las balsas de Zinsa debe ser «definitivo» y según lo dispuesto en el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito de vertedero. Este contempla también la obligación de un mantenimiento, vigilancia y control del vertedero durante tres décadas como mínimo desde la clausura del mismo.

No obstante, las actuaciones de descontaminación quedan supeditadas al informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el posible carácter radiactivo de los residuos de las balsas. Si se demostrara la presencia de este tipo de residuos, pasaría a ser competencia del organismo estatal.

La Administración autonómica considera que el proyecto de limpieza y recuperación del emplazamiento se determinará «la mejor solución definitiva para la descontaminación íntegra del terreno y retirada de los residuos». Asimismo, el alcance y ejecución de las actuaciones de recuperación será tal que garantice que la posible contaminación remanente se traduzca en niveles de riesgo aceptables de acuerdo con el uso del suelo.

«Todas estas medidas se están concretando en el expediente de descontaminación, las cuales podrán materializarse de forma detallada en el correspondiente proyecto, una vez obtenido el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear», concluye Medio Ambiente en su respuesta a las alegaciones de Cartagena Parque, que están retrasando el proceso judicial para enfado de los vecinos.

Estos insisten en la necesidad de «acelerar las acciones de descontaminación para garantizar la salud de las personas y evitar el perecimiento de la aves».