Archivan en Caravaca una causa de Vélez y Navarro por haber expirado el plazo legal

Dos exalcaldes de Calasparra, los socialistas Jesús Navarro y José Vélez, hoy delegado del Gobierno en la Región, acaban de ser definitivamente exculpados de una presunta percepción ilegal de retribuciones en el Ayuntamiento de esa localidad, ya que el plazo máximo legal de seis meses para investigar expiró sin que hubieran sido citados siquiera a declarar como investigados. Así lo establece la Sección Segunda de la Audiencia Provincial en un auto, de fecha 17 de julio y al que LA VERDAD ha tenido acceso, en el que se establece que no hay necesidad alguna de que la magistrada a la que correspondieron esas diligencias, Antonia Moya, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz, motive adecuadamente la decisión de archivar el procedimiento, ya que la superación de ese plazo aboca de manera irremisible al sobreseimiento.

El año pasado, este mismo juzgado ya archivó por esa misma razón el llamado 'caso Acal'», cuya investigación se inició en 2016 para determinar si el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz incorporó a los expedientes de varios planes urbanísticos unos informes jurídicos falsarios y hechos a medida, que habrían sido elaborados por dos letradas del gabinete legal Acal.

El nuevo procedimiento 'fallecido' por la vía de la superación de los plazos recogidos en el polémico artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se abrió en el año 2017, a raíz de una denuncia presentada por el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Calasparra, Carlos Alajarín. Este sostenía que desde el año 1999, los socialistas Jesús Navarro y José Vélez, que ocuparon la alcaldía de la localidad en sucesivos periodos, podían haber llegado a percibir entre ambos unas retribuciones supuestamente ilícitas de 100.000 euros, por conceptos como asistencia a Pleno y a Junta de Gobierno. Y es que ambos se encontraban liberados para el ejercicio de sus cargos públicos y percibían por tal razón una retribución fija, lo que les impediría en apariencia la recepción de cualquier otro emolumento de las arcas municipales.

Esta denuncia, que ya había sido previamente presentada en la Fiscalía Superior y archivada por no presentar apariencia delictiva, dio origen a las diligencias 75/2017 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz. Y el 6 de febrero de 2017 se dictó el primer auto de sobreseimiento, aunque el procedimiento se reabrió en agosto después de que la acusación particular de Ciudadanos presentara un recurso. El juzgado reclamó al Ayuntamiento de Calasparra que emitiera un informe sobre las retribuciones percibidas por José Vélez.

Curiosamente, en apariencia no se notificó al denunciante y recurrente que el caso volvía a estar abierto. La siguiente noticia del juzgado la recibió el 2 de marzo de 2018, a falta de solo 12 días para que expirara el plazo máximo ordinario de investigación, cuando la juez Moya dictó una providencia interesando un pronunciamiento sobre si era necesario declarar la complejidad de las diligencias. Para ese momento, Vélez ni siquiera había sido citado a declarar.

La respuesta del fiscal fue que no se daban las condiciones para que el procedimiento se declarara complejo, lo que habría dado un margen de otros 18 meses para investigar, y aunque la acusación insistió en que se citara como imputado al exalcalde socialista, nada más se hizo.

Diez meses después, la magistrada dictó un nuevo auto ordenando el archivo de las diligencias, que la acusación consideró carente de la necesaria motivación. Por esa razón recurrió a la Audiencia, que ahora ha declarado que, pese a que siempre es necesario que ese tipo de resolución esté debidamente razonada, en este caso huelga hacerlo ya que la investigación estaba 'caducada' desde el 14 de marzo de 2018.

Hasta ese momento, la instructora, de haberlo estimado necesario, podría haber tomado declaración como investigado a Vélez. Pero no habiéndose producido tal hecho, las diligencias están irremisiblemente condenadas al archivo, pues no se puede llevar a nadie a juicio sin haberle ofrecido la oportunidad de declarar y defenderse de las imputaciones.

En el caso de Jesús Navarro, que en ese momento disfrutaba de un fuero especial como diputado de la Asamblea Regional, la única opción de imputarlo habría consistido en remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia, lo que tampoco se hizo.