Valcárcel, Barreiro y Marqués declararán con otros 33 testigos en el juicio de 'Novo Carthago'

El expresidente de la Comunidad AutónomaRamón Luis Valcárcel será uno de los testigos en el macrojuicio por el caso Novo Carthago, una de las principales causas por presunta corrupción urbanística en la Región de Murcia que llega al estrado de la Audiencia Provincial diecisiete años después de que se iniciaran las primeras investigaciones. Valcárcel testificará en la causa abierta a dos de sus más estrechos colaboradores de aquella época de gobierno del PP, los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, que se sentarán en el banquillo junto a otros seis ex altos cargos, funcionarios y asesores, además de la empresa Hansa Urbana.

El juicio dará comienzo el 27 de febrero del año que viene y se prolongará hasta finales de abril, en plena precampaña de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Esta no es la única causa por presunta corrupción que afecta a antiguos dirigentes del PP, ya que el próximo 27 de septiembre comenzará el juicio del 'caso Auditorio', en el que está acusado el expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez. Habrá una veintena de sesiones que se prolongarán hasta el 29 de noviembre.

En la causa de 'Novo Carthago', además del expresidente Valcárcel declararán el exconsejero Francisco Marqués y la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, junto a otros 33 testigos propuestos por las partes, muchos de ellos altos cargos, funcionarios y asesores de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, según figura en la providencia dictada el pasado día 8 por los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

Estos han distribuido las sesiones en cuatro jornadas iniciales de cuestiones previas e interrogatorios a los acusados, entre los días 27 y 28 de febrero y 1 y 6 de marzo. Le seguirán otras seis sesiones de declaraciones de los testigos, y una última para la presentación de pruebas periciales y de documentos.

A los implicados, que fueron altos cargos durante la etapa de Gobierno de Ramón Luis Valcárcel, como es el caso de Cerdá, Bascuñana y varios ex directores generales, se les acusa presuntamente de participar en actuaciones dirigidas a introducir modificaciones urbanísticas para convertir en urbanizables unos terrenos que gozaban de protección ambiental, ubicados junto al Mar Menor, cerca del monasterio de San Ginés de la Jara. Sobre tales terrenos se proyectó una macrourbanización de 10.000 viviendas, hoteles y campos de golf, promovida por la empresa Hansa Urbana. Los acusados supuestamente trataron de favorecer el proyecto. La empresa también está encausada.

En la larga relación de testigos figuran numerosos técnicos y funcionarios de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma, con cargos anteriores y actuales, entre ellos Francisca Baraza, actual delegada del Gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, así como Francisco Marín Arnaldos, director general de Medio Ambiente de la Consejería. También lo hará Francisco Vitoria Jumilla, responsable de la Oficina de Cambio Climático de la Comunidad; además de Encarna Muñoz, que fue directora general de Medio Natural.

Asimismo declararán los arquitectos Rafael Pardo Prefasi y Carlos Felipe Iracheta Aguilar. Entre los ex altos cargos y políticos han sido citados Antonio Navarro Corchón, actual concejal de Murcia, y los exediles del PP de Cartagena Agustín Guillén y José Fidel Saura; además de Reyes Sánchez, ex secretaria general de la Consejería de Industria y Medio Ambiente; y José María Bernabé; ex secretario general de la Consejería de Obras Públicas.

Completan la lista de testigos el empresario Juan Rafael Galea, que promovió la urbanización 'Novo Carthago' en el año 2002, y su hijo. Para la fase pericial han sido citados un inspector de la Policía Nacional y otro de la Agencia Tributaria.

El titular del juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, notificó a los acusados en marzo de 2019 que irían a juicio. El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, atribuyó a Antonio Cerdá los delitos de falsedad en documento público y de prevaricación, por los que reclama una condena de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación. A Joaquín Bascuñana le acusa de prevaricación, con una condena solicitada de seis años y medio de inhabilitación. A María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo, se le piden tres años y ocho meses de prisión.

El resto de encausados, el ex director general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado; el ex director general de Administración Local y de Urbanismo Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Urbanismo José María Ródenas Cañada y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo Luis María Romero Agulló, están señalados por presunta prevaricación en calidad de partícipes. Estos presentaron recurso ante la Audiencia, que fue desestimado. Finalmente, en febrero del año pasado se señaló el juicio para el próximo año. Además de la Fiscalía, Anse forma parte de la acusación.

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