Partido Popular y Vox liquidan el Consejo de la Transparencia y crean un Comisionado

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia ya es historia, nueve años después de su puesta en marcha. La Asamblea reformó ayer la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana, de 2014, en un Pleno retomado una semana después de su suspensión por la negativa del diputado de Podemos Víctor Egío a abandonar la sala de la que fue expulsado por la presidenta, Visitación Martínez. El principal cambio es la sustitución del Consejo de la Transparencia, formado por 18 miembros que garantizaban la representatividad social, por un comisionado único que será propuesto en los próximos días por Vox, deberá ser designado por la Asamblea cada cuatro años y tendrá sueldo público.

La norma reformada, que tendrá vigencia en cuanto salga publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, finiquita el órgano independiente que existía en la Comunidad Autónoma para el control en materia de transparencia, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho de acceso a la información pública. El cambio salió adelante por empeño de Vox y el apoyo de su socio de Gobierno, el PP, que cumple así un acuerdo de investidura de López Miras y lo justifica con que dicho cambio dará mayor agilidad y eficacia administrativa. PSOE y Podemos votaron en contra.

La otra gran novedad es la creación de la Comisión de la Transparencia como «órgano colegiado independiente», según figura en el texto reformado. Su cometido será resolver las reclamaciones que se planteen por parte de ciudadanos y representantes de colectivos en relación al acceso a la información pública. Estará compuesta por el comisionado de Transparencia y cuatro vocales: un representante designado por la Comisión Interdepartamental para la Transparencia, otro del Consejo Jurídico de la Región, un alto funcionario de la asesoría jurídica de la Comunidad y el secretario general de la consejería competente en dicha materia.

El vicepresidente y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, avanzó ayer que su intención es proponer el nombramiento del primer comisionado de Transparencia para su elección en el Pleno de la Asamblea Regional previsto para el próximo 10 de julio. No obstante, cabe la posibilidad de que pueda retrasarse una semana por razones de planificación parlamentaria. Y reconoció que aún no había comunicado a López Miras el nombre del candidato a ocupar dicho puesto.

Según la ley, el comisionado será designado por la Asamblea entre candidatos de «reconocido prestigio y competencia profesional». Y deberá obtener una mayoría de dos tercios de los miembros de la Cámara en la primera votación, es decir, treinta votos, o de la mayoría absoluta en una segunda, veintitrés. PP y Vox suman 30 de los 45 escaños.

El portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, aseguró que «es una reforma buena para garantizar la transparencia y la independencia de este órgano». Y su homólogo de Vox, Rubén Martínez, añadió que permitirá «homogeneizar la información que la Administración pública pone al servicio del ciudadano», así como fiscalizar el trabajo de los diputados regionales, «para que no seamos objeto de bulos y para que no oculten con discursos victimistas la verdadera realidad de esta Asamblea o de cualquier cargo público».

Sin embargo, la diputada socialista Lola Jara acusó a los promotores del cambio de enterrar el Consejo de la Transparencia «para que la ciudadanía no esté informada y, en su lugar, moldear una sociedad al servicio de sus propios intereses». El interés de los partidos de la coalición, añadió, es gestionar la Comunidad Autónoma «a su libre albedrío, como si fuera un chiringuito. Nuevamente, la ultraderecha marca el paso en nuestra Región y el PP claudica ante Vox».

También la portavoz del Grupo Mixto, María Marín, consideró que PP y Vox crean «un chiringuito como pago a la ultraderecha por mantener al señor López Miras en su poltrona». La parlamentaria de Podemos aseguró que quien ocupe ese puesto cobrará 80.000 euros anuales y que supondrá también la creación de «cinco contratos a dedo que nos van a costar a la ciudadanía casi 600.000 euros al año».

Desde que hace dos años el exjuez Julián Pérez-Templado presentó su dimisión como presidente, la actividad del Consejo de la Transparencia apenas ha tenido relevancia pública y ha sido con frecuencia fuente más de pugna política. No obstante, ha resuelto más de 350 expedientes de reclamaciones de información de los ciudadanos, ha realizado las memorias de actividades de los dos últimos años y ha elaborado los informes de evaluación de publicidad activa, entre otros asuntos. En el último año y medio, ejerció como presidenta interina Juana Pérez, por el Consejo Económico y Social.

El renovado Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana de la Región de Murcia inició ayer una nueva etapa con el objetivo de responder esta legislatura a más de un centenar de asuntos sobre participación ciudadana en la Administración. Así lo dijo el vicepresidente, José Ángel Antelo, tras presidir en Cartagena la primera reunión de este órgano de colaboración de la sociedad civil compuesto por una veintena de representantes de la Administración y de diez entidades elegidos por sorteo entre los 32 que pidieron formar parte de él. Entre ellos, hay representantes de asociaciones de vecinos, como la de La Alberca, ecologistas y gestores de cantinas de institutos.

Antelo aseguró que el compromiso del Gobierno regional pasa «por incentivar la participación ciudadana» y, por eso, anunció que «se van a someter a participación tres planes y estrategias de suma importancia para la ciudadanía como son la Estrategia de Paisaje Mar Menor, el primer Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía de la Comunidad y el Plan Estratégico de Cartografía e Información Territorial de la Región de Murcia 2024-2028».

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