La aplicación de la eutanasia en la Región de Murcia: una de cada tres solicitudes es rechazada

Como Ada, otros cinco pacientes han visto rechazada su solicitud de ayuda para morir en la Región de Murcia desde que la Ley de Eutanasia empezó a andar a mediados de 2021. Representan un tercio de las apenas 17 peticiones presentadas en todo este tiempo, según los datos facilitados por la Consejería de Salud. Es un balance que contrasta con el que ofrecen otras comunidades. Los últimos datos nacionales corresponden a 2022: ese año se registraron 576 solicitudes en toda España, pero de ellas solo 5 correspondieron a la Región de Murcia (de las que 2 constan como llevadas a efecto). «El número de peticiones es sorprendentemente bajo (representan el 0,86% del total) y todavía es más bajo el de prestaciones realizadas», advierte Abel Novoa, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) en la Región y coordinador del grupo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc).

El vicepresidente de la Comisión de Garantías, el médico Joaquín Jiménez, apunta como «hipótesis» a «factores socioculturales», desde la importancia de la familia a un mayor peso de la religión. Las tasas de eutanasia son más altas en comunidades del norte como Navarra y País Vasco, señala. Pero, para Abel Novoa, la «idiosincrasia» de una población «más conservadora» puede explicar las diferencias solo en parte. El presidente de la ADSP sospecha de «una objeción de conveniencia por parte de los médicos», que aluden a «no tener tiempo, no conocer el proceso o no saber a quién preguntar». A ello se suma, «probablemente, un obstruccionismo activo por parte del personal sanitario más ideologizado».

También la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) cree que las cifras reflejan que «algo no va bien» en la Región de Murcia. «Para empezar, hay personas en la Comisión de Garantías que se manifestaron en su día públicamente en contra de la eutanasia», advierte Fernando Marín, vicepresidente de esta organización. DMD ha denunciado el caso de Ada al entender que se vulneraron sus derechos. En primer lugar, porque el proceso se alargó durante meses, cuando la ley establece un límite de 35 días. De acuerdo a la información facilitada por la asociación, la familia de Ada presentó una primera solicitud en febrero de 2023 que fue acompañada de un informe favorable de su médica responsable. Sin embargo, el procedimiento no avanzó. Hubo que presentar una reclamación para que se designase, dos meses después, a los médicos consultores que debían analizar el caso. Ambos profesionales, un neurólogo y un psiquiatra, consideraron que se cumplían los requisitos fijados en la ley. Pero no llegaron a la misma conclusión el médico y la jurista de la Comisión de Garantías encargados del dictamen final, que fue desfavorable. Tras un recurso, el pleno de la Comisión ratificó este dictamen.

La aplicación de la eutanasia a pacientes que ya no pueden expresar su voluntad cuando llega el momento de llevar a efecto la prestación se ha convertido en uno de los aspectos que más controversia suscitan, pese a que la ley avala la validez del testamento vital. Sin entrar a valorar el caso concreto de Ada, el presidente de la Comisión de Garantías, el médico intensivista José Manuel Allegue, señala que «hay sentencias en Valencia y Andalucía» que respaldan las denegaciones de la eutanasia a este tipo de pacientes con procesos neurodegenerativos, aunque hayan dejado por escrito en el testamento vital su deseo de acogerse a esta prestación. «Una persona con un alzhéimer avanzado no puede expresar si padece un sufrimiento físico o psíquico, y esto representa un problema que debe abordarse en las comisiones de trabajo del Ministerio para unificar criterios», apunta, por su parte, el vicepresidente de la comisión, Joaquín Jiménez.

«En otras comunidades se están emitiendo informes favorables en este tipo de casos», responde Fernando Marín, quien denuncia que Ada sufrió «un maltrato institucional». Cuando la familia recurrió al Contencioso Administrativo, Abel Novoa firmó como perito un informe que advertía de que la paciente presentaba «un sufrimiento psicológico, existencial y social intenso» que ella «quiso evitar en todo momento, una vez fue consciente de su diagnóstico». No solo no se respetó su voluntad, denunció Novoa, sino que fue sometida «a un trato denigrante e indigno».

Los responsables de la Comisión de Garantías defienden, frente a las críticas, que la ley se aplica con normalidad en la Región, y niegan que haya retrasos reseñables. Ponen en valor la figura de un médico de enlace que en cada área de salud se encarga de resolver las dudas de los facultativos y de derivar los casos a equipos especializados de médicos consultores cuando es necesario. Según datos de la Consejería de Salud, en la Región hay 127 sanitarios registrados como objetores de conciencia, de los que 88 son médicos de familia.

El Ministerio de Sanidad elabora un informe anual con el balance de la aplicación de la prestación de la eutanasia en España, y algunas comunidades publican su propio informe. No es el caso de la Región de Murcia pese a que la norma insta a «elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley en su ámbito territorial concreto». Esto permitiría conocer aspectos que a día de hoy no están aclarados, como el tiempo medio de espera para la resolución de los expedientes o cuántos solicitantes fallecen antes de que puedan acogerse a la prestación. En toda España, un tercio de las personas solicitantes mueren durante la tramitación de la ayuda.