La Ley de Dependencia nació en diciembre de 2006 con el ambicioso objetivo de constituirse en un nuevo pilar del estado del bienestar. Su desarrollo, sin embargo, se vio pronto cortocircuitado por la crisis financiera de 2008 y los recortes que siguieron después. El sistema cogió aire con la recuperación económica, pero a día de hoy continúa lastrado por largos procedimientos burocráticos, las «ridículas cuantías de las prestaciones», «la baja intensidad de los servicios» y una «deficiente financiación». Lo advierte la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un informe hecho público este lunes que analiza los 18 años de Ley de Dependencia.
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En estas casi dos décadas, 900.000 personas han fallecido en toda España mientras aguardaban en la lista de espera, sin llegar a acceder a las prestaciones y servicios previstos en la norma. En la Región de Murcia, la cifra asciende a 9.714 fallecidos. De ellos, 5.118 ni siquiera llegaron a ser valorados, mientras otros 4.596 murieron en el 'limbo' de la dependencia. Es decir, disponían ya de un dictamen como beneficiarios de la ley, pero nunca llegaron a recibir las ayudas o a acceder a los servicios.
La gestión de la dependencia en la Comunidad ha sido especialmente cuestionada en todos los informes de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La Región de Murcia es a día de hoy la tercera autonomía con mayores demoras. En concreto, las personas dependientes tardan en la Región una media de 514 días desde la solicitud hasta la resolución que les da acceso a un servicio o prestación. La media nacional se sitúa en 330 días. En el último año, la demora apenas se ha reducido en 5 días en la Región.
A 30 de noviembre había en la Región 9.900 solicitantes de la dependencia a la espera de acceder al sistema. Murcia es el segundo territorio con mayor porcentaje de dependientes aguardando a recibir las ayudas. En concreto, un 22,5%, frente a un 13,3% en el conjunto de España. Solo Canarias (41%) empeora el porcentaje regional.
Pero la Comunidad no solo presenta mayores retrasos. Los dependientes murcianos también se ven perjudicados por una menor financiación pública. Así, el gasto por población potencialmente dependiente fue en la Región, en 2024, de 1.095 euros, mientas la media nacional se sitúa en 1.377.
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El Gobierno regional ha achacado habitualmente el atasco crónico del sistema de la Dependencia a la infrafinanciación estatal, y ha recordado que asume más del 75% del gasto en la Región. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado repetidamente de la necesidad de mejorar la financiación, y en su nuevo informe destaca el plan de choque puesto en marcha por el Gobierno central en los últimos tres años. De acuerdo a los datos del portal estadístico del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Saad), entre 2020 y 2023, el Gobierno central elevó sus fondos un 97,6%, mientras que la Comunidad lo hizo un 10,3% para una inversión conjunta de 298 millones. Las directoras y gerentes de servicios sociales acusaron a la Comunidad de «hacer caja» con el incremento de fondos estatales. En 2023, la Comunidad recuperó el crecimiento del gasto y dedicó 222 millones al Saad.
A falta de conocer los datos a cierre de 2024, lo cierto es que la falta de liquidez ha provocado retrasos en el pago de las prestaciones de la dependencia, una situación que generó las protestas de los afectados el pasado mes de octubre.
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Sobre el informe de dependencia se pronunció este lunes el diputado regional del PP, Miguel Ángel Miralles, quien defendió que "pese al continuo castigo de Sánchez en materia de financiación, el Gobierno regional realiza un esfuerzo extraordinario y garantiza una atención digna en dependencia". Según Miralles, el Gobierno "aún adeuda a la Región 442 millones que habrían permitido reducir la lista de espera".
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