Asociaciones y colectivos preparan una batería de alegaciones a la norma urbanística de Cartagena

La Federación de Asociaciones de Vecinos ha sido uno de los colectivos más proactivos, junto al Ayuntamiento, para acercar el PGOU a la población. Su vocal de Urbanismo, el arqueólogo Luis de Miquel Santed, lleva meses haciendo «pedagogía» en los locales sociales, explicando a los vecinos las claves del planeamiento, su desarrollo y aplicación, así como las intervenciones previstas en sus áreas de influencia.

Para este arqueólogo, el avance en exposición pública se estanca en la modificación de la norma urbanística de 2012. «No se ha querido reflexionar hacia dónde va el modelo de ciudad en la próxima década. Es cierto que es más respetuoso con los entornos, pero no por una voluntad propia sino por la necesidad de aplicar las leyes superiores de obligado cumplimiento».

No obstante, el plan desclasifica las grandes urbanizaciones previstas en el borde del Mar Menor, como Novo Cartago y El Vivero, y protege siete de cada diez hectáreas: el 83,06% del suelo.

En este sentido, la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Plan General considera que «no hay una intención clara de intervenir en el municipio e invertir en zonas conflictivas». Por ejemplo, en San Antón «la intervención está supeditada a la inversión privada de los promotores. El Ayuntamiento no toca nada. Hay un plan parcial que no ha sido de utilidad. Tenemos mucha ciudad pendiente de desarrollar, como el Plan Rambla, que ya estaba en la revisión de 2012», puntualiza uno de sus integrantes, Aurelio Valverde.

Precisamente, el avance del PGOU propone la división en pequeñas unidades de actuación para desarrollar áreas estratégicas que por su complejidad llevan años de retraso, como el sector Rambla, la avenida del Cantón, Santa Lucía y Los Mateos. Apunta a la localización de grandes equipamientos culturales y sociales para potenciar su rehabilitación. Por lo general, en un proceso de estas características la mayor parte de las alegaciones están motivadas por el cambio de calificación del suelo y de edificabilidad, según el presidente de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas, Valentín Martín.

Entre las alegaciones que prepara la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) está la protección del entorno de las canteras romanas y la zona de influencia del futuro Bosque Romano, en el que trabaja conjuntamente con el Ayuntamiento. A juicio de ANSE, la circunvalación proyectada en la zona oeste que está a medio definir, con cuatro carriles y 50 metros de ancho, cuyo trazado pasaría por el corredor verde y la periferia de las canteras es incompatible con ambos. «La zona oeste no tiene capacidad para más construcciones permanentes, igual que pasa con Isla Plana, La Azohía y Cabo de Palos, donde se prevé un desarrollo urbanístico en torno a la discoteca Trips», reconoce García. ANSE también persigue la restauración de la desembocadura de la rambla del Cañar y rebajar su presión turística.

La asociación en defensa de Cartagena Oeste secunda esta reivindicación, junto con otros colectivos naturistas. Donde también se ha generado alarma social es en Los Mateos, debido a la reclasificación del suelo en el entorno del Castillo de Los Moros que tiene más de 200 viviendas y chabolas. «Pasa de suelo urbano a sistema general de espacios libres, con expropiación prevista. Desprotege del derecho a la vivienda», dicen desde los colectivos del barrio.

Mejorar las redes de comunicación y el transporte público, así como los equipamientos y servicios de barrios y pueblos, redensificar y ordenar los núcleos de población de las diputaciones y sus caseríos al tiempo que se promueven medidas contra el despoblamiento de las zonas rurales y evitar el urbanismo expansivo, la explotación del territorio y la especulación del suelo.

Estas son algunas de las principales inquietudes vecinales en materia urbanística que los ciudadanos tuvieron ocasión de plasmar en el proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento de Cartagena y en el que colaboraron los investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Jaume Blancafort y Patricia Reus.

Los vecinos expresaron también la necesidad de proteger la franja del Mar Menor del desarrollo urbanístico y de compatibilizar la actividad agrícola con la preservación de la laguna salada, así como desbloquear la regeneración ambiental de los terrenos contaminados de El Hondón, Potasas, Zinsa y el entorno de la Sierra Minera. Otras preocupaciones radican en la recuperación del casco histórico y su conectividad con barrios y diputaciones, con especial hincapié en la rehabilitación de aquellas zonas que están en proceso de degradación, como San Antón, Barrio Peral y Las Seiscientas, y la preservación del patrimonio.

La tesis de la arquitecta por la UPCT Victoria Artés comparó los procesos participativos de Cartagena, Vitoria y Santa Cruz de Tenerife en las revisiones de sus normas urbanísticas. Vitoria ha invertido 16 años en su tramitación.

«Hay que reconocer la buena voluntad del Ayuntamiento para recoger el sentir de la ciudadanía. Es común a los casos de estudio que las aportaciones ciudadanas se incorporen después y no en el avance. Lo recomendable es hacer un proceso participativo posterior», destaca Artés.

El gobierno local de Noelia Arroyo prevé sacar adelante el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en esta legislatura, es decir antes de mayo de 2027. El avance comenzó a elaborarse durante el mandato del tripartito y el periodo de alegaciones fue ampliado de los dos meses obligatorios por ley a cuatro para favorecer una mayor participación. Durante este tiempo, los técnicos de Urbanismo deberán recoger las alegaciones y los informes sectoriales preceptivos. El documento definitivo, con las aportaciones y alegaciones aceptadas, se elevará de nuevo al Pleno para su aprobación provisional. El texto deberá ser validado por los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma.

Más allá del aumento en 80.000 viviendas del parque residencial disponible, la ampliación en un 30% del suelo industrial y la apuesta por el residencial turístico de calidad, el PGOU propone soluciones concretas a problemas específicos, algunos de ellos enquistados en el municipio.

Entre las medidas proyectadas, el PGOU aborda la expansión de las plantas fotovoltaicas, excluyendo la posibilidad de realizar instalaciones en la zona oeste, así como en los suelos del litoral del Mar Menor protegidos. También protege la antigua estación telegráfica de Cabo de Palos, declarando el terreno como sistema general y prohibiendo la demolición de las edificaciones existentes.

En cuanto a la cárcel de San Antón, adquirida por ISEN para fines educativos, será calificada como equipamiento educativo de carácter cultural. Por su parte, el cementerio municipal del barrio será ampliado con un terreno adyacente de cerca de 17.000 metros cuadrados para albergar enterramientos de otras confesiones.

La falta de equipamientos se suple con una reserva de 330.000 metros cuadrados entre San Félix y el centro comercial Mandarache. También se destina a nuevas edificaciones el antiguo patio de Adoratrices, entre el Paseo Alfonso XIII y las calles Príncipe de Asturias y Jiménez de la Espada, y se aborda la reforma de la estación de autobuses.