La particular 'vuelta al cole' de trabajadores de geriátricos y centros para personas con discapacidad ha tardado solo un día en mutar en una «situación caótica», tal y como denuncian diferentes fuentes del sector. No todos los 673 empleados que ayer debían volver a ... su puesto de trabajo en estas residencias lo han hecho portando bajo el brazo el resultado negativo de una PCR practicada 72 horas antes. Así lo exige al menos la orden del 16 de agosto de la Consejería de Política Social por la que se adoptan en la Región los acuerdos del Consejo Interterritorial de Sanidad para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Sin embargo, la puesta en marcha del protocolo para la realización de estas pruebas no se activó hasta finales de la semana pasada, solo unos días antes del masivo regreso de las vacaciones y en pleno atasco en los laboratorios dedicados a obtener los resultados.
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Como consecuencia, hay un importante número de cuidadores que debían haber entrado ayer a trabajar y no lo han hecho porque «ni siquiera les han citado o tienen cita para realizarse la prueba el día 3 o el día 4 de septiembre», denuncia el sindicato UGT. Esto supone que muchos centros se han quedado «bajo mínimos» al ver cómo finalizaban los contratos de sustitución de verano pero al mismo tiempo no podían incorporar a los trabajadores tras las vacaciones para cumplir con la normativa. «Es un desastre. Nos ponen en un dilema y nos hacen elegir entre la seguridad del usuario y la prestación del servicio. No puedes prestar un buen servicio sin trabajadores suficientes», añade la directora de una residencia concertada. El presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica, Carmelo Gómez, señala que «hay gente a la que están citando para varios días después de la fecha en la que tienen que incorporarse. Y luego a esperar los resultados, que eso también llevará su tiempo». La confusión fue este martes generalizada en las residencias. En algunos centros se tuvieron que recomponer sobre la marcha los cuadrantes de vacaciones «porque no podemos quedarnos con menos gente», resume Gómez.
En el peor de los casos, algunos centros han optado por que los trabajadores sin PCR que no presentan síntomas se reincorporen «con todas las medidas de seguridad» a sus puestos hasta obtener el resultado de la prueba, incumpliendo así la orden de la Consejería «y asumiendo todos los riesgos», explica el responsable de otro centro. Como ejemplo, una trabajadora de una residencia de mayores de Murcia que prefiere mantener su nombre en el anonimato y que se reincorporó el mismo día que se publicó la orden de Política Social, el 16 de agosto, tras dos semanas de vacaciones. «Pedí la PCR antes de volver al trabajo y aún no me la han hecho», lamenta.
Para comprender alguna de las causas de este «caos», diversas fuentes ponen el foco en la «pelea de patio de colegio» que han mantenido la Consejería de Salud y la de Política Social desde el 16 de agosto sobre las competencias respecto a la realización de estas pruebas a los trabajadores. «Primero nos tomaron los datos para hacernos la prueba a través de nuestro centro de salud. Después nos dijeron que tendría que ser a través del IMAS. Y después otra vez con Salud. A día de hoy, nadie me ha llamado todavía», relata esta trabajadora de una residencia de mayores de la capital, que sigue desempeñando sus funciones en el centro «sin síntoma alguno, con todas las precauciones posibles y sin quitarme la mascarilla ni para hacer pis». Y tampoco es que la situación esté para prescindir de manos, porque en esta residencia ayer había «la mitad» de trabajadores de un turno habitual. «Es una falta de previsión absoluta, por no decir de vergüenza», critica.
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Ante la avalancha de problemas, los responsables del IMAS y de Política Social decidieron reunirse –ayer, 1 de septiembre– para «ver con sindicatos y residencias la mejor solución. Las pruebas se van haciendo progresivamente y se sigue trabajando para que se continúen prestando los mismos servicios y se mantenga la seguridad de los usuarios de las residencias», explicaron fuentes de la Consejería.
Es el propio departamento de Isabel Franco el que reconoce el desfase entre trabajadores incorporados y pruebas realizadas. De los 2.600 profesionales que irán volviendo a sus puestos de trabajo a lo largo de septiembre, ayer lo hicieron un total de 673. Sin embargo, y según los datos oficiales de Política Social, solo hay 656 pruebas realizadas de las 1.074 solicitudes presentadas. Es decir, que al menos 17 cuidadores han vuelto a trabajar sin la pertinente PCR, y más de 400 trabajadores están pendientes aún de someterse a este examen. Los profesionales y sindicatos consultados creen que el número es muy superior. Por su parte, ni Política Social ni Salud detallaron ayer el resultado de las 656 pruebas realizadas.
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Según pudo saber LA VERDAD, el IMAS se apresuró este martes a elaborar una modificación de la orden para retrasar la incorporación del personal tras las vacaciones hasta el próximo 8 de septiembre, y así «garantizar que todos los trabajadores cuentan con el resultado negativo de la prueba antes de comenzar su trabajo». Aunque esas garantías ya saltaron ayer por los aires «ante la imposibilidad de contar con una PCR negativa para la incorporación de todo el personal», según UGT.
Además, parece que el IMAS decidió ayer también renovar los contratos de sustitución que cesan entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre para tratar de mantener las plantillas mientras van llegando los resultados de las PCR.
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La presidenta de la asociación de padres de usuarios del centro para personas con discapacidad de la pedanía murciana de El Palmar, Maribel Ortiz, que también forma parte de la asociación de padres del centro de Churra, denunció ayer la «falta de previsión del IMAS. Nuestros hijos, nuestros familiares, son los primeros y los últimos que sufren las consecuencias de esta gestión». El turno de trabajadores del centro de El Palmar también estaba ayer «bajo mínimos», según Ortiz, «y al final se trata de la atención que reciben nuestros críos. Si faltan manos, la atención no es la misma».
«¿Hay brotes continuos en la Región desde julio y esto no se puede prever antes del 1 de septiembre? ¿Para qué queremos tanto político inútil?», se pregunta indignada esta madre, que se plantea incluso «llevar este asunto a los tribunales». Además, cree que retrasar la entrada de los trabajadores hasta el 8 de septiembre «no es la solución», porque «los centros van a seguir teniendo estos días el mismo problema de déficit de trabajadores, con profesionales echando turnos de 24 horas para sustituir las bajas. ¿Van a echar otro turno de 24 horas al día siguiente?». Suspirando, concluye Ortiz de forma elocuente que «nuestra sensación es que nuestros hijos le importan a la Administración lo mismo que una castaña pilonga».
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