La Comunidad recibe casi 200 denuncias por okupas en menos de año y medio

La ocupación ilegal de viviendas es un fenómeno que durante la época de la pandemia se ha mantenido, y en la Región, lejos de estabilizarse, los casos se han incrementado hasta encumbrarla como la comunidad donde más casos se produjeron el año pasado. Los datos publicados esta semana por el Ministerio del Interior así lo reflejan: la Comunidad contabilizó 628 ocupaciones ilegales de viviendas en 2021, un 60,6% más que el año anterior. Además, ese informe revela que la tendencia se mantiene en los primeros meses de 2022 y hasta abril se registraron 225 casos frente a los 211 del mismo periodo de 2021 (un incremento del 6,6%).

Para atajar el aumento de la actividad okupa, que genera alarma social, focos de tensión social en las comunidades de vecinos y dramas familiares, el Gobierno regional puso en marcha en noviembre de 2020 un canal de denuncias anónimo (alertaokupa@carm.es) para detectar supuestas ocupaciones de viviendas.

«Buenas noches. Quería consultaros cómo puedo hacer la denuncia anónima de una vivienda okupada en mi barrio. La situación es insostenible, ya que los okupas están usando un domicilio de uno de nuestros vecinos para la venta de droga, con todo lo que ello conlleva. Peleas, gente merodeando de madrugada... gracias de antemano». Esta es una denuncia anónima y real que el canal 'antiokupación' ha recibido en el año y medio que lleva funcionando.

Desde su puesta en funcionamiento, un total de 196 personas han puesto en conocimiento de la Comunidad un presunto caso de ocupación ilegal de una casa y la gran mayoría fueron particulares los que lo notificaron, ya que ni los bancos ni fondos buitre, titulares de propiedades embargadas, hacen uso de esta herramienta. Las principales denuncias se comunicaron en Murcia (63); Los Alcázares (43), y Cartagena (22). De los 63 casos que se notificaron en la capital, llama la atención que casi el 18% de las denuncias se comunicaron en la pedanía del Campo de Murcia de Gea y Truyols, de apenas mil habitantes censados, la mayoría de ellos, residentes en 'resorts'.

Asimismo, en el barrio murciano de Espinardo, golpeado por la ocupación masiva de viviendas por clanes que se dedican al cultivo de marihuana 'indoor', se notificaron nueve casos (un 14%).

El éxito del canal, unido al creciente movimiento de la okupación, que desde 2015 azota a la Región, ha hecho que el Ejecutivo regional ponga en marcha un nuevo medio de denuncias.

Se trata del 'teléfono antiokupas', el 968 377000, que está activo desde el pasado miércoles 1 de junio, «y que busca dar una respuesta más inmediata y reforzar la atención personalizada a las víctimas», afirman fuentes de la consejería de Fomento.

El canal de alertas, tanto por correo electrónico como por teléfono, son medidas recogidas en el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo regional, que sitúa a la Región como la primera comunidad autónoma en contar con una regulación específica para hacer frente a la ocupación ilegal de viviendas.

El decreto original se convirtió en la 'ley antiokupación' el pasado 18 de mayo, cuando fue aprobada por la Asamblea Regional. «Mandamos un mensaje claro a las mafias y vamos a luchar para evitar que se generen nuevas organizaciones delictivas que alienten, fomenten o justifiquen a los okupas», afirmó el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga la semana pasada en el Parlamento regional.

Isabel es, a su pesar, una experta en tener que lidiar con okupas. En los últimos cinco años, le han ocupado tres veces una propiedad heredada de sus abuelos, situada en pleno centro de la pedanía murciana de Guadalupe. En la primera ocasión, su familia decidió 'bunkerizar' la vivienda.

«Colocamos rejas en las ventanas y reforzamos las puertas». Las medidas no bastaron y volvió a sufrir un allanamiento por parte de un grupo de toxicómanos. «Cuando los pudimos echar, colocamos alarmas».

Pero tampoco fue suficiente, y hubo una tercera ocupación ilegal y hace un año pudieron volver a liberarla. «Hemos tapiado todas las puertas, balcones y ventanas. Es lo único que podemos hacer para evitar que vuelvan a entrar».

Pero esas malas experiencias poco tienen que ver con lo que le sucedió el mes pasado en una segunda residencia que tiene en una urbanización de dúplex en Puerto de Mazarrón.

«Fuimos a la casa a principios de mayo, porque íbamos a celebrar el cumpleaños de mi hermano. Cuando llegamos vimos que alguien había colocado en la parte trasera, delantera y lateral de la terraza tres carteles de 'Se alquila' y dos números de teléfono. Nos quedamos petrificados. Fuimos al cuartel de la Guardia Civil a poner una denuncia y comunicar lo que había ocurrido», recuerda Isabel. Los agentes de la Benemérita le instaron a no llamar a los números de teléfono que aparecían en los letreros.

«Me dijeron que lo harían ellos, para rastrear a los autores». Según los investigadores, muy posiblemente su caso es uno de tantos en los que grupos organizados se dedican a entrar en viviendas y ofertar su alquiler sin conocimiento del propietario.

«Cuando alguien llama interesándose por la casa, ellos le piden la entrega de un dinero de reserva. A veces, el falso inquilino llega a entrar a vivir, con la consiguiente sorpresa del dueño. Pero en todos los casos, los estafadores se quedan con la señal que han percibido inicialmente», concluye la denunciante.