La Guardia Civil inspecciona los permisos del Ayuntamiento de Cartagena a la desaladora

La investigación sobre las presuntas irregularidades en la desaladora de Escombreras vivió en la mañana de este miércoles su segundo episodio en dependencias municipales del Ayuntamiento de Cartagena, tras el registro efectuado ayer por la Policía Nacional en las instalaciones de la planta. Agentes de la Guardia Civil, adscritos a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid, realizaron un registro en la Concejalía de Urbanismo del Consistorio cartagenero.

Hacia las 8.30 de la mañana, dos efectivos de la Benemérita se personaron con indumentaria de paisano en el edificio administrativo de San Miguel, donde requirieron la presencia de los responsables del departamento que dirige el concejal delegado de Urbanismo y alcalde de Cartagena, José López. Abandonaron el edificio cerca de dos horas y media después con una carpeta con documentación.

Según las fuentes consultadas, la Fiscalía investiga las posibles anomalías en la concesión de distintas autorizaciones para la construcción y funcionamiento de la planta del grupo ACS que tiene alquilada la Comunidad Autónoma. Los investigadores tratan de aclarar lo ocurrido desde el inicio del proyecto y durante los distintos Gobiernos municipales del Partido Popular, que tuvieron al frente, como alcaldesa, a Pilar Barreiro.

Se trata de una línea de investigación aún no judicializada y que es paralela a las que llevan a cabo los juzgados de instrucción número 5 y 9 de Murcia. El primero de ellos se centra en el entramado de sociedades creado para la edificación de las instalaciones y su arrendamiento con opción a compra por parte de la Administración regional; el segundo, investiga el uso de la desaladora y del Ente Público del Agua de la Comunidad para suplir a la Confederación Hidrográfica del Segura y garantizar el suministro de agua necesario para planes parciales y generales de 26 municipios de la Región. Algunos de estos últimos documentos urbanísticos han sido anulados recientemente al considerar que la garantía de agua es una competencia estatal y no autonómica.

La operación dio comienzo este martes cuando la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, a instancias de una querella presentada por la Fiscalía a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, registraron las instalaciones de la planta desalinizadora de Escombreras, que actualmente se encuentra en funcionamiento, a instancias del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, cuyas actuaciones ha declarado secretas.

La petición responde a la querella presentada hace meses y admitida a trámite en 2015 por el fiscal de Urbanismo y Delitos Medioambientales, José Luis Díaz Manzanera, a fin de esclarecer la gestión económica de la infraestructura, "lo que fue el origen de la desaladora, contratos, cláusulas y si se perjudicó o no al erario público".

Así como que los supuestos delitos a los que responde la investigación son malversación de fondos públicos, fraude o administración desleal, entre otros.

Las gestiones que se han realizado desde su inicio en 2006-2007 ha sido motivo para la reciente creación en la Asamblea Regional de una Comisión de Investigación, al objeto de que se analicen todas las operaciones que se han realizado con relación a esta planta y la razón de por qué se construyó y los perjuicios que ha acarreado esa decisión.

En virtud de la Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras han declarado ya los expresidentes regionales Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre, así como el exconsejero y exdelegado del Gobierno Joaquín Bascuñana, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Miguel Ángel Ródenas, la exministra Cristina Narbona, o el expresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Adrián Ángel Viudes.

El abogado murciano Diego de Ramón, que fue el primero que interpuso en 2010 una querella a la Fiscalía para instar a la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de esta desaladora, afirmó a Europa Press que se trata del "mayor escándalo de corrupción" de la Región de Murcia, al suponer un "agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional".