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Hay una correlación directa entre el empantanamiento de la Justicia regional y la marcha de la economía y el empleo. Así lo concluye un estudio del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES), realizado a propuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), y que fue presentado este lunes en Murcia.
Concretamente, el informe, realizado por el economista del Banco de España Juan Mora-Sanguinetti y la profesora del departamento de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid Marta Martínez Matute, señala que un incremento de un punto en la tasa de congestión de los tribunales de la Región elevaría la de paro más de dos puntos porcentuales, haciéndola pasar del 17,97% al 20% en solo un año.
Junto al economista, participaron en la presentación del estudio, el presidente del CES, José Cobacho, el presidente del TSJ en la Región, Miguel Pasqual del Riquelme, el vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Martínez Moya y Javier Parra, secretario del TSJ.
Mora-Sanguinetti, expuso entre las conclusiones del estudio 'Los impactos económico del funcionamiento de la Justicia en la Región de Murcia', que el sector en la Región de Murcia «se encuentra mucho más congestionado que en otras regiones».
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La Comunidad se situó en el año 2018 como la sexta con mayor tasa de atasco judicial de España. Así, en la Región, los casos de primera instancia tardaron 701 días en solucionarse a lo largo de ese año, mientras que la media nacional se sitúa en 596. En el caso del orden Civil, «la duración es muy superior a la media y se ha incrementado notablemente en los últimos años», destaca el estudio.
Cataluña es la región con mayor atasco en los tribunales y una de las que tiene menor número de jueces por cada 100.000 habitantes, aunque estos tienen un peso en el total nacional de magistrados «bastante elevado», cerca del 18%, mientras que el peso de la plantilla de la Comunidad representa un 3%. En el lado opuesto se sitúa Extremadura, una de las regiones con la Justicia más ágil, y donde el número de jueces por habitante es de los más altos. Asturias, La Rioja y Castilla y León también se encuentran entre las comunidades donde menos se estacan las causas.
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El economista subrayó que «el nivel bruto de jueces está relacionado con las tasas de congestión observada, y tiene una correlación del 0,66, lo que indica que las comunidades más dotadas de medios sufren menos».
El presidente del TJS, Miguel Pasqual del Riquelme, aseguró que «sabemos el número de jueces que necesitaríamos para estar en la media nacional. Por cada 100.000 murcianos hay 10,8 jueces, frente a los 11,9 en el conjunto del país, por lo que para equipararnos a la media nacional, teniendo en cuenta que la Región cuenta con 1,5 millones de habitantes, necesitaríamos 15 jueces más. Pero serían muchos más los que harían falta para ser tan eficientes como en Asturias, donde tienen 15,1 jueces, o Cantabria, que tiene 13,6».
Del Riquelme señaló que «ese diferencial es en el que insistimos para que se invierta en Justicia, porque eso marcará la diferencia competitiva de nuestra Región».
«Por eso, la Justicia busca involucrar a toda la sociedad murciana en esta reivindicación a través de estudios como el que se ha presentado este lunes e iniciativas como el Pacto Regional por la Justicia», aseveró el presidente del TSJ, que agradeció al CES su colaboración para realizar el informe.
A esto hay que sumar que el informe constata que la Comunidad «tiene unas tasas de litigación superiores a la media». De hecho es la más alta de España después de Andalucía en la jurisdicción contencioso-administrativa. Mora-Sanguinetti explicó que «el sistema judicial murciano está más estresado por volumen de trabajo, con una mayor ratio de litigación civil. Y eso que el total nacional es ya uno de los más altos del mundo», aseveró. Para este experto, «Murcia es una región que, aunque estuviera bien dotada, tendría dificultades» debido a este motivo. Un juez medio de la Región de Murcia «está soportando 2,95 casos más de los que puede resolver. Mientras la media estatal se sitúa en 2,65», señaló. En cuanto a la litigiosidad civil, esta alcanza los 13,12 casos por cada mil habitantes, frente a los 12,54 del conjunto nacional. En este ámbito, «la Región de Murcia ha necesitado año tras año desde 2007 más días que la media nacional para resolver un conflicto», subrayó.
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«La Región aporta congestión al sistema nacional año tras año. Por lo que no es solo un problema de Murcia, sino que importa para España», concluyó Mora-Sanguinetti.
El economista advirtió de que «el largo plazo de mejora que ha tenido la economía española no se ha visto reflejada en la Justicia de la Región de Murcia». De hecho, «la Justicia en el orden civil ha ido empeorando».
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La Comunidad dispone de «cinco jueces de primera instancia por cada 100.000 habitantes, mientras que otras comunidades como Asturias o Galicia tienen seis de media», señaló.
La mayor tasa de congestión de la Región se encuentra en los órganos judiciales que tratan casos de Civil (1,88), seguido de lo Social, lo Penal y, en último lugar, los juzgados de contencioso-administrativo.
Por tasa de resolución de asuntos, destacan el ámbito contencioso-administrativo, que en 2018 presentó la más elevada de la Región (1,19), seguida de la jurisdicción social (1,05) penal (0,98) y en último lugar, civil (0,93).
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El economista Mora-Sanguinetti destacó que «en Murcia se agrava una circunstancia que ya se da a nivel nacional, y es que las empresas son pequeñas», lo que repercute en cuestiones de eficiencia, como la inversión en I+D o la tendencia a la innovación.
Así, «si se hace coincidir la eficiencia judicial de la Región con la de las comunidades más avanzadas, el tamaño de las empresas crecería entre un 0,6% y un 2,8% de media», señalo.
«Hemos observado que una mayor congestión se correlaciona con mayor nivel de desempleo, un menor PIB per cápita, mayor endeudamiento por habitante y un mayor peso de la construcción o los servicios, mientras que se relaciona negativamente al desarrollo del sector industrial», explicó.
El economista destaca en su informe que, precisamente, el mayor peso de los servicios «es un posible riesgo al alza en cuanto a las cargas de trabajo soportadas por el sistema judicial de la Región», porque provocan la llegada a los tribunales de un alto número de asuntos.
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