La anulación del Plan General sume al municipio en la incertidumbre urbanística

Un freno en seco a la concesión de las licencias urbanísticas de obra mayor ya solicitadas y a la tramitación de nuevos permisos; un regreso a la normativa de 1987; y un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la ordenación del territorio en el municipio. Todo eso es lo que supone para Cartagena la anulación del Plan General General Municipal de Ordenación (Pgmou) por parte del Tribunal Supremo, una decisión conocida ayer y que confirma la decisión adoptada hace poco más de un año por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia acerca de la principal normativa urbanística local.

El fallo del Supremo, que da la razón al conocido promotor Tomás Olivo sobre los cambios en el llamado Plan Rambla pero que afecta a la planificación de los usos del suelo en todo el municipio, supone un varapalo para el Ayuntamiento y para la Comunidad Autónoma.

En clave local, el fallo implica un correctivo al Partido Popular, que 'vendió' la revisión definitiva del plan de 1987 en el año 2012 como uno los grandes logros de los veinte años de gobierno de Pilar Barreiro, exdiputada nacional y actual candidata al Senado. Y, además, suscita un reto al actual Ejecutivo de MC y PSOE, y en especial al alcalde y concejal de Urbanismo, José López. Éste tratará de aprobar un nuevo plan cuanto antes y evitar un parón en la actividad económica y una avalancha de peticiones de indemnización por cantidades millonarias por parte de afectados por la posible pérdida de derechos.

Lo que López no puede impedir ya es, según coincidieron en señalar fuentes municipales y jurídicas, el periodo de dudas técnicas, legales y políticas por tres motivos. La primera razón es la suspensión de la concesión de licencias de obra mayor y de cambios de planeamiento. El segundo motivo es que hay que regirse por el plan aprobado hace casi treinta años, con los correspondientes problemas en aspectos como la adaptación a la normativa autonómica de carácter ambiental.

Por último, el Gobierno local tendrá que someter una nueva propuesta a información pública, resolver las alegaciones, obtener el visto bueno de la Comunidad y lograr el apoyo a su diseño por parte del Pleno de la corporación, donde carece de mayoría absoluta. Eso deja en el aire la fecha de entrada en vigor de un nuevo Plan.

Asimismo, la sentencia ha despertado una gran inquietud en ámbitos vecinales y sobre todo empresariales, debido a los efectos que puede tener en materia de licencias y de expansión industrial y residencial en los barrios y las diputaciones, y de forma específica en el entorno del Mar Menor, de La Manga y de Cabo de Palos. Algunos ejemplos son los planes Novo Carthago (bajo investigación judicial por posible corrupción), Cala Reona y Atamaría.

Industria y diputaciones

El 'terremoto' empezó ayer con una decisión del Supremo que fue adelantada por 'La Verdad' en su edición digital. A mediodía se supo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia cuyo ponente es el magistrado Mariano de Oro-Pulido, ha dado carácter firme a la nulidad de la Revisión del Plan General. Ésta fue aprobada por medio de una orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma el 29 de diciembre de 2011. Se trata de una decisión que el TSJ también anuló.

En la resolución, el Supremo destaca que esa nulidad alcanza a la orden que, ya el 17 de julio de 2012, adoptó la Consejería sobre el plan. Se trata de la denominada toma de conocimiento del texto refundido de la revisión del Pgmou. A juicio del Supremo, el visto bueno que la Comunidad dio en 2012 al plan «no puede subsistir, si se anula la norma que le servía de fundamento y a la que se encuentra inescindiblemente unida».

El TS da estas razones en una sentencia donde desestima los recursos de casación interpuestos por la Comunidad y el Ayuntamiento, contra el fallo dictado en mayo de 2015 por el TSJ. La Administración regional acudió al Supremo como demandada y el Consistorio, en una decisión del Gobierno local sin el consenso del Pleno, se unió a esa iniciativa como codemandado.

Fue hace trece meses, también de forma curiosa antes de unos comicios [en ese caso municipales y autonómicos], cuando el tribunal regional respaldó las tesis del promotor Tomás Olivo sobre la tramitación irregular del plan.

En una batería de demandas a través de distintas mercantiles, Olivo planteó un recurso por medio de Emasa Empresa Constructora SA frente a la revisión del Pgmou. El constructor se sintió perjudicado en el Plan Rambla, la zona de expansión de la ciudad entre el Estadio Cartagonova, el barrio de La Concepción y la Avenida Sebastián Feringán.

Olivo no solo recibió el amparo judicial respecto a esa zona, sino que vio cómo se anulaba la ordenación del uso del suelo en todo el municipio para unos treinta años. El tribunal tumbó la normativa propuesta por el Consistorio a la Comunidad Autónoma, al hallar numerosas y graves deficiencias que habían quedado sin subsanar a pesar de lo expuesto en distintos informes por organismos autonómicos y estatales.

Una inicitiva de Barreiro

La sentencia confirmada ahora por el Supremo entendió que los defectos que debían subsanarse eran numerosos y relevantes, y que abarcaban la totalidad del municipio. Las deficiencias observadas por el TSJ eran numerosas -solo su enumeración ocupaba catorce páginas- e importantes en su conjunto. Afectaban a la estructura general y orgánica, a todos los sistemas generales, a todo tipo de suelos -urbano, urbanizable y no urbanizable- y a la normativa urbanística, de carácter general y particular.

El Supremo concluye que «la sustancialidad de la modificaciones introducidas determina la necesidad de un nuevo trámite de información pública». El criterio es que este último paso es obligatorio «cuando la modificación introducida tiene carácter sustancial, por implicar una alteración fundamental del modelo territorial elegido; por modificar las líneas o criterios básicos del Plan y de su propia estructura; o bien por resultar distinto y diferente».

En 2012, en el momento de la aprobación definitiva del plan, el concejal de Urbanismo era Joaquín Segado, quien cogió el testigo de Agustín Guillén. Éste presentó la propuesta inicial en 2005. En la Comunidad, el consejero del ramo era Antonio Sevilla, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena.