La Asamblea aprueba la ley que evitará el uso partidista de la publicidad institucional

La Asamblea Regional aprobó por unanimidad la ley regional de Comunicación y Publicidad Institucional que evitará que la publicidad que se realice desde las instituciones públicas en la Región se pueda identificar con algún partido político o que sirvan para destacar los logros de gestión u objetivos alcanzados por el Ejecutivo. Según el texto, la publicidad tampoco podrá inducir a confusión con los símbolos, lemas, ideas o imágenes que emplee cualquier formación política.

La ley también evitará la publicidad de mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los derechos constitucionales, así como aquellos que inciten a la violencia.

Durante el debate parlamentario, el portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, detalló que la ley tiene como objetivos la transparencia y la preservación «de la lealtad institucional y la pluralidad de los medios». La norma, añadió, «establece garantías para asegurar que las campañas institucionales de comunicación y publicidad sean útiles a los ciudadanos y no al gobierno que las promueve».

El PP reprochó a Podemos que esta ley pretenda «controlar» a los medios de comunicación, una acusación que Urralburu desmintió criticando al PP por «llamar a los medios de comunicación amenazando con retirar campañas de publicidad; esto se va a acabar con esta ley».

La 'popular' Isabel María Soler manifestó que se trata de una ley «de mínimos, con solo 14 artículos» e indicó que «no gusta a nadie», en alusión a las 48 enmiendas que presentó el PSOE al texto. Además, apuntó que «muchos aspectos» que refleja la ley «ya los está haciendo el Gobierno»,como la realización de un plan anual de comunicación y publicidad o publicar en el portal de la Transparencia los contratos con cuantía superior a los 15.000 euros.

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel López-Morell, apuntó que «no se debe utilizar el dinero público para la propaganda». A su juicio, la ley es una «herramienta para regenerar la vida política». Durante su intervención destacó que la ley «clarifica la publicidad institucional y evita una publicidad confusa», aunque señaló que esta norma «clona a la de La Rioja».

Por parte del PSOE, Emilio Ivars, manifestó que la ley evitará que se realicen campañas de publicidad desde las instituciones para mejorar la imagen de cargos públicos y que las administraciones no puedan patrocinar actos que pongan en cuestión los principios de la ley «como por ejemplo el Día del Macho Ibérico», afirmó recalcando que se trata de una ley «de las más innovadoras».

Tras la votación de la ley, la consejera de Transparencia, Noelia Arroyo, tomó la palabra manifestando que se trata de una ley «positiva», aunque considera que se trata de una ley «vieja» porque «si el Gobierno se limita a hacer lo que cumpla la ley, daremos mucha menos información que actualmente», aseguró antes de añadir que el Gobierno regional está trabajando en la planificación de las campañas, algo que se puede «contrastar y verificar». No obstante, señaló que la ley promueve que los ayuntamientos «comiencen a ser igual de transparentes que está siendo el Ejecutivo».

Al término del debate, Noelia Arroyo y Óscar Urralburu protagonizaron un rifirrafe a propósito de la publicación del manual de identidad corporativa, que recoge cómo debe regirse la comunicación institucional en la Comunidad. Y es que Urralburu reprochó al Gobierno que no haya publicado aún en el Boletín Oficial de la Región (BORM) el citado documento. Una acusación que Arroyo replicó asegurando que sí que se incluyó en el BORM del pasado 20 de marzo. Arroyo completó está aseveración acercándose a Urralburu y entregándole una copia del citado documento, en un gesto que no gustó al portavoz de la formación morada y que levantó los aplausos de la bancada 'popular'.

Tras la sesión, el portavoz de Podemos precisó, en declaraciones a 'La Verdad', que el Gobierno regional solo publicó unas imágenes de referencia para el manual, y que actuó así para evitar una denuncia de su partido ante los tribunales por la presunta vulneración del artículo 4 de la Ley 29/2005. El incumplimiento consistiría, según Urralburu, en que la campaña institucional de la Región lanzada por el Ejecutivo usó dos tipos de color azul similares a los que emplea el Partido Popular.

Arroyo señaló a este diario que el BORM recogió «lo que procede» legalmente y que dio instrucciones, este jueves, para publicar en la web de Transparencia este «documento interno».