Los barrenderos de FCC en Cartagena dejan de limpiar la costa y van al juzgado

El portavoz de los empleados en representación de Comisiones Obreras (CC OO), Carlos Munuera, explicó a LA VERDAD que los trabajadores decidieron acudir a la vía judicial tras no ver atendidas sus peticiones por parte del Gobierno local y de la compañía.

Munuera indicó que la vicealcaldesa y la concejal de Infraestructuras, Noelia Arroyo y María Casajús respectivamente, les indicaron el jueves en una reunión de que el Ayuntamiento no puede integrarles en su plantilla, por motivos legales. Añadió que estas ediles del PP les trasladaron que el equipo de gobierno ha pedido a FCC la subrogación de sus contratos en Lhicarsa, «para compensar el déficit de personal» detectadoen la concesionaria.

Sin embargo, añadió Munuera, un día después FCC les dijo «que no puede subrogarnos, porque sería ilegal, salvo que el Ayuntamiento intervenga a través de Lhicarsa». Ante esta situación, «los trabajadores nos vemos abocados a no cobrar los salarios».

El enlace sindical advirtió de que el problema no solo afecta a dieciséis familias, sino también al servicio que reciben cartageneros y turistas. Calles y playas de distintas localidades del Mar Menor y del litoral oeste «se quedan desde hoy [viernes para el lector] sin personal de limpieza, porque FCC asegura que en el contrato de Lhicarsa no están incluidas estas zonas de costa. «Solo se hizo un refuerzo puntual en 1997», agregó. Y lamentó que el Ayuntamiento no haya prorrogado el contrato con FCC, que caducó el 31 de diciembre, hasta licitar el nuevo.

El Ejecutivo local espera que la empresa acepte el traspaso a Lhicarsa y que no deje de limpiar el litoral mediante la concesionaria. Fuentes municipales advirtieron de que, si lo hace, será sancionada, porque «el contrato de Lhicarsa abarca todo el municipio». También admitieron que no hay fecha para licitar el nuevo contrato, debido a la «complejidad» de redactar un pliego que deje claro que el servicio será «un refuerzo».

Recordaron que, según los informes jurídicos y de Intervención, no se puede repetir la duplicidad en que cayó el Ayuntamiento a través del antiguo Instituto Municipal de Servicios del Litoral (Imsel). Éste es el organismo que adjudicó el contrato de los barrenderos que ahora acuden al juzgado.