El Ayuntamiento media para mantener el servicio de autobuses en La Palma

El descontento entre los vecinos de La Palma por el anuncio realizado hace dos días por Alsa (que opera un servicio adjudicado a Globalia) de eliminar el paso de sus autobuses por el pueblo, se podía palpar ayer en la calle, en las tiendas y en los bares, y mucho más entre los usuarios de la Línea 24 (Cartagena-Pozo Estrecho-Roldán). Se trata de un servicio «esencial» para al menos un centenar de vecinos al día, la mayoría de ellos mayores que viajan a la ciudad para ir a los hospitales, de compras, a visitar a un familiar o, simplemente, a pasear. El aviso de la supresión cayó como un jarro de agua fría entre los residentes. Tanto es así, que ya se están organizando para cortar las carreteras de la diputación, para presionar e intentar evitar la eliminación del servicio.

Para frenar el enfado y el malestar vecinal sobre una línea que depende de la Comunidad Autónoma, en concreto de la Consejería de Fomento, que dirige el cartagenero Pedro Rivera, el concejal de Servicios Municipales, Juan Pedro Torralba, se reunió ayer con representantes de la compañía mallorquina Globalia, que consiguió en marzo del año pasado año la concesión del servicio. Este era prestado por la alicantina Costa Azul, junto a Alsa, cuyos autocares pasaban cada día desde las siete de la mañana a las diez de la noche, con una frecuencia de paso de 60 minutos, algo que siguen haciendo a pesar de no tener la concesión.

El encuentro sirvió para, de momento, garantizar que los autobuses continúen recogiendo pasajeros en la parada palmesana de la calle Santa Florentina, mientras Globalia intenta llegar a un acuerdo con Alsa, para que esta continúe prestando el servicio. La mallorquina había decidido seguir solo con su línea Cartagena-Alicante, que pasa cuatro veces al día. Fuentes de esta empresa se limitaron ayer a decir que «se negociará para buscar una solución al conflicto cuanto antes».

Los vecinos se muestran muy cautos con esta prórroga y urgen a que ambas empresas lleguen a un acuerdo cuanto antes. «Hay que estar contentos con este anuncio, pero eso no quita para que sigamos en guardia. Continuaremos exigiendo que mantengan el servicio, cueste lo que cueste, y si en un futuro no es así, estamos dispuestos a salir a la calle a protestar», explicó a este diario el presidente de la Asociación de Vecinos de La Palma, David Martín.

Este representante pedirá una reunión con Juan Pedro Torralba, para conocer el preacuerdo, pero también «para exigirle que medie para que se llegue a un pacto rápido para garantizar el servicio en un futuro».

Los vecinos no entienden por qué ellos tienen que ser los perjudicados en un conflicto en el que están involucradas dos empresas privadas. «No son conscientes de que muchos dependemos de esa línea de autobús para ir a trabajar o para ir al médico a Cartagena. En este pueblo siempre estamos igual, nos perjudican cada vez que pueden, pero esta vez no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, y si tenemos que cortar la carretera, lo haremos», avisó un vecino jubilado y usuario de la línea, Antonio Tébar.

Colas para subir al autocar

Cada mañana son muchos los que hacen cola para subir al autobús de Cartagena. Entre ellos, Pedro Marcos, un hombre de 50 años que se ve obligado a ir con cierta regularidad al Hospital Santa Lucía, para hacerse una revisión de un cáncer que pasó hace años. «Siempre cojo este transporte. Si me lo quitan, no sé qué voy a hacer. El otro solo pasa cuatro veces y me viene fatal», indicó, mientras esperaba en la parada.

Junto a él, estaba Ángel Aparicio, un jubilado que para trasladarse a la ciudad prefiere coger la línea 24 en vez de su coche. «Para nosotros es muy importante, porque nos deja en el centro de Cartagena, desde donde nos podemos mover a cualquier lugar, bien andando o haciendo un transbordo». Otra usuaria es Marisa Sánchez, un ama de casa que al menos una vez por semana se sube al autobús con destino a Cartagena para hacer compras. «Es inaudito que hayan pensado en quitarlo, es esencial para muchas personas mayores que no tienen coche para moverse. Yo lo cojo por comodidad, porque si voy en mi coche, en la ciudad no se puede aparcar», contó.

Muchos eran los que ayer quedaban perplejos al ver el cartel que había pegado en la marquesina de la parada, donde se anunciaba la supresión de la línea. Algunos hasta llegaron a llamar a la empresa para cerciorarse de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, otros, enfadados, optaban por marcharse. Casi lo hace Francisco López, un jornalero que en sus días libres viaja a la ciudad a hacer compras o a pasar el día. Se quejó de que «si finalmente nos quitan este autocar volveremos a lo que teníamos antes, uno que paraba solo cuatro veces al día».

Se refiere a los años anteriores a 2003. Entonces había una línea que tan solo pasaba cada tres horas, pero por mediación de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena se creó la que ahora existe.

Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal de La Palma, Pedro Obradors, se mostró contento por la noticia, aunque confesó que le extraña que ahora intenten llegar a un acuerdo cuando llevan desde hace un año de tira y afloja. «Aquí, lo importante son los vecinos. Sé que La Palma no perderá este servicio», explicó. Añadió que en el tiempo que duró la reunión (4 horas) las partes implicadas podrían haber llegado a un acuerdo para «asegurar de una vez por todas el servicio».

Ciudadanos (Cs) emitió ayer un comunicado a este respecto, en el que anunció que presentará una moción en el próximo Pleno para exigir que el Ayuntamiento «realice las gestiones necesarias» para garantizar el servicio de transporte público en La Palma, en las condiciones en que se venía prestando desde hace años.

Fuentes de la Consejería de Fomento aclararon que los autobuses de la concesión regional de Alsa no pueden hacer esa ruta porque se trata de una línea nacional, de ahí que la obligación de la Comunidad, añadió, es instar a que se deje de prestar ese servicio.