La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena ha decretado el precinto de las tres nuevas carpas que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones instaló el pasado viernes para ampliar su capacidad en 300 plazas en el campamento del antiguo Hospital Naval y contribuir a mitigar la grave crisis migratoria que desborda al archipiélago canario. Con esta tercera ampliación desde su apertura en noviembre del año pasado, la capacidad del centro de acogida de emergencia y derivación para inmigrantes (Caed) está ya en 1.072 plazas.
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Así lo anunció este jueves la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien añadió que el ministerio dirigido por Elma Saiz dispone de cuatro días para retirar la maquinaria y desmontar las carpas, instaladas sin permiso municipal y pendientes de un informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sobre si el emplazamiento de los nuevos recursos es zona inundable, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.
«Nos enteramos de una manera desleal con el Ayuntamiento de la instalación de nuevas carpas, incumpliendo la confianza y el acuerdo que habíamos firmado con la secretaria de Estado de Migraciones, [Pilar Cancela], de que no se iba a ampliar la capacidad e íbamos a trabajar en un escenario de provisionalidad y de cierre del campamento lo antes posible», remarcó Arroyo.
«La desastrosa política de inmigración que estamos sufriendo y que está teniendo que gestionar la secretaria de Estado de Migraciones, no se puede resolver con más errores en la gestión que se está llevando aquí en Cartagena con esas personas. Es un error trasladar a inmigrantes a una ciudad que ya tiene un problema de pateras. Es un error concentrar a 1.100 personas en el campamento de un hospital que llevaba ya 20 años cerrado y no reúne las condiciones de seguridad. Genera conflicto y riesgos para esas personas y para la convivencia en el municipio. Me llego a preguntar si nos está poniendo a prueba el Ministerio si levantan estas carpas de espaldas a la ley», reivindicó la primera edil.
Esta es la segunda vez que el Ayuntamiento de Cartagena abre expediente a Migraciones. La primera vez fue en junio cuando paralizó unas obras que el ministerio de Saiz pretendía hacer en el antiguo hospital militar para reformar antiguas consultas y reconvertirlas en dormitorios y salas de trabajo para el personal de la ONG Accem, que gestiona las instalaciones.
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«Nuestra obligación es que se cumplan las normas urbanísticas y que las instalaciones reúnan las condiciones de seguridad. Si pasa algo, ¿quién asume la responsabilidad? El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado, y que nadie nos tache de insolidarios», concluyo Arroyo.
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