La Audiencia iniciará el 9 de julio el juicio contra Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras

El fiscal reclama para el popular Valcárcel, quien durante más de dos décadas fue el santo y seña del PP en la Región, hasta 11 años y medio de prisión, 20 de inhabilitación absoluta y 27 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación continuada, otro delito continuado de fraude y un tercero de malversación de caudales públicos. La acusación popular, que ejerce el letrado Diego de Ramón, va, incluso, un poco más allá y reclama hasta 15 años de prisión por presuntos delitos de fraude y malversación y 15 de inhabilitación, además de una multa del séxtuple del dinero defraudado.

En el escrito, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la Sala acuerda, como es habitual en estos casos, el señalamiento de una vista para que las partes valoren la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad. Una salida a este frente judicial que podría rebajar notablemente la pena que afronta el expresidente pero que le obligaría, en todo caso, a reconocer los cargos que se le imputan.

En el caso de que Valcárcel rechace la posibilidad de sellar un pacto, la Audiencia deberá ya fijar la fecha para el arranque de un juicio que se prevé largo y que podría aún hacerse esperar varios años. Tal y como avanzó este diario, el atasco en la Audiencia Provincial está obligando ya señalar juicios para 2027. Esta administración, tradicionalmente atenazada por la elevada litigiosidad y la falta de medios, soporta unos tiempos de respuesta cada vez más largos, por lo que la cita del expresidente con la justicia podría retrasarse bastante.

La vista del 'caso Sal II', en el caso de que ese acuerdo no fructifique, deberá comprender numerosas sesiones. Más de 60 nombres engrosan la lista de testigos que el fiscal Anticorrupción reclama que pasen por la Audiencia una vez que se inicie la vista. El expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez –condenado a tres años de cárcel por el 'caso' Auditorio'– o la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, destacan en esa extensa relación que incluye también a varios exconsejeros, como el extitular de Presidencia, Fernando de la Cierva; o la extitular de Economía, Inmaculada García. Hasta 21 de los alcaldes que regían municipios cuando Valcárcel estaba en el poder deberán también comparecer ante la Sala si finalmente se acepta la petición de la Fiscalía. Entre ellos figura el exalcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara; el de Torre Pacheco, Daniel García Madrid; o el de Totana, Juan Morales –que ingresó en prisión condenado en el 'caso Tótem'–.

La Fiscalía no tiene ninguna duda a la hora de colocar al expresidente regional al frente de la supuesta trama de corrupción en torno a la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras. En el primer párrafo de los hasta 106 folios que engrosan su escrito de acusación, el Ministerio Público se encarga de dejar claro el inmenso poder que Valcárcel ostentaba en los años en que se gestó la presunta malversación millonaria de fondos públicos en la adquisición, por parte de la Administración regional, de esta infraestructura. Un poder que, a su entender, hacía imposible que quien durante más de dos décadas fue el santo y seña del PP en la Región se mantuviese ajeno a los detalles de la tramitación de este polémico proyecto.

El Ministerio Público tiene claro que toda la trama en torno a la desaladora respondía a un «plan preconcebido» del propio expresidente, que actuó como «instigador» y que, ante los obstáculos que se fueron presentando, desplegó una «huida hacia adelante» que acabó suponiendo para las arcas públicas un sobrecoste de 74,1 millones de euros -solo en el contrato de arrendamiento de la infraestructura-.

La acusación exige, además de las penas de prisión e inhabilitación, que el alto dirigente popular -cuyo último cargo público fue el de vicepresidente del Parlamento Europeo- indemnice a la Comunidad con el importe de los 74,1 millones de sobrecoste que, considera, supuso la desaladora para la Región. La Comunidad, que ejerce como actor civil en la causa, también ha solicitado la apertura de juicio oral y exige que las arcas regionales sean indemnizadas en ese montante -74.194.332 euros- que, estima, es la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisición de la planta. En este punto tanto el fiscal como la Comunidad, que ejerce también de acusación en el procedimiento, remarcan que el acusado tendrá derecho a exigir al resto de procesados en la otra pieza separada del 'caso La Sal' que asuman una parte proporcional de este montante en base a su responsabilidad.

En su extenso escrito, el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, efectúa un pormenorizado relato que arranca con el momento de la constitución del Ente Público de Agua (EPA) por la Comunidad Autónoma en 2005. Lozano repasa, en su escrito, la creación del EPA mediante la correspondiente ley y recalca que «el hecho de que la creación del EPA fuese ajustada a derecho no obsta a que sus actos y decisiones puedan ser objeto de responsabilidad penal».

Utilizando la estructura del EPA, subraya el fiscal, Valcárcel autorizó la finalidad de construir una desaladora para no depender del suministro y disponibilidad de recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) cuando el nuevo Gobierno central del PSOE abortó el trasvase del Ebro y abogó por el programa Agua y la construcción de desaladoras estatales. Además, en ese momento planeaba una reforma de la Ley de Aguas a la que se daría luz verde ese mismo año y que condicionaba la aprobación de los planes generales de ordenación de los municipios murcianos a un informe previo de la CHS sobre esa disponibilidad de agua.

Este caso arranca, por tanto, «en un momento de confrontación política sobre el modelo de gestión del agua y de incertidumbre sobre la suficiencia de los recursos hídricos que se consideraban necesarios». En ese contexto, se aprobó la ley de creación del EPA y fue a su amparo que Valcárcel «ordenó disponer de una fuente de caudales propios procedentes de la desalación del agua de mar». El fiscal hace hincapié, no obstante, en que el entonces presidente hizo ese encargo «a sabiendas de que, tal legítima finalidad, se iba a realizar mediante una ilícita operativa».

El relato del fiscal continúa con el proyecto privado de construcción de la planta por un grupo de empresarios locales, agrupados en torno a la firma Hydromanagement; prosigue con la entrada en el proyecto de las mercantiles vinculadas al Grupo ACS de Florentino Pérez (Tedagua y las sociedades del Grupo Cobra), y acaba con la fórmula -en apariencia, tremendamente perjudicial para las arcas públicas- utilizada para la progresiva adquisición de las instalaciones por la Administración regional.

La acusación descarta que la Comunidad participase de un proyecto privado previamente existente y sostiene que «todo obedeció a un plan preconcebido y ejecutado de consuno por la parte pública y privada con una marcada falta de transparencia y un deliberado ánimo de sustraer la valoración previa de esos contratos a los organismos de la Comunidad e incluso de la Asamblea Regional». El fiscal también aprecia, en todo este supuesto plan, «una huida del derecho administrativo aplicable, aceptando el sobrecoste al erario que tal diseño implicaba en relación al menor coste de haber escogido otras fórmulas sí legales y que hubiesen contado con informe preceptivo de la Intervención de la Comunidad».