Un juez investiga un posible delito ambiental en la gestión de la depuradora de Caravaca

El magistrado ha iniciado un procedimiento abreviado a raíz de una denuncia que presentó una vecina de la localidad en julio del año pasado, representada por el abogado Diego de Ramón. A la querella se sumó posteriormente el Ministerio Fiscal y va dirigida contra el concejal de Medio Ambiente, el consejero de Medio Ambiente y la Dirección General de Medio Ambiente. En los escritos, no se especifican los nombres.

La depuradora, cuya gestión fue cedida por el Ayuntamiento a la entidad regional de saneamiento Esamur y cuyo funcionamiento está a cargo de Acciona, nació rodeada de polémica vecinal en 2002, primero, por su ubicación en Cañada de Lentisco y, después, por la denuncia de una vecina que se quejó de los olores y del supuesto anormal funcionamiento de la planta y del vertido de las aguas tratadas.

La Fiscalía consideró que tratándose de un presunto delito contra el medio ambiente o de prevaricación ambiental, era necesario «comprobar el hecho y recibir diversa documentación», antes de llamar a declarar a cualquier investigado. En este sentido, el fiscal Miguel de Mata, en su escrito de noviembre, trata de comprobar si, a partir de los datos que se obtengan, existe base penal o se considera una cuestión administrativa. Indica que la denunciante relató los olores que a su juicio se desprendían de la planta y apuntó a un posible anormal funcionamiento en la depuración de las aguas residuales y la falta de control y supervisión de las instalaciones, «que estarían vertiendo agua contaminada con altos niveles de nitratos, plomo, potasio» y otros elementos «a las corrientes de agua». La denunciante aportó una serie de análisis realizados por un laboratorio «que detectan en el punto de vertido y otros lugares colindantes altos niveles de dichos componentes».

Para esclarecer los hechos, el magistrado hace suyo el escrito del fiscal y, con fecha del 26 de abril, ordena la práctica de diligencias para recabar datos de la Confederación Hidrográfica del Segura, la mercantil Acciona, la Dirección General de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Caravaca. Asimismo, ordena al Seprona que lleve a cabo una inspección y una toma y análisis de muestras.

La CHS debe remitir los informes sobre las inspecciones y controles realizados en los tres últimos años y notificar si ha detectado la superación de niveles de componentes químicos o metales pesados en el punto de vertido o zonas aledañas. La empresa Acciona debe informar de los análisis y tratamientos realizados; mientras que la Dirección de Medio Ambiente tiene que mostrar las autorizaciones para el funcionamiento de la planta. El Ayuntamiento de Caravaca, por su parte, ha de informar de las denuncias que se han presentado y los expedientes abiertos, en su caso.

El alcalde, José Francisco García, señaló ayer que el Ayuntamiento de Caravaca aún no ha recibido ninguna notificación del juzgado y que, en cualquier caso, la depuradora es de la red de Esamur y la gestiona Acciona. Considera que el Ayuntamiento no tiene responsabilidad sobre dicha planta. García comentó que, «desde que soy alcalde, en 2019, no he recibido ninguna queja sobre el mal funcionamiento. Estando en la oposición supe de la queja de una vecina por los olores, queja que no me consta que fuera compartida por los vecinos de la zona». Los servicios jurídicos del Ayuntamiento han comprobado que en 2020 se presentó una demanda que fue archivada. La Concejalía de Medio Ambiente, cuya responsable es Ana Belén Martínez, indicó que tampoco tiene competencias sobre el funcionamiento de la planta.

Fuentes de la Comunidad indicaron que la depuradora cuenta con los mejores sistemas de tratamiento, con membranas de alto rendimiento. Añadieron que, años atrás, se estudió la queja de esta vecina y se comprobó que los olores eran un problema de la red de alcantarillado y no de la planta. Dicha vecina se quejó de fuertes olores que atribuyó a la depuradora, lo cual le obligaba a abandonar su casa durante varios días, dijo. Lo puso en conocimiento de la Policía Local y la Guardia Civil.

El concejal de Medio Ambiente en aquel momento, Enrique Fuentes, explicó que ante la comunicación que le trasladó esa vecina «nos pusimos en contacto con la empresa que se encarga del mantenimiento y nos confirmó que no se utilizan productos químicos y no hay emanación de gases tóxicos». Un vecino que reside cerca de la depuradora comentó ayer que se huele en las inmediaciones, «pero sin llegar a ser algo alarmante».