La Fiscalía rechaza también la fusión de los juzgados de violencia machista

La propuesta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de integrar los juzgados de violencia contra la mujer de San Javier y de Cartagena en este último ha generado una oleada de rechazos entre distintos sectores de la Administración de Justicia, al que se ha sumado también públicamente la Fiscalía. Además, por petición del titular del juzgado de Cartagena especializado en esta materia, Alberto Blanco, los jueces de Instrucción mantendrán una reunión este viernes y estudiarán las posibles repercusiones de la fusión, que ha recibido ya el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuya puesta en marcha depende del Ministerio.

En declaraciones a 'La Verdad', la fiscal jefe de Cartagena, Carmen de la Fuente, dejó clara ayer su oposición al cambio propuesto al Gobierno de la Nación desde Murcia y desde el Poder Judicial. «Estoy en contra del proceso de comarcalización del juzgado. Creo que la especialización es fundamental y que la proximidad de la justicia a la ciudadanía es el mejor mecanismo para luchar contra la impunidad de los delitos, en particular de los delitos de violencia sobre la mujer», manifestó De la Fuente.

«Muchas de las víctimas son mujeres con cargas familiares, dificultades económicas, dependencia económica del agresor, extranjeras... que tendrán dificultades para trasladarse desde su localidad de origen (San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Torre Pacheco) hasta Cartagena, lo que provocará la impunidad de los delitos y la mayor desprotección de las víctimas», advirtió De la Fuente

La fiscal añadió que todo ello «hace gravitar sobre la mujer el coste de la violencia, aumenta el tiempo de desplazamiento y el coste económico del traslado al juzgado, entre otras cosas porque no hay buena comunicación por transporte público entre Cartagena y San Javier, ya que los autobuses no son frecuentes y para muchas economías familiares son costosos».

Cuidado de los hijos

Las víctimas, señaló De la Fuente, se verían obligadas a «buscar apoyos externos para cuidar de sus hijos, recogerles en el colegio... porque la asistencia al juzgado de Cartagena se puede alargar durante más horas de las que ellas son capaces de asumir». Además, se vería dificultada la cooperación entre el CAVI de San Javier y el juzgado de Cartagena, así como con los distintos Servicios Sociales.

Por último, la Fiscalía señaló que la supresión del juzgado especializado en San Javier supondría «un retroceso» respecto a los principios inspiradores de la Ley Integral de 2004 y que «pondría en entredicho los logros de España», cuya legislación y posterior desarrollo han sido «un ejemplo en la Unión Europea».