José Alberto González
Miércoles, 11 de marzo 2015, 01:34
Le lanzó un órdago y le dio un ultimátum de veinticuatro horas, pero en el último momento se achantó. Quizás por temor a un 'efecto rebote', el exconcejal de Urbanismo y exvicealcalde de Cartagena, Agustín Guillén, renunció ayer a su propósito de «desmontar» las «falsedades, inexactitudes y omisiones a conciencia» que, según él, había lanzado la alcaldesa y diputada nacional del PP, Pilar Barreiro, en su declaración en el Tribunal Supremo como imputada por prevaricación en el 'caso Novo Carthago'. Y lo hizo, a pesar de que la regidora le aceptó el pulso y no rectificó públicamente ni un ápice de su declaración, como Guillén le había exigido al considerar que descargó sobre él injustamente la responsabilidad de la tramitación y que insinuó que le ocultó la especial protección de los terrenos a nivel urbanístico y ambiental.
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«Pilar me lo ha aclarado todo con sus explicaciones. Me doy por totalmente satisfecho y quiero zanjar aquí este asunto porque es muy desagradable», dijo Guillén a 'La Verdad'. Justificó así su decisión de no arrojar luz en un caso donde está imputado por presunta prevaricación y cohecho en la recalificación de suelos especialmente protegidos para permitir el proyecto de la promotora Hansa Urbana de construir 10.000 casas, dos hoteles y un campo de golf.
Pasaban las dos y media de la tarde cuando el exconcejal abandonó el despacho de su abogada, Ana Ruipérez, en la céntrica Plaza del Rey, después de tres horas de reunión con la alcaldesa, Pilar Barreiro. Con gesto serio, al igual que él, la primera edil salió del edificio a la misma vez que Guillén, y acompañada de su abogado, José Pardo Geijo, y de sus dos jefes de gabinete.
«Ha ido bien. Esta tarde vamos a emitir un comunicado», se limitó a decir Barreiro, quien coincidió así con quien fue su 'mano derecha' durante quince años en remitirse a una escueta nota pública que fue difundida por el Partido Popular.
«Ambos han repasado el contenido de la declaración, las preguntas formuladas, el contexto en que se produjeron y las respuestas que figuran en la transcripción elaborada tras la comparecencia [en el Supremo]. Como consecuencia de la revisión, Guillén y Barreiro han dado por aclaradas las manifestaciones que constan en la declaración transcrita, no grabada, que condensa una comparecencia de una hora de duración», resumieron los protagonistas de la polémica, sin informar del contenido concreto de las dudas resueltas.
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En la nota, el PP añadió que «Pilar Barreiro y Agustín Guillén coinciden en reiterar el rigor legal del procedimiento administrativo seguido por el Ayuntamiento en la tramitación del proyecto de Novo Carthago, y su respaldo a los técnicos y responsables políticos que han intervenido en el mismo».
La reunión fue presentada por los 'populares' como una cita «con el fin de aclarar las informaciones públicas surgidas en torno a la declaración de la diputada ante el Tribunal Supremo». Guillén, sin embargo, exigió a Barreiro que enviara una declaración aclaratoria al Supremo no a raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre su comparecencia en Madrid el jueves pasado, sino tras leer él mismo el acta oficial de la declaración y sacar sus propias conclusiones.
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«Me enteré tras presentarse»
El acta recoge esta declaración: «Que revisado el expediente, dado que las competencias están delegadas en el concejal, cree que [el responsable de Urbanismo es] el Sr. Guillén y actualmente es Francisco Espejo. Era el Sr. Guillén a quien correspondía la responsabilidad de la tramitación administrativa de dicho proyecto». Barreiro añadió que «en ese momento desconocía las dificultades de calificación que pudieran tener los terrenos. Que ahora sabe que esos terrenos son una parte urbanizable y otra parte con protección», y que también sabe ahora que «este proyecto podría tener problemas medioambientales pero nunca urbanísticos».
Así lo confirmó el lunes a este periódico el antiguo edil, quien indicó que telefoneó el fin de semana a Barreiro para instarle a dar marcha atrás y que también llamó al presidente local del partido, Francisco Celdrán, para ponerle al tanto.
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Agustín Guillén contó que, en la conversación de Barreiro, ésta le aseguró que le había «dejado bien», y que incluso le había «hecho un favor» y le había «salvado». Respecto a Celdrán, el exedil manifestó que aquél le pidió «tranquilidad» y le instó a llegar a un entendimiento con Barreiro «por el bien del partido».
Fuentes cercanas a la alcaldesa aseguraron que ésta solo le dijo que había defendido la legalidad de la tramitación; que no tenía «nada de que arrepentirse»; y que solo constató quién tenía las competencias cuando el Pleno aprobó la propuesta de recalificación, en julio de 2003.
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Guillén admitió, sin embargo, que ve una «omisión consciente» de Barreiro: que ésta pasó por alto que el edil de Urbanismo cuando el proyecto fue presentado en el Hotel Hyatt de La Manga no era él, sino José Fidel Saura. De hecho, en declaraciones a 'La Verdad' Guillén abundó ayer en que él gestionó la tramitación del proyecto, pero que éste ya había recibido un impulso municipal cuando llegó a su despacho: su presentación pública aquel 12 de junio de 2003.
En ese acto participaron Barreiro, el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel (al que el Tribunal Superior de Justicia ha ofrecido declarar de forma voluntaria como imputado) y el dueño de Hansa, Rafael Galea, también imputado.
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«Yo me enteré del proyecto tres días después de la presentación en el hotel Hyatt; con lo cual, no tenía conocimiento absolutamente de nada relacionado con Novo Carthago antes de esa fecha. No tenía ni idea del tema», dijo Guillén a este diario.
Evita hablar de Valcárcel
Recordó así que, hasta el cambio de legislatura, aquel verano, él era concejal de Hacienda. Guillén, que en el TSJ pasó por alto esa cuestión y se amparó en el criterio de los técnicos, no quiso responder a la pregunta de si los artífices políticos del proyecto fueron Barreiro y Valcárcel, como apunta el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Abadía.
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Éste indicó también, en un auto, que «los indicios racionales de criminalidad apuntan a que los verdaderos responsables políticos de los hechos investigados, en el seno del Ayuntamiento, y que tenían un conocimiento pleno y detallado de los mismos, eran la alcaldesa y Agustín Guillén».
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