Ediles del gobierno y de la oposición, en el Auditorio en 2011.

IU y MC piden revisar la concesión de 4 millones por los años 2012 y 2013

Solicitarán de manera urgente los justificantes de gasto recibidos desde la apertura del edificio, para comprobar si la UTE ha acreditado pérdidas

José Alberto González

Miércoles, 4 de febrero 2015, 01:54

Los grupos municipales de Izquierda Unida-Verdes (IU-V) y de Movimiento Ciudadano (MC) en el Ayuntamiento de Cartagena anunciaron ayer que solicitarán de manera urgente al equipo de gobierno, del Partido Popular, acceso a los expedientes de concesión de subvenciones a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Gestípolis-Sonora por la gestión del Auditorio y Centro de Congresos.

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IU y MC coincidieron en que el recurso judicial de la concesionaria de El Batel, y el hecho de que el Tribunal de Cuentas y los funcionarios municipales han hallado posibles anomalías en la justificación de ciertos gastos, exige analizar todas las facturas presentadas desde la apertura del inmueble en 2012. Estos grupos consideran necesario despejar dudas acerca de si la UTE ha tenido un déficit de explotación antes de cobrar subvenciones.

El concejal portavoz de IU-V, Cayetano Jaime, mostró su temor a que la gestora del Auditorio haya imputado como gastos la cantidad referida al canon que el Ayuntamiento tiene comprometido para equilibrar sus cuentas en caso de que tenga pérdidas.

A juicio de Jaime, más allá de los detalles técnicos «vuelve a ponerse de manifiesto que la gestión económica del Gobierno municipal es un campo de minas». Y recordó que su grupo rechazó en su día «ese disparate de modelo de gestión privada con subvención pública elegido por el PP para El Batel».

El concejal añadió que el recurso judicial presentado por Gestípolis-Sonora refleja que «en el Gobierno del PP conviven dos almas: la que representa la concejal de Hacienda, Fátima Suanzes, de cumplir de forma escrupulosa con las observaciones del Tribunal de Cuentas; y la de los compromisos de las más altas instancias municipales, que siempre acaban en el mismo círculo vicioso de intereses empresariales».

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«Ni presiones ni represalias»

Desde Movimiento Ciudadano, su concejal, José López, enmarcó lo ocurrido en el hecho de que «el concurso de El Batel fue adjudicado por el equipo de Barreiro y dio lugar a una suerte de monopolio cultural en la ciudad, que es abonado con generosas subvenciones y pagos municipales a las explotaciones».

López denunció la falta de información por parte del ejecutivo local acerca de la inspección del Tribunal de Cuentas, anunció que indagará y respaldó la labor de los funcionarios «que no han dado la conformidad a las facturas» porque hay una «justificación irregular o por otras causas».

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MC reiteró su «confianza en la independencia, capacidad y buen hacer de los funcionarios del Ayuntamiento», y advirtió de que vigilará para que éstos no sufran represalias ni «presiones por desempeñar su labor por parte de los responsables políticos o de la propia alcaldesa».

Acerca de esto último, recordó «lo sucedido con el gerente de Urbanismo [Jacinto Martínez Moncada], quien tras años ocupando cargos de responsabilidad en la Administración local fue relevado y relegado por reclamar judicialmente la deuda a Puerta Nueva [la promotora del barrio universitario].

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MC auguró, asimismo, que Gestípolis-Sonora presentará otro recurso judicial por el último semestre de 2014.

Socialistas por Cartagena (SPCT), que carece de concejales, se preguntó «si el recurso judicial interpuesto por la adjudicataria de El Batel obedece a una diferencia real o a una función teatral en vísperas de las elecciones municipales».

«Amistades peligrosas»

«Este caso se parece mucho al de Puerta Nueva: cuando se descubre un agujero con el Ayuntamiento se pacta una demanda civil, la alcaldesa queda bien ante la opinión pública y el adjudicatario nada tiene que temer porque la empresa está descapitalizada y es imposible cobrarle», comentó el secretario general de SPCT, Juan Luis Martínez.

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Éste precisó que, en el Auditorio, «cuando el Tribunal de Cuentas descubre que la gestión de la concesionaria es cuánto menos imperfecta, se escenifica un desencuentro. Y, a tres meses de unas elecciones de resultado incierto, no se dan explicaciones de los 4 millones que ya ha cobrado la adjudicataria y la alcaldesa, que últimamente tiene problemas por sus amistades peligrosas , vuelve a decirle a los cartageneros que ella, por defender a Cartagena, es capaz de enfrentarse incluso con sus más estrechos colaboradores».

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