Los divorcios vuelven a repuntar y ya alcanzan los siete de media cada día en la Región de Murcia

Tras un 'impasse' vinculado al impacto de la Covid, las rupturas matrimoniales han vuelto a llamar a la puerta. Los juzgados de la Región registraron, en el tercer trimestre del año, 696 divorcios y separaciones, de acuerdo a la estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra ya supone siete de media cada día.

Este número se traduce en un incremento del 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior y deja entrever el apuntalamiento de la reactivación de las rupturas después de que en 2020 se alcanzase el mínimo de divorcios registrados desde el año 2007. No en vano, con este incremento, Murcia se sitúa como una de las comunidades con mayor tasa de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes. Concretamente, Murcia es la cuarta región con una mayor ratio (44,8), solo superada por Canarias (51,8), la Comunidad Valenciana (49,2) y La Rioja (47,5). La media nacional es de 40,8 demandas por cada 100.000 habitantes.

La estadística revela que, en este periodo, las demandas de divorcio de mutuo acuerdo (365) crecieron un 6,4%, y las de los divorcios no consensuados (316) un 1% con respecto al año pasado. Por lo que respecta a las demandas de separación, las no consensuadas (5) se mantuvieron y las consensuadas (10) disminuyeron un 23,3%.

Las peticiones de modificación de medidas –estas permiten variar las condiciones fijadas en una sentencia anterior de divorcio siempre que se acredite un cambio real en las circunstancias personales o económicas– también variaron notablemente entre julio y septiembre. En la Región se registraron 246 modificaciones de medidas no consensuadas, un 11,3% más; y 97 consensuadas, un 27,6% más. Según explicó el Poder Judicial, a nivel nacional también repuntaron todos estos procedimientos, tanto los consensuados como los no consensuados. Esta es una tendencia que ya ha sido advertida en reiteradas ocasiones por asociación española de abogados de Familia (Aeafa), que señala que la caída significativa de los ingresos ha forzado a padres y madres a plantear ante el juez el recorte en las aportaciones económicas.

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