La prescripción del IVA del colegio San Miguel le ahorra al Ayuntamiento 1,5 millones

El Ayuntamiento se ha librado de tener que abonar 1,5 millones de euros en concepto de IVA por la compra, hace seis años, del colegio San Miguel. La Agencia Tributaria comunicó ayer la prescripción de la deuda al Gobierno local, que mantiene sin embargo la convocatoria de la reunión inaugural de la comisión de investigación aprobada para investigar este asunto. El gerente de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, Antonio García, fue quien recibió la noticia y la expondrá hoy a los representantes de Movimiento Ciudadano, PSOE, PP, Cartagena Sí Se Puede (Podemos) y Ciudadanos. La continuidad de la comisión está en sus manos.

El coste de la adquisición de la sede administrativa actual fue de 20 millones de euros y se abonó entre 2008 y 2009. El IVA (16%) suponía 3,2 millones. El Ayuntamiento, en la etapa de gobierno del Partido Popular, abonó 1,7 millones de euros. «Eso demuestra que esa Corporación consideraba que sí había que pagar el IVA y que dejaron de ingresarlo conscientes de ello», apuntaron fuentes municipales. Ese impago fue puesto al descubierto en septiembre del año pasado, cuando el actual Ejecutivo local revisó las cuentas consolidadas de la Sociedad Municipal Casco Antiguo de 2014. El alcalde, José López (de Movimiento Ciudadano), habló entonces de un 'agujero' de unos dos millones y propuso la comisión de investigación para saber por qué se dejó de pagar.

Las primeras pesquisas indicaban que, tras pagar los primeros 1,7 millones, se cambió el concepto por el cual el Ayuntamiento le transfería el dinero a la Sociedad Municipal Casco Antiguo, que había sido la que compró de manera efectiva el edificio para la Administración local. Se calificó como una subvención, no sujeta a IVA y se dejaron 1,5 millones por pagar.

«Presunto fraude fiscal»

El descubrimiento de estos hechos generó un gran escándalo público y llevó al alcalde a hablar de «presunto fraude fiscal» cometido bajo el mandato de la anterior alcaldesa, Pilar Barreiro. Además de aprobar la creación de la comisión de investigación, que se reúne hoy, se planteó si esa deuda sería imputable como déficit. Además, generó tal malestar entre los grupos políticos que no se pusieron de acuerdo para aprobar la cuenta general de 2014, tal y como exige el plan de ajuste tutelado por el Estado. Entonces, surgió el temor a que esto podría bloquear las transferencias del Estado y dejar incluso sin paga a los funcionarios.

El alcalde se puso de inmediato en contacto con la Agencia Tributaria, para intentar arreglar la situación. En una de las últimas reuniones, hace dos semanas, los inspectores avanzaron a los representantes municipales que la deuda impagada podría había prescrito, por lo que no hay obligación de pagarla ni tampoco multa por no haberlo hecho. Lo abonado se considera una «entrega voluntaria fuera de plazo».

Esos temores se han disipado pero, según fuentes municipales, no ha sido porque el anterior Ejecutivo local actuara correctamente. «Es la prescripción, por los seis años que han transcurrido, lo que salva la gestión del PP. Pero no que lo hiciera bien».