El Ayuntamiento de Cartagena debe pagar 75.000 euros a Barreiro por su exculpación en Novo Carthago

El Ayuntamiento de Cartagena tendrá que pagar 75.022,89 euros, más los intereses de demora, a la exalcaldesa Pilar Barreiro por los gastos de defensa jurídica que le ocasionó su imputación por un presunto delito de prevaricación administrativa en el caso Novo Carthago, del que fue exculpada por el Tribunal Supremo (TS) en el año 2016. Así lo establece el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de la ciudad, que en una sentencia dictada el 13 de septiembre condenó al Consistorio al «abono de indemnización» solicitado por quien fue regidora de 1995 a 2015 por el Partido Popular.

La sentencia recién dictada en Cartagena, que el Ayuntamiento estudia si recurre ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, admite el recurso presentado por Barreiro contra la resolución por medio de la cual el Ayuntamiento la que denegó el abono por Novo Carthago. La ex primera edil se dirigió el 25 de septiembre de 2019 a la corporación para exigir el abono de las cantidades que afrontó al tener que contratar a un despacho particular de abogados, dado que renunció a ser defendida por el Consistorio para no incurrir en conflicto de intereses.

El propio Ayuntamiento, ya con ella fuera de la alcaldía, «se personó en la causa penal en la condición de acusación particular», expuso la exalcaldesa ante el juzgado. Y añadió que «también lo hicieron, en calidad de acusación popular, la entonces vicealcaldesa, Ana Belén Castejón Hernández, el concejal del Grupo Municipal Socialista Juan Pedro Torralba Villada y el Partido Político Izquierda Unida«. En definitiva, argumentó la exalcaldesa, no podía »entenderse que varios miembros corporativos ejerciesen la acusación y, al mismo tiempo, la misma Asesoría Jurídica de la misma corporación asumiera la defensa de otro corporativo acusado».

La magistrada María Dolores Sánchez López asumió los argumentos de Barreiro. Afirmó que «dicho conflicto de intereses sí que existía» y recordó que «los empleados públicos» tienen derecho «a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos».

En este asunto, recordó la titular del juzgado, Barreiro tiene derecho a la indemnización económica porque «fue inculpada por su actuación en el ejercicio de sus funciones en relación a la modificación puntual número 113 del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Cartagena», necesaria para la realización del proyecto urbanístico Novo Carthago por parte de la empresa Hansa Urbana. La causa fue sobreseída provisionalmente «por auto del Tribunal Supremo», ante la «falta de relevancia penal de los hechos» atribuidos a la antigua mandataria.

El TS no halló indicios de un favorecimiento de Barreiro a Hansa Urbana para edificar sobre terrenos recalificados 6.000 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en San Ginés de la Jara, cerca del Mar Menor, por lo que no hubo en su conducta «abuso, exceso o desviación, en el ejercicio de las funciones», señala la jueza. Parte de esos suelos estaban declarados protegidos por la cercanía al humedal de Lo Poyo, pero la Comunidad Autónoma impulsó la desprotección y el Ayuntamiento modificó el Plan General en el año 2005. La tramitación administrativa de este polémico proyecto urbanístico está paralizada por el Consistorio cartagenero, por una decisión adoptada cuando era alcaldesa, y como también ahora concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, hasta que haya sentencia en el juicio penal sobre presunta corrupción.

La sentencia recoge que, en la vía administrativa, el Ayuntamiento no hizo «objeción alguna a la cuantía reclamada» ni propuso «otra alternativa» de pago a Barreiro; y que, en la vía judicial, impugnó el coste pero no aportó «prueba alguna que desvirtúe ese importe o acredite lo improcedente de conceptos o cuantías».

Se da la circunstancia de que Barreiro es una de las personas llamadas a declarar como testigos en el juicio de 'Novo Carthago', que tendrá lugar en Murcia, en la Audiencia Provincial, desde el 27 de febrero hasta el 25 de abril de 2023, en plena campaña de las elecciones autonómicas y municipales. En la misma calidad han sido citados por el tribunal el expresidente de la Comunidad Autónoma Ramón Luis Valcárcel y el exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués, dentro de la vista oral contra altos cargos, funcionarios y asesores autonómicos. Entre ellos destacan los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, de Medio Ambiente y Obras Públicas, respectivamente.

Fuentes del actual equipo de gobierno municipal, que dirige Noelia Arroyo (del PP) y del que forma parte los ahora ediles no adscritos Castejón y Torralba, explicaron que «los servicios jurídicos municipales analizarán la sentencia y el gobierno seguirá sus recomendaciones». Y, en declaraciones a LA VERDAD, Barreiro afirmó sentirse «contentísima y satisfecha». «La causa de Novo Carthago, como la de Púnica, fue un calvario. Y la sentencia dice de manera clara, contundente e irrevocable que conmigo se cometió una injusticia muy grande por parte del Ayuntamiento, que entre otras cosas se escudó en que no me pagaban porque el tema había que llevarlo a Pleno, cuando no era así».

Barreiro no ahorró críticas a Castejón, quien fue alcaldesa, y a Torralba. «Lo han hecho muy mal conmigo. Ellos iniciaron de manera particular su persecución personal contra mí y luego recurrieron a los servicios del Ayuntamiento para ir contra mí. A ellos les salió muy barato, pero ahora les sale caro a los cartageneros, que tendrán que pagar de su bolsillo la indemnización que me corresponde por derecho. Ana Belén Castejón y Juan Pedro Torralba han demostrado lo que son». La expolítica del PP concluyó: «Es una pena que se cometan estas injusticias. Solo espero que los responsables asuman las consecuencias». Evitó concretar a qué se refería.

Barreiro tiene presentada una demanda por una cuantía similar a la de Novo Carthago por los costes en abogados y procuradores que le supuso la imputación en el 'caso Púnica', archivada también por el TS en 2018. En este caso, Barreiro fue investigada por los presuntos delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho por supuestos contratos irregulares para mejorar su reputación digital. Ambos casos llegaron al Supremo dada la condición de aforada de Barreiro, que dejó la alcaldía y mantuvo su acta de diputada nacional primero y de senadora. En la actualidad, es militante y no tiene ningún cargo institucional ni orgánico.

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