La CARM, dispuesta a aumentar la deuda pública para cubrir los daños de las lluvias

La Comunidad Autónoma articulará «todos los recursos necesarios», con presupuesto propio y aumentando deuda pública, para cubrir los daños ocasionados por el episodio de gota fría ocurrido del 12 al 14 de septiembre en el caso de que el Estado no apruebe medidas complementarias para paliar la situación.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, manifestó este jueves el malestar del Gobierno regional por lo que consideran un «incumplimiento» de la palabra que dio Pedro Sánchez en su visita a la Comunidad después de las riadas, cuando aseguró que el Estado no escatimaría esfuerzos para apoyar a los damnificados.

Sin embargo, en su opinión, el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre es un «cajón de sastre» que mezcla ésta con otras catástrofes naturales pasadas y futuras y que solo cubrirá el porcentaje mínimo exigido por ley en estos casos, el 50% de los daños.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Celdrán criticó también que el decreto hace una valoración de los daños sin esperar a los informes que este viernes entregarán los ayuntamientos y no incorpora ninguna medida excepcional ante la que ha definido como la mayor catástrofe por inundaciones de España.

Por eso, si mañana el Consejo de Ministros no aprueba otros decretos y medidas adicionales que complementen al primero, la Comunidad de Murcia está dispuesta a aportar recursos, incluso si para ello tiene que aumentar su deuda pública con el objetivo de «no dejar tirados» a los murcianos y cubrir el porcentaje de daños de los que no se haga cargo el Estado.

Celdrán, visiblemente enfadado, criticó también la «falta de respeto institucional» que supone que varios ministros hayan visitado la Región en los últimos días sin informar de ello de manera oficial al Gobierno murciano, así como no haber sido recibidos en Madrid por el Ejecutivo nacional con el argumento de que se encuentra en funciones, cuando otros representantes autonómicos sí han tenido acceso al equipo de Pedro Sánchez.

Durante el temporal, indicó, el operativo desplegado fue de más de 5.000 personas y un millar de medios materiales y vehículos, la mayoría, dependientes de la administración regional, que aportó 1.500 profesionales y 500 medios materiales, frente a los 900 efectivos de la UME y los 200 vehículos que aportó el estado.

Desde el mediodía del jueves 12 de septiembre, cuando comenzó la alerta, hasta el mediodía de ayer, 19 de septiembre, el 112 ha gestionado casi 8.600 llamadas y 6.500 asuntos relacionados con las inundaciones, ha apuntado.

«Con esta labor de coordinación, resulta llamativo que haya políticos que quieran convertir esta tragedia en una subasta para ver quién pone más», criticó, y destacó que todavía numerosos efectivos de la comunidad autónoma continúan trabajando en los municipios más afectados en labores de limpieza y restablecimiento de los servicios básicos.

En cuanto a los acuerdos adoptados hoy por el Consejo de Gobierno, se ha dado luz verde a la compra de varios tipos de medicamentos exclusivos para los centros hospitalarios del Servicio Murciano de Salud (SMS) para tratar enfermedades como el cáncer de mama, la artritis reumatoide, la hemofilia A, la esclerosis múltiple o la artrofia muscular espinal, por un importe total cercano a los 34 millones de euros.

Asimismo, se destinarán 1,1 millones al mantenimiento de los ascensores de los centros del SMS, y otros 150.000 euros al mantenimiento de los servicios de atención temprana para niños menores de 6 años con necesidades terapéuticas especiales para los municipios de Totana (126.000 euros) y Alhama (70.000 euros).

Por otra parte, los Ayuntamientos de San Javier y Cartagena recibirán una subvención de 200.000 euros destinada a ayudar a empresarios afincados en La Manga a captar clientes y abrir nuevos mercados durante la temporada baja con el objetivo de revitalizar la zona en los meses de invierno.

Por último, y entre otros asuntos, se ha dado luz verde al decreto que regula la alimentación de determinadas especies de fauna salvaje, principalmente aves carroñeras, con subproductos animales no destinados al consumo humano y que proceden de explotaciones ganaderas.