López relevará al jefe de Urbanismo antes de que sea juzgado por prevaricación

El jefe municipal de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, será relevado cautelarmente del cargo que ha desempeñado en los últimos quince meses en cuanto se concrete el día en el que será juzgado por los presuntos delitos de prevaricación y expropiación ilegal, junto con una letrada municipal y el exconcejal de Urbanismo y actual presidente del PP, Joaquín Segado. Los tres han sido investigados por autorizar la retirada de una licencia que concedieron para obrar en un solar de La Azohía y, además, cambiarle su calificación en el nuevo Plan General.

Tras conocer ayer por 'La Verdad' la apertura de juicio oral, José López, anunció que Martínez Moncada tendrá que «dar un paso a un lado» aunque sea de forma «cautelar» y para «quitarle presión». Esto obligará a hacer una «recolocación» mientras espera el fallo. López recuperó a Martínez Moncada para el principal puesto técnico de la Concejalía en 2015, ya que fue destituido por la anterior alcaldesa, Pilar Barreiro, un año antes debido a una polémica por las obras en el barrio universitario.

López también se mostró convencido de que en este caso la exigencia de responsabilidades «va más por el lado político que por el técnico» y considera a Segado como máximo responsable de lo ocurrido en La Azohía. Sin embargo, admitió que ningún cargo de confianza municipal puede mantenerse en sus funciones si es juzgado. «Eso no quiere decir que se eche por tierra el talento de alguien tan válido», avisó.

Martínez Moncada ya fue cuestionado cuando la Sociedad Municipal Casco Antiguo dejó sin reclamar varios años las plusvalías que le correspondian por ventas en el barrio universitario.

Dos años de investigación

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena dictó hace unos días un auto de apertura de juicio oral contra Segado, Moncada y la letrada tras investigar durante dos años por qué anularon la licencia de obras a la empresa promotora de 24 apartamentos en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil de La Azohía. Tanto la instructora del caso como la Fiscalía consideran que todos pudieron cometer delitos de prevaricación y expropiación ilegal, ya que además cambiaron la clasificación del suelo, que pasó a ser de nuevo de equipamiento público para satisfacer a los vecinos que reclaman allí un jardín. La mercantil propietaria del terreno ejerce la acusación particular y solicita 14 años de inhabilitación para cada procesado.

Segado no piensa dimitir pero el PSOE le exigió ayer que lo haga. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Obdulia Gómez, consideró que «el principal partido de la oposición no puede tener a un presidente imputado por prevaricación» en un caso de «negligencia que puede ocasionar un agujero a las arcas municipales». Además de las penas de inhabilitación para los acusados, el Juzgado ha ordenado un depósito de 3,4 millones de euros por la responsabilidad civil, que recae subsidiariamente en el Ayuntamiento.