El atasco en la Audiencia obliga a señalar ya los juicios con hasta dos años de retraso

Días atrás, un abogado recibió la notificación de que uno de los asuntos más relevantes que lleva en su despacho ya tenía fecha para el juicio. «¡Me lo han señalado para el año 2021! ¡Casi con dos años de atraso!», venía a explicar. En su tono se mezclaban el lógico estupor con una cierta satisfacción, derivada esta última de la convicción de que su cliente no lo tiene sencillo para salir airoso del trance -con lo cual, cuanto más lejos esté la resolución del caso, mejor- y la seguridad de que este retraso le ofrece alguna ventaja jurídica. «Sin lugar a dudas, cuando llegue el momento pediré la aplicación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas», señaló. Lo cual significa que, de ser aceptada por el tribunal, habrá una rebaja más o menos sustancial en las penas que se puedan llegar a imponer a los encausados.

Aunque la circunstancia de señalar un juicio con un plazo de dos años por delante puede resultar insólita, no lo es en términos de la Administración de Justicia española. Incluso cabría sostener que la situación que atraviesa la Audiencia Provincial de Murcia es bastante llevadera, en comparación con lo que ocurre con este mismo órgano en otras provincias, en las que ya se están señalando vistas para el año 2023.

El hecho de no tener la Audiencia más atascada de España -como sí llegó a pasar en 2015- no implica que no exista un problema serio. Datos oficiales, facilitados a 'La Verdad' desde el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), ponen de relieve que el retraso actual en las dos salas que concentran los asuntos penales está en torno a los doce meses, en el caso de la Sección Tercera, y de dieciocho meses en la Segunda, que esta semana ha señalado el último de sus juicio para el 12 de noviembre de 2020.

Existen, además, situaciones excepcionales como el referido en el arranque de esta información, que se producen cuando un asunto es especialmente complejo y obliga a reservar una o dos semanas consecutivas para la vista. La ausencia de huecos tan amplios en el 'libro' de señalamientos provoca que haya que desplazar el juicio varios meses más allá de lo habitual. De esta forma, la Sección Segunda ya tiene fijada una vista para los primeros meses de 2021, mientras que la Tercera tiene uno para mayo de ese mismo año.

La otra cara de la moneda se encuentra en las llamadas «causas con preso», en las que alguno de los acusados se encuentra privado de libertad y que, por esta razón, se tramitan con la mayor urgencia posible. En estos casos, el señalamiento del juicio no suele ir más allá de los dos o tres meses.

Tanto la Sección Segunda como la Tercera, las dos salas que aglutinan los procedimientos penales en la Región y que coincide que son las más saturadas, disponen en la actualidad de cuatro magistrados y otro de refuerzo, lo cual eleva de manera muy sensible la capacidad de resolución de estas causas. Una sala tipo, sin refuerzos, suele celebrar unas tres sesiones de juicios a la semana, lo cual se traduce en unas 120 jornadas de trabajo al año. El hecho de sumar un magistrado de refuerzo ya permite elevar a cuatro las sesiones semanales para celebrar juicios, hasta completar la cifra de 160 al año, mientras que disponer de dos refuerzos por sección permite alcanzar la cifra de 240 jornadas de trabajo al año.

En general, lo que vienen haciendo los profesionales adscritos a estas salas es fijar cuatro días a la semana para la celebración de las vistas orales y dedicar el quinto a la deliberación y fallo de los asuntos que ya han visto.

También se establecen jornadas completas a ver numerosos asuntos que se pueden cerrar por la vía de la conformidad entre las acusaciones y las defensas.

La Sala de Gobierno del TSJRM viene reclamando desde hace años la necesidad de aumentar en dos plazas de magistrado las secciones penales de la Audiencia Provincial. Y, aunque la reivindicación no ha sido atendida en su totalidad, las previsiones de ampliación de la planta judicial por el Ministerio de Justicia apuntan a que este año se verán incrementadas en un magistrado, según señalan las mismas fuentes.

El refuerzo de la plantilla en los últimos años, sumado al esfuerzo personal de los jueces adscritos a estos tribunales, se está traduciendo en que el porcentaje de resolución es superior a la media nacional. Comparando los datos de 2015 con los de 2018 se puede constatar que se ha pasado de resolver 50 sumarios al año a 69, y de 127 procedimientos abreviados a 217.

Este «ingente esfuerzo», como se califica desde el TSJ, ha hecho que la cifra de asuntos atascados en ambas salas haya pasado de los 1.860 que en 2015 estaban a la espera de resolución a los 837 acumulados a finales de 2018. Además, el tiempo medio de respuesta a estos procedimientos penales ha disminuido en la Sección Segunda desde los 6,14 meses de 2015 a los 2,7 meses actuales, y en la Tercera, desde 4,7 meses a 3.

Con todo, el atasco no ofrece visos de que pueda tener una rápida solución, ya que el número de causas que llegaron a estas dos salas en 2018 superó las 3.200, mientras que la cifra de asuntos resueltos al cabo del año fue prácticamente idéntica. Esto significa que, de no acometerse un refuerzo muy importante en los medios personales con que cuenta este órgano judicial, el volumen de causas pendientes de resolución va a continuar casi inamovible.

Ambas secciones superan con creces el módulo de entrada razonable de procedimientos que fija el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que se sitúan en el 142% (Sección Segunda) y en el 123% (Sección Tercera) en relación con ese índice orientativo (100%).