Un juzgado rechaza el recurso por el concurso de interventor

Una sentencia judicial ha frustrado la expectativa del nuevo Gobierno municipal de poder asignar ya de forma definitiva la plaza de interventor del Ayuntamiento a Fernando Urruticoechea. Se trata del único funcionario que optó al puesto en el concurso convocado en la anterior legislatura por el Ejecutivo del Partido Popular, y que fue descartado por éste al considerarlo «no idóneo» por haber sido expedientado en otros consistorios.

El equipo liderado por el alcalde, José López, trabajaba hasta anteayer con la expectativa de poder cubrir la plaza en cuestión de días, si el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena declaraba ilegal la decisión adoptada por la anterior Junta de Gobierno Local, integrada solo por concejales del Partido Popular, de declarar desierto el concurso el 14 de marzo de 2014.

Ese órgano judicial debía resolver el recurso presentado, en amparo de Fernando Urruticoechea, por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. Y la idea del Ejecutivo actual era que si el juzgado anulaba la decisión de declarar desierto el concurso y reconocía el derecho del citado técnico a ocupar la plaza, el Ayuntamiento aceptaría la resolución, no recurriría e incorporaría de inmediato a Urruticoechea.

En el Consistorio también contaban con la posibilidad de que el juez le enmendara la plana y estableciera la convocatoria de un nuevo concurso público para cubrir la plaza.

Una cuestión de forma

Sin embargo, el juzgado ha optado por un tercer camino que, a priori, complica la reacción municipal porque no entra en el fondo de la cuestión. El juzgado ha rechazado el recurso del colectivo de interventores, debido una cuestión de forma: que el Consejo General no está legitimado para defender los derechos de un particular ante una decisión que no le causa ni beneficio ni perjuicio, ya que solo afecta a los intereses profesionales de esa persona.

En una sentencia fechada el 7 de julio, la juez sustituta María Dolores Parra recuerda que el propio Urruticoechea dio por buena la decisión de la Junta de Gobierno, al no presentar un recurso contencioso-administrativo. El funcionario recurrió ante el Ayuntamiento, pero cuando éste no le dio la razón no acudió a los tribunales sino que del caso se hizo cargo el Consejo. Aunque la sentencia no es firme, según fuentes del caso, en principio este último colectivo no recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.

Un portavoz de la Alcaldía señaló que «ante la falta de una resolución judicial sobre la legalidad o no de la decisión del gobierno del PP», el nuevo Ejecutivo «adoptará las medidas legales que procedan para que los puestos de habilitado nacional sean cubiertos a la mayor brevedad».

Según fuentes municipales, el alcalde pedirá un informe a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento para que le oriente sobre los pasos necesarios para cubrir de manera definitiva los puestos de interventor, secretario general del Pleno y Director de la Oficina de Gobierno Municipal. En el caso del interventor, el mes pasado tomó posesión para ejercer sus funciones de manera provisional Miriam González, una técnico nombrada por la Comunidad Autónoma en sustitución de Juan Ángel Ferrer.

Querella y posible concurso

El portavoz municipal del PP, Francisco Espejo, mostró su «alegría» por la resolución y comentó que el fallo «demuestra que la gestión del anterior gobierno se ajustó a la ley pese a las denuncias del actual alcalde».

El pasado fin de semana, José López rechazó la petición de Podemos de nombrar a Urruticoechea dado que podría incurrir en un delito de prevaricación administrativa. En todo caso, López mantiene la causa penal que interpuso como edil de la oposición contra la anterior Junta de Gobierno Local, por descartar a Urruticoechea a pesar de que éste cumplía los requisitos del concurso.