El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la trama murciana de la 'operación Púnica' alcanzó este lunes su momento culmen. Semanas ... después de que arrancase la vista por una de las mayores investigaciones de corrupción desarrolladas en España en las últimas décadas llegó el momento de escuchar a los acusados, que habían pedido declarar en último lugar.
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Este macrojuicio, que vive ya sus últimos coletazos, sienta en el banquillo a Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo del Gobierno regional, junto a tres de sus antiguos colaboradores en ese departamento y a varios supuestos conseguidores aventajados de contratos públicos, encabezados por quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso. La fiscal considera que el empresario Alejandro de Pedro, supuesto cabecilla de esta trama, junto a Alonso, su supuesto socio, aprovecharon su influencia en la Región para ofrecer trabajos personales de reputación al exconsejero Ruiz que serían camuflados simulando un contrato de publicidad cargado al Instituto de Turismo, que dirigía en ese momento dirigía Mariola Martínez.
La gran mayoría de los acusados decidieron este lunes limitar sus palabras, contestando únicamente a las preguntas de sus propios abogados defensores y eludiendo el trance de tener que someterse al interrogatorio de la fiscal, la acusación popular -que ejercen el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade)- o el resto de partes. El que no optó por esa estrategia fue Francisco Javier Bueno, uno de los acusados que fue 'mano derecha' de uno de los presuntos líderes de la 'trama Púnica', Javier de Pedro, y que está considerado uno de los principales arrepentidos del caso. En su extensa declaración, Bueno confirmó que la trama llegó a recibir el visto bueno para realizar esos supuestos trabajos de reputación al exconsejero Ruiz.
Este procesado figuraba como director comercial de una de las empresas de la trama, aunque él sostuvo que, en realidad, De Pedro le hizo un favor porque llevaba dos años sin trabajar y se estaba separando y se definió a sí mismo como un «correveidile». En esa faceta, el acusado llegó a reconocer haber participado en varias reuniones con miembros de la Administración regional en las que, aseguró, no se abordó directamente ningún trabajo relacionado con esos supuestos trabajos de reputación para Ruiz. Más tarde, recalco, sí llegó a ver un presupuesto destinado a impulsar la imagen del entonces consejero en su carrera a San Esteban.
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Uno de esos primeros encuentros que Bueno detalló lo mantuvo De Pedro y él mismo con José Fidel Saura, quien era jefe de gabinete del exconsejero, según su declaración. «Veníamos de parte de Alonso», explicó este acusado, que aseguró además que siempre pensó que el exalcalde de Cartagena era socio de De Pedro. «En esa reunión, al final, hubo un chascarrillo de que Ruiz se podría presentar a la presidencia de la Comunidad y dijeron que necesitaría más visibilidad».
Tras varias reuniones, este acusado -que no quiso contestar a las defensas del resto de acusados- sostuvo que estaba convencido de que trabajaba en la mejora de la imagen del turismo regional. «No tenía por qué dudarlo», remarcó. «Yo a De Pedro no le preguntaba mucho». Este procesado, en cuyo ordenador aparecieron documentos claves para la causa, reconoció a preguntas de la fiscal que las empresas de la trama llegaron a elaborar documentación clave para este contrato -«De Pedro me dijo que tenían que haberlo hecho la Administración, pero lo haríamos nosotros»- y que incluso buscaron tres empresas para presentar supuestas ofertas a un concurso que, según su versión, estaba ya claro que ganaría la firma de De Pedro.
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Las declaraciones del resto de acusados fueron mucha más escuetas. Mariola Martínez, la exdirectora de Turismo, solo contestó a las preguntas de su abogado, Evaristo Llanos. En su intervención sostuvo que el empresario De Pedro llegó un día a su despacho y le presentó directamente una propuesta que, aseguró, estaba centrada en todo momento en el impulso del turismo en la Región. Martínez remarcó, no obstante, que siempre dejó las decisiones en manos de los técnicos. «Yo no sabía de qué se trataba», incidió. La acusada reconoció haber firmado la resolución final del contrato. Subrayó, no obstante, que ni participó en la elaboración ni prestó mayor interés a ese contrato de 24.000 euros que era apenas una minucia en un organismo que movía unos cinco millones de euros anuales. «Había otras cosas más importantes», remarcó.
Los magistrados de la Audiencia Nacional también escucharon este lunes al exalcalde Alonso que subrayó que mantenía contacto con personas de diferente signo político pero nunca utilizó esos cables para favorecer a las empresas de la trama con las que, aseguró, tenía un contrato de colaboración. El exalcalde de Cartagena reconoció haber actuado de enlace entre Fidel Saura, exjefe de gabinete de Ruiz, y De Pedro para fomentar la venta del turismo náutico regional. «No me he reunido nunca con ningún responsable político de la Consejería ni del Gobierno regional», recalcó. «Nunca hablé con Ruiz ni quise tener nada que ver con esto». Su hermano, Agustín, también declaró este lunes ante el tribunal confirmando ese interés por promocionar los activos del turismo regional. «Vivíamos cerca del Mar Menor y creíamos que podía ser un buen trabajo».
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El empresario De Pedro, supuesto cabecilla de la trama, también incidió, al ser interrogado por su defensa, en esos supuestos trabajos centrados únicamente en la promoción del turismo en Reino Unido. «Hicimos una prueba y ya captamos 4.000 seguidores», remarcó. «Los técnicos alucinaban». Este martes llega el turno del exconsejero.
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