Dos empresas de 'Púnica' cobraron un millón por un colegio en suelo municipal

Nuevas conexiones entre el 'caso Púnica' y el Ayuntamiento de Cartagena. En noviembre, 'La Verdad' reveló, acerca de esta presunta trama de corrupción urbanística, que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional habían puesto el foco en dos sociedades que participaron en la puesta en marcha de un colegio privado sobre terrenos municipales: el Miralmonte, en el polígono residencial Santa Ana.

Se trataba de Alfedel SL, promotora del centro en 2005, y Obrum Urbanismo y Construcciones SL, que en 2006, tras la licencia de obras otorgada a una cooperativa impulsada por la propia Alfedel, y llamada Cartagena 2004, asumió la construcción.

Documentación en poder de 'La Verdad' apunta ahora a que Alfedel y Atalia, compañía ligada al exalcalde socialista José Antonio Alonso y al empresario madrileño David Marjaliza, considerados por el juez Eloy Velasco cabecillas de la supuesta red corrupta, cobraron entre ambas una comisión de un millón de euros a la cooperativa por sus gestiones.

Según desveló ayer el diario 'ABC', la trama facilitó suelo y permisos para abrir 19 centros concertados a cambio de comisiones ilegales. Dieciocho de ellos están en la provincia de Madrid y otro en Cartagena. Además, explicó que las 'mordidas' por colegio, de las que se beneficiaron presuntamente Marjaliza y el exsecretario general del PP madrileño y exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, eran de 900.000 euros a 1,2 millones de euros.

En el Colegio Miralmonte, un documento de constitución de la cooperativa recoge pagos a Alfedel y a Atalia por 1.004.800 euros en 2006. Según fuentes conocedoras de la operación, estos gastos iniciales supusieron un fuerte coste a los socios cooperativistas, que habían puesto avales con bienes particulares.

Debajo del precio de mercado

Las posibles comisiones de intermediación adquieren ahora relevancia, por la presunta ocultación de 'mordidas' a empresarios y políticos y expolíticos de PP y PSOE. En el caso de los terrenos sobre los que se construyó el Miralmonte, Alfedel (del empresario Alfonso Ferrón del Río) logró la cesión de dos parcelas.

Esta última decisión fue aprobada por el Gobierno local liderado por Pilar Barreiro, con Agustín Guillén como edil de Urbanismo. También la apoyaron los concejales del PSOE, salvo Juan Luis Martínez, quien se ausentó de la votación. Movimiento Ciudadano e Izquierda Unida se opusieron. Y el consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, dijo no ver demanda suficiente.

La cesión fue, además, cuestionada en 2007 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Cartagena. Tras una denuncia del cercano Colegio Narval, el juez la declaró nula por irregularidades en la adjudicación (el canon fijado a la empresa, 300.000 euros en 50 años, era inferior al valor de mercado del suelo) y paró las obras. En las bases del concurso, convocado tras pedir Alfedel la concesión, el Ayuntamiento valoró sus dos parcelas en 550.000 euros. Luego, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio la razón al Ayuntamiento, aunque por un defecto de forma.

Zinsa y zona de Mandarache

Alfedel, con la que desde hace varios años no tiene vinculación la cooperativa de profesores del colegio, según fuentes del sector, está especializada en centros privados.

En cuanto a Obrum, según el Registro Mercantil, se integró en el conglomerado DHO, formado por la fusión de Dico, Harinsa y Obrum. Se da la doble circunstancia de que Grupo DHO Obras y Construcciones SA también está siendo investigada, y de que Marjaliza y Alonso participaron en Cartagena en esos años en dos operaciones urbanísticas relacionadas con recalificaciones o compromisos de recalificación de terrenos por parte del Ayuntamiento.

Una fue la compra de suelo en el Ensanche Norte, en la zona del Mandarache (plan parcial CC1) por parte de Aldaban SL, en cuyo consejo de administración estaban Marjaliza y Alonso. Otra fue la intermediación de Atalia en la venta de la parcela de Española del Zinc (Zinsa) en Torreciega a la inmobiliaria Quorum.

Este último negocio, por el que Atalia se embolsó 5 millones de euros, se vio favorecido por el compromiso municipal de recalificar el suelo para hacer casas, con la justificación de apoyar el plan de viabilidad de Zinsa y salvar 250 empleos. El cambio no ha sido aprobado al incumplirse los requisitos del Consistorio y de la Comunidad.