Asociaciones judiciales de la Región piden derogar el artículo que acorta los plazos de instrucción

Diferentes asociaciones judiciales y fiscales de la Región emitieron este lunes un comunicado conjunto sobre las limitaciones temporales que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamento Criminal (Lecr): «las diligencias de instrucción se practicaran durante el plazo máximo de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de diligencias previas». Se produce el mismo día que el TSJ de Murcia se pronunció sobre esta cuestión, declarando que «produce efectos negativos en la eficacia de la persecución penal».

El comunicado viene motivado por el deseo de manifestar diversas reflexiones sobre el archivo de determinadas causas penales en la Región debido al transcurso de los plazos máximos. Lo firman las secciones territoriales de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales.

Las asociaciones recuerdan que este problema ya se había previsto y adelantado. La principal causa es la «ligereza del legislador» por introducir una limitación temporal «sin un estudio serio del tiempo que se ha de emplear necesariamente para la instrucción de las causas penales y de las posibilidades reales de medios humanos y materiales» con las que cuentan órganos judiciales y fiscalías. De hecho, asegura el comunicado, la evidencia demuestra que no es posible abarcar el volumen de anual de asuntos.

Uno de los motivos es que «el juez debe de estar presente en cada una de las diligencias que se practican». Esto hace «casi imposible» que una causa judicial que no siga los cauces del juicio rápido se instruya en el periodo marcado de seis meses, salvo en un número muy limitado de delitos. Este hecho fue ignorado por el legislador, pese a que se le advirtió que «podría generar graves espacios de impunidad inadmisibles en un Estado de Derecho».

Una vez aplicada la nueva normativa, las asociaciones consideran incomprensible que no se produjera «un incremento muy relevante de las plantillas de jueces y fiscales». El comunicado recuerda que la Región es una de las comunidades donde «el número de jueces y fiscales es más bajo proporcionalmente», dentro de un país que en estos datos ocupa las últimas posiciones en el entorno del Consejo de Europa. Estos errores acaban derivando en que, ante casos de corrupción en el ámbito político y otros supuestos de responsabilidad criminal por hechos muy graves, «se dé la situación actual de posible falla en nuestro Estado de Derecho».

Este «temor» aumenta por el hecho de que en «estos escasos y rígidos lapsos de tiempo» deben sincronizarse varios mecanismos necesarios durante el proceso sin que haya un adecuado sistema de alertas que avise de la expiración de los plazos. Se trata de operaciones como las peticiones de la Fiscalía, el trabajo de recepción y traslado que la oficina judicial ha de dar a las partes para que se pronuncien y la resolución final del juez.

Teniendo en cuenta estas complicaciones, las asociaciones concluyen con la decisión de «instar de inmediato a nuestro poder legislativo a que derogue, o cuanto menos reforme, la actual redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal», si no se conceden los medios técnicos y humanos que requiere. «Un verdadero Estado de Derecho precisa de una Justicia con mayúsculas, ágil, sí, pero sobre todo justa, y para ello debe de contar con los medios necesarios para tal fin», zanjan.