«Tuvimos que pedir y mi hijo se quedó sin cumpleaños»

El cartagenero Mateo Javier Martínez, de 34 años, casado y con dos hijos, pone rostro a las esperas que sufren cientos de vecinos del municipio y de la comarca en el cobro de salarios y de indemnizaciones por despido, debido a la saturación de los jugados de Lo Social y del Fogasa. Mateo, al que después de siete meses sin cobrar despidieron en junio de 2012 de una empresa de repuestos y accesorios de vehículos que tenía una sede en la Avenida Sebastián Feringán, la semana pasada tuvo que acudir al Palacio de Justicia para demostrar que lo echaron mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). A pesar de que ya hubo una sentencia a su favor, que le permitió cobrar en abril del año pasado en torno al 60% de los 7.500 euros de salario que le adeudaban, el Fogasa le denegó la indemnización de 12.000 euros con el argumento de que en sus papeles no constaba la existencia de tal ERE. «En la documentación que se aportó para el juicio viene claro. La carta de despido lo dice expresamente: hubo un ERE. Es absolutamente increíble que ocurran esta cosas, y no es el único caso en Cartagena y en el resto de la Región de Murcia. No deberían jugar con el pan y con las ilusiones de la gente», denuncia el abogado de Comisiones Obreras José Luis Martínez. Mateo cuenta que trabajaba como mecánico y que, además, ejercía de delegado sindical en la empresa hasta que ésta bajó la persiana. «Empezaron a dejar de pagarnos medio mes y luego meses enteros. Nos decían que no había dinero, pero que la empresa se iba a vender y que iba a haber cambios. Pero el nuevo jefe nunca vino. Al final pasaron siete meses, echaron la empresa y nos dejaron en la calle a 32 personas sin indemnización, sin sueldos y sin nada», relata este extrabajador, quien ahora se gana la vida como autónomo. «Yo creo que hubo una mala gestión por parte de la dirección, pero que todo se fuera al traste en junio de 2012 y que aún esté de pleitos no me parece normal», dice. Con una mezcla de indignación y de resignación, resume así el impacto económico y emocional en su familia: «Mi mujer trabajaba en la misma empresa que yo. Pero ella se acogió al ERE de suspensión y por lo menos cobraba el paro. Aun así, tuvimos que pedir dinero a la familia. La casa tienes que pagarla, porque el banco no entiende de si te están pagando o no. Y sufrimos ciertas restricciones. En el 2013 no pudimos celebrar el cumpleaños de mi hijo mayor. No hablo de caprichos para uno. Hablo de un niño. No hay derecho a que jueguen así con los trabajadores».