La Asociación de Cantinas de la Región de Murcia decidió el jueves por la noche durante su reunión que no convocará la huelga de momento. Su siguiente paso será el envío de su manifiesto, junto a sus pertinentes reivindicaciones, a las consejerías de Educación y Sanidad. «Vamos a darles un plazo de 15 días naturales para solucionar todos esos problemas», adelantó Ginés García, presidente de la asociación, a LA VERDAD. «Y si no nos hacen caso o no expresan la intención de ello, iniciaremos el procedimiento pertinente para organizar la huelga», agregó.
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Según pudo saber este diario, la Asociación de Cantinas de la Región ya trató de contactar hace semanas con ambas consejerías, aunque no obtuvo respuesta por parte de ninguna de ellas hasta que los medios empezaron a hacerse eco de sus reivindicaciones. Solo entonces, Sanidad les contestó que les concedería una cita, aunque no concretó una fecha. «Nos dijeron que no les habían llegado los correos electrónicos», desveló García.
El sector exige que las medidas de alimentación saludable se apliquen también en los centros concertados y privados
Igualdad en la venta
Los cantineros de los institutos públicos de la Región solicitan a la Consejería de Educación que conste de manera escrita que efectivamente se les va a prorrogar un año y medio más la concesión, puesto que tuvieron que estar cerrados más de la cuenta debido a un «error» administrativo. «Nos incluyeron en el sector de comidas para llevar en vez de en hostelería y no abrimos hasta septiembre de 2021», recordó el presidente.
Además, quieren que se les permita ajustar los precios al IPC para adecuarse a los costes del mercado; que no se les obligue a estar dados de alta todo el año cuando cierran en verano; y que las máquinas expendedoras sigan los mismos criterios sanitarios que ellos.
Por otra parte, reclaman a la Consejería de Sanidad que se apliquen las medidas de alimentación saludable no solo a ellos sino también a las cantinas de los centros privados y concertados, los comedores escolares y las universidades para poder, así, «vender en igualdad de condiciones». Solicitan, también, que se revise el decreto de 2010 porque no es del todo lógico que, si algo es poco saludable, los alumnos puedan comprarlo en los establecimientos que hay alrededor del centro en el recreo.
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