El PP propone una ley contra la ocupación ilegal de viviendas para proteger a los vecinos de Caravaca

El Grupo Municipal Popular llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento, vía moción, la adopción de un acuerdo para instar al Gobierno de España a legislar de forma urgente contra la ocupación ilegal de viviendas, «porque la propiedad privada es un derecho fundamental en un estado de derecho y necesitamos una ley contundente que proteja a las víctimas para solucionar este problema que afecta a tantos vecinos de Caravaca»

El senador del PP por la Región de Murcia, Francisco Bernabé; el presidente local del PP de Caravaca de la Cruz, José Francisco García; el diputado en la Asamblea Regional, Juan Antonio Mata, y el vicesecretario local, José Santiago Villa, han presentado esta proposición de ley en Caravaca de la Cruz

Con el objetivo de proteger el derecho a la propiedad privada y luchar contra la delincuencia e ilegalidad de la ocupación de viviendas, el PP ha presentado una proposición de ley contra la ocupación ilegal en el Congreso de los Diputados para acabar con los problemas de convivencia que estas situaciones generan y devolver las viviendas a sus legítimos propietarios.

El senador del PP por la Región de Murcia, Francisco Bernabé; el diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Juan Antonio Mata; el presidente local del PP de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el vicesecretario local, José Santiago Villa, han presentado esta ley en Caravaca de la Cruz, población que mantiene problemas por la ocupación ilegal de varios inmuebles en algunos barrios.

Bernabé ha asegurado que «la ley, si se aprueba, es la respuesta eficaz para devolver las viviendas a sus legítimos propietarios y poner fin a la impunidad de los ocupas, que tendrán los días contados». «El respeto a la propiedad privada es consustancial a vivir en una democracia, aunque a la izquierda no le guste la idea».

El senador ha lamentado que «la política de brazos caídos del Gobierno de Sánchez y del PSOE ha llevado a que la ocupación ilegal de viviendas se haya convertido en una práctica habitual en nuestro país».

El representante 'popular' en la Cámara alta ha expuesto algunas de las medidas contenidas en la norma elaborada por el PP, como «que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desalojar una vivienda en menos de 48 horas, penas de prisión de 1 a 3 años o prohibir a los ayuntamientos el empadronamiento de ocupas, entre otras medidas».

También considera esencial «reformar el Código Penal para luchar contra las mafias de la ocupación y endurecer el delito de usurpación» además de modificar la Ley de Propiedad Horizontal «para dar más protección y posibilidades directas de actuación a las comunidades de propietarios».

Por su parte, José Francisco García ha subrayado que el PP «no va a permanecer de brazos cruzados ante la injusticia que supone que una familia se vea obligada a estar en la calle porque alguien ha ocupado su vivienda habitual de forma ilegal».

José Francisco García ha manifestado que «la ocupación ilegal de viviendas es un enorme problema al que se enfrentan vecinos de barrios como el del Hoyo, Santos Olmos, el Cabezo del Carmen o el Castillo, donde venimos trabajando duro en el año que estamos gobernando con las herramientas de las que disponemos, aunque son escasas e insuficientes».

El Grupo Municipal Popular llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento, vía moción, la adopción de un acuerdo para instar al Gobierno de España a legislar de forma urgente contra la ocupación ilegal, «porque la propiedad privada es un derecho fundamental de la Constitución y necesitamos una ley contundente que proteja a las víctimas para solucionar este problema que afecta a tantos vecinos de Caravaca».

García ha añadido que, «el Gobierno de España no puede legislar protegiendo a los ocupas y anulando los derechos de los propietarios de las viviendas», a lo que ha añadido que «a nivel social, consideramos una injusticia y un despropósito permitir y defender este fenómeno».

El Gobierno de España ha publicado una resolución en abril de este año, en la que indica que el empadronamiento de individuos en infraviviendas será aceptado independientemente de las controversias sobre la titularidad de la vivienda, siendo también irrelevante las circunstancias higiénicas y sanitarias, físicas o de otra índole que afecten al domicilio. Por último esta resolución señala que se considerará infravivienda: chabolas, caravanas , cuevas o incluso ausencia total de techo, siendo todos estos supuestos domicilios válidos ante el padrón municipal.

El fenómeno de la ocupación ha crecido en los 2 últimos años en torno a un 35 por ciento, y se estima que a día de hoy en España hay en torno a 115.000 viviendas ocupadas. Y esta cifra, gracias al colaboracionismo del Gobierno de España, no para de crecer día a día.

Otras medidas que contempla la ley presentada por el PP son prohibir a los ayuntamientos el empadronamiento de ocupas; un inmueble ocupado no puede tener nunca la consideración de morada o domicilio; dar facilidades a las comunidades de vecinos para actuar ante los tribunales de justicia; y que los propietarios que sean personas jurídicas puedan también defender sus derechos de propiedad y actuar contra la ocupación.

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