Alonso pide 4 años de cárcel y un millón a López por atribuirle negocios con Barreiro

Cumpliendo cuatro años de cárcel y pagándole una indemnización de un millón de euros. Ésta es la forma en que el exalcalde socialista de Cartagena y actual empresario José Antonio Alonso quiere que el concejal de Movimiento Ciudadano (MC), José López, repare el presunto «daño personal y profesional» que le habría causado por vincular sus negocios urbanísticos en la ciudad a decisiones del Ayuntamiento impulsadas por la alcaldesa, Pilar Barreiro.

Alonso ha hecho esa solicitud, por medio de sus abogados, dentro de la querella que interpuso hace tres años contra López, por las diversas manifestaciones realizadas durante la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2011.

En la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena, Jacinto Aresté, mantiene imputado al edil por presuntas injurias y calumnias al considerar que no ha podido probar la veracidad de sus palabras y que pudo faltar al honor al antiguo dirigente socialista. Y el exalcalde considera que esa imputación exige la apertura de juicio oral contra López y la condena de éste por dos delitos continuados y realizados con publicidad.

Según el escrito dirigido al juez por la letrada Sara de Alba, al que ha tenido acceso el diario 'La Verdad', Alonso considera que López no ha podido probar supuestos vínculos de Alonso y la regidora del Partido Popular. Asegura que no se ha «acreditado la relación profesional que se afirmaba que existía entre el querellante [Alonso] y la alcaldesa de Cartagena desde hace más de una década, origen del afirmado lucro de ambos». Entre otros asuntos, el exalcalde cree que no hay pruebas de que él o sociedades ligadas a él obtuvieran una plusvalía de 12 millones de euros con la compraventa de los terrenos de Frigoríficos Balsalobre, en la zona de El Hondón. El suelo fue recalificado por el Ayuntamiento para que pasara de industrial a residencial.

El antiguo dirigente socialista señala que López no ha acreditado su relación con las empresas compradoras. Y añade que «no existen elementos para afirmar que la relación que afectaba a estos terrenos, los cuales constituían una pequeña parte de los que eran objeto de aquélla, se hiciera con intención de favorecer al querellante [Alonso], a espaldas de los propietarios o irregularmente».

Alonso también pide que se castigue con la privación de libertad al concejal de Movimiento Ciudadano, y que éste le resarza económicamente, por afirmar que dio otro «pelotazo urbanístico» al actuar como intermediario en la compraventa de los antiguos terrenos de Española del Zinc (Zinsa).

De igual manera, José Antonio Alonso afirma que José López «tampoco ha podido probar» que el primero sea dueño de «extensas propiedades» en los planes urbanísticos denominados CC1.1 y CC1.2., situados al norte del centro comercial Mandarache, y en este último polígono empresarial «o en cualquier otra zona de Cartagena».

«Lista de agraviados»

Asimismo, Alonso rechaza cualquier anomalía en la adjudicación del proyecto de reurbanización del Barrio Universitario a Residencial Puerta Nueva. Se apoya en que la Fiscalía ha archivado una denuncia de Izquierda Unida y MC sobre ese tema.

El expolítico cartagenero atribuye a «intereses económicos» y a una alianza con MC el testimonio del empresario Gerardo de la Torre, quien declaró que Barreiro le presionó para que vendiera suelo junto al Mandarache a Alonso y éste a su vez le pidió una comisión de 100 millones de pesetas para él y para la alcaldesa por participar en la urbanización. La Fiscalía investiga la denuncia de De la Torre.

El exalcalde hace referencia también a que el concejal de Movimiento Ciudadano no ha dado constancia de su supuesta «intervención» para que la hija de la alcaldesa trabajara como becaria en el departamento de Marketing de Telefónica, gracias a que un hermano de Alonso era directivo en esa empresa. Y entiende que lo mismo sucede con la contratación de la hija de la regidora por parte de la empresa Sonora para que trabajara en el Festival La Mar de Músicas, que organiza el Consistorio.

Asimismo, Alonso expone que tampoco han salido a la luz personas perjudicadas por la supuesta trama denunciada. Lo expone así: «En modo alguno han aparecido la 'lista de agraviados' o los 'cadáveres en los armarios' anunciados por el imputado de forma reiterada».

El magistrado Aresté debe decidir ahora si mantiene la imputación a José López, y en qué términos traslada la acusación a un juzgado de Lo Penal para que celebre la correspondiente vista oral.