C. R.
CARTAGENA
Jueves, 26 de julio 2018, 00:43
El Colegio de Abogados de Cartagena expresó ayer su «más profunda queja» ante el Ministerio de Justicia por retrasar otra vez hasta diciembre la apertura del juzgado de Instrucción 7, segundo de la ciudad que estará dedicado a los asuntos de familia. El único tribunal específico soporta una demora que oscila entre los «ocho y doce meses», con independencia del proceso que se tramite.
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En un comunicado, la corporación calificó de «injustificada» la demora que sufre ese nuevo órgano judicial, cuya apertura ha sido fijada ahora por orden ministerial para el próximo 31 de diciembre. Se trata de la segunda fecha anunciada este año. Su inauguración estaba prevista inicialmente para el primer trimestre de 2018, pero el Ministerio la retrasó al 30 de septiembre. Esta fecha tampoco la cumplirá, porque la gerencia territorial sigue sin contratar las obras de adaptación del local del centro de la ciudad donde se ubicará el juzgado de lo Social que, a su vez, dejará sitio al Instrucción 7 en el Palacio de Justicia de la calle Ángel Bruna. Así lo anunció el martes el Consejo General del Poder Judicial, generando inmediatamente una queja de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia.
Los abogados cartageneros recordaron que el único juzgado de Familia del partido de Cartagena (que tiene más de 300.000 habitantes) soporta una demora media de entre ocho y doce meses, desde que se presenta la demanda hasta que se señala la fecha para la celebración de juicio. Todo ello con independencia del tipo de proceso que sea: separación, divorcio, nulidad, medidas provisionales, modificaciones de medidas, incapacidades o juicios relacionados con la liquidación de régimen económico matrimonial, entre otros asuntos.
Todo ello es «una prueba más de la necesidad de la Ciudad de la Justicia para Cartagena y de adoptar una solución transitoria mientras llega», según el comunicado. La prioridad es la entrada en funcionamiento del segundo juzgado de Familia «de manera inmediata, con todos los medios personales y materiales necesarios» y la creación de otro de lo Mercantil que «con carácter urgente pueda cubrir las necesidades más acuciantes».
En su comunicado, los letrados volvieron a denunciar que «Cartagena se encuentra estrangulada judicialmente».
«Lamentamos profundamente la poca sensibilidad del Ministerio de Justicia hacia Cartagena y hacia un problema que afecta a toda la ciudadanía», añadió la Junta de Gobierno, que tiene como decano a Antonio Navarro Selfa. El documento concluye exigiendo al Ministerio que solucione «con carácter inmediato» el problema generado y rectifique su decisión de retrasar hasta final de año la puesta en marcha del nuevo órgano judicial.
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