J. A. G.
Viernes, 6 de noviembre 2015, 00:35
El Gobierno municipal ha aplazado el nombramiento de Fernando Urruticoechea como interventor del Ayuntamiento, por las dudas jurídicas sobre el concurso público en el que fue descartado por el Ejecutivo anterior. Ese proceso está siendo revisado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.
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En medio de un clima de creciente malestar entre políticos y funcionarios, por el anuncio de Urruticoechea de que se querellará contra la secretaria general, Inés Castillo, y el exinterventor Juan Ángel Ferrer por avalar la decisión el Ejecutivo anterior (que lo consideró «no idóneo a pesar de que cumplía los requisitos de la convocatoria), el Gobierno espera un informe de la Comunidad Autónoma.
El alcalde, José López, manejó la posibilidad de proponer hoy a la Junta de Gobierno Local la adjudicación de la plaza de interventor, ocupada de manera provisional por Miriam González por orden de la Comunidad Autónoma.
Sin embargo, el regidor ha pospuesto su decisión hasta que los técnicos analicen con detalle tanto el criterio de la administración regional y la normativa aplicable.
Urruticoechea se ha sumado, como acusación particular, a la querella por prevaricación interpuesta de López contra la Junta anterior, y la ha ampliado a la exalcaldesa Pilar Barreiro por presunto «nombramiento ilegal» de dos técnicos sin habilitación nacional.
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