La Audiencia arrastra a juicio al conservero Navarro Salinas por la presunta estafa de 28,5 millones al Info

Navarro Salinas fue procesado por presunta estafa en julio del año pasado, cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, dictó el auto de procedimiento abreviado contra este industrial y cuatro grandes compañías alimentarias a la que estuvo vinculado, Cofrusa, Halcón Foods, Conservas Fernández y Mediterránea Alimentación. Con ello ponía fin a la investigación judicial que se inició en 2011 para establecer si hizo un uso fraudulento del dinero que percibió, avalado por el Info, con la aparente excusa de que iba a reflotar Halcón Foods y Conservas Fernández. Algo que nunca hizo.

La eventual pérdida de cientos de puestos de trabajo fue la que decidió a los responsables de la Administración regional a apoyar el plan de viabilidad presentado por Navarro Salinas, que aseguró necesitar un préstamo de 35,6 millones de euros para sacar adelante esas empresas y asegurar la pervivencia de 550 empleos. Lo que hizo, sin embargo, cuando recibió el dinero, estaba presuntamente muy lejos de lo prometido. Así, de los cuatro millones comprometidos para el pago de indemnizaciones por ERE, solo habría abonado tres; de los nueve que iban a ir al pago de proveedores solo se destinaron 5,6; se desviaron casi doce millones a la firma Cofrusa por contratos suscritos con Halcón Foods y Conservas Fernández en condiciones de claramente perjudiciales para estas últimas; los dos millones de la ampliación de capital de la firma Mediterra Alimentación se destinaron a un plazo fijo, y otros dos millones fueron pignorados en favor del Banco Popular, que los había exigido como condición para autorizar el préstamo.

Cuando se hizo evidente que el dinero no iba a permitir salvar las dos compañías del Grupo Halcón, Navarro Salinas todavía reclamó al Info un nuevo aval de 22 millones de euros, que lógicamente ya no se le concedió.

La defensa de este empresario recurrió el auto de procedimiento abreviado ante la Audiencia Provincial, aduciendo que no existía indicio alguno de delito y que el Info había estado en todo momento al tanto de los planes y del destino de los fondos. Y que al no mediar engaño alguno tampoco es posible hablar de estafa.

Sin embargo, tales argumentos fueron rechazados por el tribunal, que considera que no tiene sentido alguno que «una parte muy considerable» de los fondos, que debieron destinarse al reflotamiento de las empresas de Campos del Río y Calasparra, se desviaran a Cofrusa. Y entre los indicios que apuntan a que Navarro Salinas albergaba «un propósito defraudatorio» con anterioridad a la percepción del préstamo destaca el hecho de que solo tardó unos días en dirigir doce millones hacia las cuentas de su propia mercantil, Cofrusa, en claro perjuicio de las otras dos compañías.

Con la confirmación del procesamiento, el industrial se ve abocado a sentarse en el banquillo de forma casi irremisible, pues bastará con que alguna de las acusaciones -Fiscalía, Info y UGT- formule acusación para que se abra juicio.