La Audiencia exime a Portmán Golf del sellado urgente de un depósito minero

En un auto al que ha accedido LA VERDAD, la sección quinta de la Audiencia estima en parte el recurso de Portmán Golf contra el auto de medidas cautelares donde el juzgado le dio un plazo de 20 días para adoptar una serie de «medidas necesarias» para impedir la dispersión de sustancias contaminantes al entorno.

El magistrado le instó a «evitar la erosión eólica y que el agua de lluvia o de escorrentía» penetrara en los residuos peligrosos almacenados en la corta y, con ello, evitar «los lixiviados que se están produciendo» y proteger las parcelas agrícolas, el acuífero, las ramblas y el Mar Menor. Las obras debían consistir en un «sellado», mediante la «cubrición con capa vegetal apta, sin empleo de tierras reutilizadas con presencia de metales; construir una red de pluviales y drenajes eficaces, para impermeabilizar la corta; y construir una balsa de recogida de los lixiviados y escorrentías; y crear una zanja perimetral de hormigón.

Tras revisar esta resolución y los argumentos de Portmán Golf, la Audiencia –cuya decisión no admite recurso ordinario– concluye que «no parece adecuado» el «exigir como medida cautelar la realización de una obra que exige un complicado estudio para su eficacia y una importante inversión» e indicar incluso «el método y material que se debe utilizar para evitar la contaminación».

La Audiencia añade que el procedimiento judicial data del año 2014 y que existen «informes contradictorios sobre la propia existencia culpable de la contaminación y el método para evitarla». Al respecto, indica que la empresa alegó que las obras «ya fueron realizadas en el año 2017» y certificadas por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. La mercantil también aportó informes según los cuales «no existen lixiviados, que el vaso de la corta es estanco y que no hay escorrentías que salgan fuera» de ella.

Asimismo, la Audiencia entiende que «difícilmente se podrá considerar» urgente suspender toda labor agrícola en tres fincas cercanas, como pidió la Fiscalía. Y eso, porque «se está discutiendo» si su contaminación «procede del sellado de lixiviados o es una contaminación natural por el tipo de terreno». Recuerda que son «tierras vecinas de una explotación minera milenaria, que dejó de ser explotada como mina hace ya treinta años». También apunta que «los propietarios de dichas parcelas no solamente no son investigados», sino que podrían ser perjudicados por la contaminación y es preciso darles audiencia.

En todo caso, la Audiencia reconoce que «es un dato objetivo incuestionable» la existencia de «altos porcentajes de metales pesados», acreditada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en un informe. Se trata, como denunció en su día Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, de elevados niveles de plomo, arsénico, cadmio, cobre y zinc.

En consecuencia, la Audiencia mantiene la validez de la decisión adoptada por el juzgado en lo relativo a que se comunicara a la Comunidad Autónoma la existencia de la contaminación, para que se tomaran «las medidas oportunas para la protección del consumo de los productos» que allí se cultivaban. La Comunidad y el Seprona garantizaron la cancelación de los cultivos y Medio Ambiente continúa tramitando el expediente sobre la posible declaración de los suelos como contaminados.