El Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Región de Murcia, donde se incluyen las fincas adquiridas por la Comunidad Autónoma por su alto ... valor ecológico, está a la espera de recibir a seis propiedades ubicadas en Águilas, Lorca, Cartagena y Puerto Lumbreras para certificar su naturaleza demanial. La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ha sacado a información pública la inclusión de los dos primeros montes: gran parte de la sierra que conforma Cabo Tiñoso y la finca lorquina Cuerda de los Caetes.
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La Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática inició en noviembre de 2023 el proceso de catalogación de esos seis montes, donde se incluye la parcela de Cabo Cope que la Comunidad pagó a la organización ecologista ANSE cuando ejerció su derecho de retracto en 2022. Más de un año después, el proceso de inventariado se inicia con dos propiedades adquiridas en 2007 y 1990 respectivamente, aunque no hay plazo todavía para la sierra aguileña.
El catálogo autonómico contemplará también el Cabezo de la Jara de Puerto Lumbreras y el Cortijo Los Navarros y la Cueva de los Grajos en Lorca. Todas ellos sumarán en torno a 1.350 hectáreas más de terrenos protegidos por el dominio público a un documento que cuenta ya con más de cien propiedades de cuya custodia y vigilancia se encarga la Dirección General. «Los otros cuatro está previsto proponerlos para ser incluidos en el Catálogo por sus valores y características», señalan fuentes de la Consejería, pero «no hay una fecha limite que condicione su inclusión», ya que no es un proceso automático.
Reactivar compras
La catalogación es un refuerzo a la protección pública de estos montes con un patrimonio natural destacado, y que incluso están incluidos en áreas de Red Natura 2000 con especial vigilancia sobre especies como la tortuga mora o las aves rapaces. La inclusión en este inventario autonómico es un escudo más frente a actividades económicas incompatibles con la integridad natural del monte.
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Recuerdan desde Ecologistas en Acción que este catálogo, que suma más de 63.000 hectáreas, facilita el acceso a ayudas públicas, como fondos europeos de conservación, pero también que «blinda de forma definitiva una finca adquirida» el siglo pasado o principios del actual. La organización pide que la catalogación sea automática, sin tantos años de trámites, y que la Comunidad reactive la compra de fincas, un proceso paralizado tras adquirir hace años parcelas en espacios protegidos como los Saladares del Guadalentín o en el humedal del Ajauque y Rambla Salada.
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